La retirada de la llamada cruz de los Caídos de Aguilar de la Frontera (Córdoba), provocó este miércoles un acalorado debate en el Parlamento de Andalucía en el que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), se declaró católica y tachó de "aberración", "humillación", "falta de respeto" y "ultraje" el trato dado por el Ayuntamiento a la cruz una vez apartada de su lugar original, en el que se colocó en 1938 en homenaje –solo y exclusivamente– a los muertos del bando franquista en plena guerra civil. 

Del Pozo está acosada por Vox, que reclama su dimisión, por este asunto, y, tal vez por ello, fue muy contundente en su defensa de los sentimientos católicos y  arremetió con mucha dureza contra la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores (IU), a la que acusó también de utilizar un subterfugio legal –al utilizar la legislación sobre patrimonio histórico en lugar de la relativa a memoria histórica– para retirar la cruz, una reivindicación histórica de las asociaciones memorialistas.

Fue el departamento que dirige Del Pozo el que aprobó la retirada de la cruz –por eso Vox le pide que renuncie al cargo–, después de recibir una solicitud del Ayuntamiento. La cruz estaba adyacente a un bien declarado de interés cultural (BIC) –la iglesia conocida como de las Carmelitas Descalzas, una "joya del barroco"–, que están bajo la tutela de la administración autonómica. Así lo explicó la consejera: "El Ayuntamiento de Aguilar tenía que traer una actuación que afectaba a un BIC, quería quitar la cruz por las afectaciones al BIC y en su lugar colocar un conjunto escultórico. Al no tener la cruz un valor patrimonial intrínseco y por tanto no estar sujeta a un régimen de protección especial, la cruz podría ser retirada, pero también se valoró que el conjunto escultórico propuesto no podía ponerse en ese lugar".

La cruz de Aguilar formó en su origen parte de una estrategia elaborada. Así la describe el historiador Arcángel Bedmar en su trabajo Historia de un compromiso. El nacionalcatolicismo en Lucena y Montilla durante la guerra civil, publicado en la web todoslosnombres.org. "Durante la Guerra Civil y la Dictadura, el franquismo se afanó en la construcción de símbolos externos y visibles de su victoria sobre la España republicana. Los ritos conmemorativos, los símbolos totalitarios y los "lugares de memoria" (nombres de calles, monumentos, cruces de los caídos) cumplieron una función clave en el proceso de socialización política. Paralelamente, la dictadura dedicó un esfuerzo similar a la destrucción de los signos que representaban la España republicana y los valores democráticos y civiles. La persistencia en el tiempo de toda una parafernalia de la "victoria" perpetuó la dolorosa división entre vencedores y vencidos".

La cruz se levantó en el año 1938. "En el mes de abril, se aprueba la construcción de una Cruz en Memoria de los Caídos por España. La Cruz se levantará en el lugar conocido por Llano de las Descalzas, punto céntrico de la población y a la sombra de cuyos muros ha de encontrar ese monumento toda la religiosidad y toda la veneración que su sagrada evocación exige. Los gastos de la mencionada cruz correrán a cargo del presupuesto municipal", según se puede leer en el estudio La guerra civil en Aguilar: vida municipal y hechos de guerra, de Francisco J. Calvo.

Símbolo de unión

En su intervención, Del Pozo se agarró a la publicación en ABC de una foto de la cruz, una vez retirada, junto a unos escombros y abrochó este alegato: "Les confieso, en primer lugar, que el ultraje a la cruz de Aguilar me ha producido una tremenda tristeza y pesar y comparto el dolor y la indignación como católica que soy. Lo que ha hecho la alcaldesa de Aguilar al arrojar a un vertedero es una barbaridad. Lo ha hecho porque ha querido. Nadie le ha dicho que lo hiciera. Es una falta de respeto a muchos ciudadanos, con independencia de su ideología. Para personas católicas como yo y que profesamos la fe católica [supone] una humillación. No era necesario arrojar la cruz a un vertedero. [Eso] no tiene el respaldo de una ley ni de una comisión ni para nadie que tenga un mínimo de sentido común. Habría que recoger la cruz de ese vertedero y colocarla de nuevo en Aguilar", dijo Del Pozo. La consejera no se quedó ahí y remachó: "Los símbolos religiosos no necesitan estar protegidos por una ley ordinaria: el que los pisotea esta pisoteando la Constitución".

