El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de una batería de medidas que conforman el denominado escudo social que el Gobierno desplegó para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus.

En concreto las medidas prorrogadas (y en algunos casos modificadas y ampliadas) son los ERTE, las prestaciones para autónomos, la ampliación de los contratos que iban a expirar entre el 31 de enero y el mes de mayo y la posibilidad de reestructurar la deuda en los alquileres de viviendas cuyos propietarios sean grandes tenedores o entidades públicas.

El Ejecutivo también ha dado luz verde al Real Decreto de revalorización de las pensiones, cuya subida ya había sido acordada en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Esta subida incluye el conjunto de prestaciones públicas tales como las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, etc. En concreto, se aprueba la subida del 0,9% de las pensiones contributivas y del 1,8% de las pensiones no contributivas. En conjunto, se calcula que esta subida beneficiará a más de 10 millones de pensionistas.

La prórroga de los ERTE es fruto del acuerdo que se logró hace menos de dos semanas en el seno del diálogo social, un acuerdo que enfrentó no pocas dificultades por la exigencia de las patronales de suavizar la denominada cláusula antidespidos, algo que finalmente no se ha hecho.

Los ERTE se prorrogan en condiciones muy similares a las actuales hasta el 31 de mayo; se mantiene la protección de los trabajadores y las exoneraciones a las empresas; se amplían los criterios con el objetivo de poder incluir más sectores afectados, llegando a empresas que cubren a 50.000 trabajadores más.

Se sigue manteniendo el compromiso de mantenimiento del empleo y vuelven a aplicarse los criterios de reparto de dividendos y transparencia fiscal: las empresas que se acojan a un ERTE no podrán repartir dividendos ni tener su domicilio en paraísos fiscales. Además, se flexibilizan los requisitos para que los jóvenes en ERTE puedan adscribirse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Prestaciones para los autónomos

En materia laboral, también se prorrogan las prestaciones para los autónomos, que no varían en su contenido normativo pero sí en sus cifras. La protección a este colectivo se seguirá articulando en torno a cuatro ayudas: la prestación por suspensión de actividad (la cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementa un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa); la prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos (trabajadores cuya facturación en el primer semestre de 2021 caiga el 50%, antes era el 75%, frente al segundo semestre de 2019; prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a las dos ayudas anteriores, y prestación para autónomos de temporada.

Asimismo, se prorroga hasta el 31 de mayo el Plan MECUIDA de derecho de adaptación del horario y reducción de jornada. En materia de vivienda, se amplía hasta el fin del estado de alarma la posibilidad de solicitar la prórroga de seis meses del contrato de arrendamiento para todos aquellos arrendatarios que terminen su contrato, con el fin de evitar subidas abusivas; y se prorroga hasta el fin del estado de alarma las medidas sobre alquileres en caso de que el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. Estos deben realizar sobre los inquilinos vulnerables una quita del 50% del alquiler o reestructuración de la deuda a lo largo de, al menos, 3 años.

Todas estas medidas se prorrogan para que el escudo social se mantenga vigente durante el estado de alarma decretado hasta mayo. El PSOE y Unidas Podemos ya han acordado la prórroga de otras medidas, como las moratorias hipotecarias y de los créditos al consumo, que se aprobarán en próximos Consejos de Ministros. Todas estas medidas expiraban el 31 de enero.