El Gobierno ha aprobado este domingo la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional, para sustentar jurídicamente las medidas que quieran adoptar las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia del coronavirus.

La idea es prorrogar esta declaración durante seis meses, hasta el 9 de mayo, si bien para ello será necesario contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados, ya que el Ejecutivo sólo puede declarar el estado de alarma sin su autorización durante un periodo de 15 días, y para esto reclama un "abrumador" respaldo parlamentario. Ha entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la tarde de este domingo.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa para explicar los detalles del nuevo estado de alarma, y ha dejado claro que el plazo de seis meses de prórroga que aspira a lograr el Gobierno puede verse recortado si mejora la situación de la pandemia. 

Con su entrada en vigor, y con la única excepción del territorio de Canarias, se prohíbe la libre circulación de 23.00 a 6.00 horas, salvo en una serie de casos tasados -trabajar, cuidar a mayores o menores, adquirir medicamentos o regresar al domicilio-. Las comunidades autónomas podrán modular en una horquilla de una hora el inicio o el final de esta prohibición. 

En la misma línea, y cómo ya están haciendo algunos Ejecutivos regionales, estos podrán limitar el derecho de reunión a un número máximo de seis personas -siempre que no sean convivientes-, y también limitar la entrada y salida en un ámbito territorial concreto o en la totalidad de su extensión. Esto es: podrán vetar la movilidad con comunidades limítrofes.

A su vez, Sánchez ha descartado el "confinamiento general" impuesto en la primera ola, y ha reclamado en varias ocasiones que se reduzcan al máximo todos los contactos sociales -"Quedémonos en casa todo lo que sea posible"-, así como que se utilice la aplicación para móviles Radar Covid.

Además, Sánchez ha justificado la adopción de esta herramienta "a petición de 10 Gobiernos autonómicos y de la ciudad autónoma de Melilla", y ha asegurado que los respectivos Ejecutivos regionales serán las autoridades delegadas en la gestión de la pandemia; el órgano de "cooperación y cogobernanza" será el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que se sientan las CCAA y el Ejecutivo, y el presidente ha instado a las comunidades a comparecer ante sus respectivos parlamentos para dar cuenta de la situación de forma periódica, como hará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso, cada 15 días. 

Mejor "restricción de movilidad" que "toque de queda"

En los últimos días, distintos países de la UE y varios gobiernos autonómicos han optado por imponer toques de queda para contener los contagios en reuniones sociales durante las noches -algunas CCAA, sin esperar a la actuación del Ejecutivo-. En su comparecencia, Sánchez ha pedido no denominar a esta limitación de la movilidad "toque de queda". 

El Gobierno considera que estas "restricciones de movilidad" deben contar con la cobertura jurídica del estado de alarma, y por eso ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para dotarlas de este paraguas jurídico. "El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas, y la situación que vivimos es extrema"; "Con el estado de alarma hemos doblegado la curva, mantuvimos a raya al virus", apuntaba.

Es la cuarta vez que un Ejecutivo recurre a esta herramienta, recogida en el artículo 116 de la Constitución, y que permite dar cobertura jurídica a la aplicación de medidas que supongan la restricción de derechos fundamentales.

Y, visto el calvario parlamentario que sufrió el Gobierno para atar los apoyos necesarios durante la primera ola de la pandemia, el ministro de Sanidad lleva días reclamando al PP que se comprometa a respaldar estas prórrogas. En esta ocasión, dado que Ciudadanos y las formaciones vascas y catalanas ya han comprometido su apoyo, se da por hecho que el Gobierno no tendrá problema para sacar adelante nuevas prórrogas.

Hasta el momento, ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ha reclamado al Ejecutivo que declare el estado de alarma, si bien algunas de ellas están entre las más afectadas por la pandemia.

De hecho, Sánchez ha reclamado expresamente al PP que se sume a esta prórroga, y ha revelado que se lo ha transmitido a su líder, Pablo Casado, sin aclarar qué ha respondido el conservador. "La pandemia es una cuestión de Estado", incidía. 

El Gobierno de Sánchez se ha servido de este mecanismo en otras dos ocasiones este mismo año: la última declaración del estado de alarma, circunscrita únicamente a la Comunidad de Madrid, expiró este sábado; la primera, rubricada durante la primera ola de la pandemia, y que afectó a todo el territorio nacional, requirió de varias prórrogas y estuvo en vigor entre marzo y junio.

El PP, que comenzó votando a favor, acabó rechazando estas prórrogas. Por eso, y pese a que al Ejecutivo ahora sí le salen las cuentas, quiere que los conservadores expliciten su apoyo.