"Ha sido una falta de respeto a valores fundamentales de la Constitución Española. [Se ha hecho] de la discordia la acción política [y se está] poniendo por delante de la convivencia los intereses ideológicos. No pretendo dar lecciones a nadie, pero un responsable público empieza a dejar de ser referente cuando le pierde el respeto a los ciudadanos y desgraciadamente, no hemos visto otra cosa en torno a la cruz de Aguilar de la Frontera", afirmó Del Pozo.

La consejera añadió además reflexiones de tenor ecuménico y dijo que la cruz, en su opinión, "forma parte de generaciones de vecinos de Aguilar de la Frontera" y llegó a calificarla como "un símbolo de unión". Tanto la consejera como el diputado del PP, Adolfo Molina, argumentaron, en defensa de su posición, que la cruz había dejado de ser un símbolo político para pasar a ser religioso, porque en la década de los 80 se eliminó la placa en memoria de los franquistas por otra en recuerdo de todos los caídos en la Guerra Civil, que también fue eliminada años después. "Esa cruz es unión y reconciliación, porque su Ayuntamiento en Pleno así lo quiso hace más de cuatro décadas", dijo Del Pozo, ante la estupefacción de la diputada de Adelante Andalucía, Ana Naranjo (IU), obviando por completo el origen franquista de la cruz.

Naranjo replicó a Del Pozo: "La veo muy enfadada, nerviosa con el tema. Se ha excedido en el tono, con faltas de respeto a la alcaldesa, No le pega, no sé si tendrá que ver con la petición de dimisión de la extrema derecha". La diputada de Adelante agregó después que la cruz tiene evidentes "connotaciones políticas". "Usted puede decir que son religiosas. Pero eso es como decir que la cruz del valle de los caídos no tiene connotaciones políticas. Curiosa forma de entender una misma realidad. Tan sencillo es que la propia ley de memoria lo dice alto y claro. Me deja patidifusa. Se trata de una simbología franquista inequívoca. Se hizo para conmemorar la victoria franquista sobre la democracia española", afirmó Naranjo. "Esto tiene que ver con quienes defendemos la democracia o se está con los demócratas o se está con quienes se exaltan los valores totalitarios. Esperaba de usted una comparecencia en un tono muy diferente al que le acabamos de escuchar", apostilló Naranjo.

El diputado del PSOE, Juan Pablo Durán, quien también se declaró católico y practicante, reprochó a la consejera no haber estado a la altura y la acusó de haber "avivado más la polémica de forma innecesaria".

"Tenía que haber asumido [este asunto] con mayor entereza y valentía. Me voy con una gran desazón. Podía haber elegido otra forma. Podría haber utilizado lo que realmente le compete, que es dar cumplimiento a la legalidad. Se ha cumplido expresamente con la ley. Soy católico y practicante y no tengo ese sentimiento [del que habla usted]: llevaría a una situación de confrontación. Estoy decepcionado. No se ha retirado ningún símbolo. Una cruz hecha de cemento, amarillo, una cruz que la comisión de patrimonio le ha emplazado a que la coloque en otro lugar", manifestó Durán.

Luego, el diputado socialista remachó: "Este no es el lugar para criticar a la alcaldesa. Le pido que deje al lado los sentimientos católicos que compartimos y deje la ley de memoria histórica. Cíñase a la ley y deje de aumentar más todavía la crispación. Dejen a los católicos tranquilos: déjennos tranquilos".

La diputada Naranjo afirmó que la polémica a cuenta de la retirada de la cruz está teniendo consecuencias: "En el Ayuntamiento han empezado a recibir correos electrónicos con amenazas. A escultores de Aguilar les han amenazado. Una última reflexión. Esto no es baladí. Seréis responsables de lo que ocurra en este [auge] de valores de xenofobia". 

El parlamentario de Vox, Benito Morillo, reclamó la dimisión de la consejera, al haber sido, a su juicio "cómplice, por acción u omisión" de lo que llamó un "atropello a los sentimientos religiosos". "Ha facilitado un acto vandálico y ha sentado así un peligroso precedente. El Gobierno andaluz tendría que haber "enviado a la Guardia Civil", afirmó el diputado de ultraderecha.