Sánchez cierra el año parlamentario con victorias parciales pero con el reto de reconstruir la mayoría de investidura

Negociar es ceder. Pero para el Gobierno, en la actual legislatura, va más allá de eso. Negociar es ceder y mantener los equilibrios. Ceder con los aliados de izquierdas significa tener que encontrar la forma de justificar esas cesiones ante los aliados de derechas. Y viceversa. Todos ellos son necesarios para que el Gobierno pueda sacar adelante medidas en el Congreso y rara vez están de acuerdo. Especialmente, en temas económicos. 

Ha quedado claro con la negociación de la reforma fiscal. Sumar, Esquerra, EH Bildu, Podemos y BNG han tratado de que el paquete aprobado fuera amplio y fortalecer algunos impuestos. PNV y Junts han remado en la dirección contraria. El Ejecutivo ha capeado el temporal como ha podido, en especial con el impuesto a las energéticas, uno de los culebrones más intrincados de este año y medio de mandato.

Hacienda, primero, acordó con jeltzales y posconvergentes dejar caer el gravamen. Cuando lo supieron las izquierdas, el Ejecutivo recogió cable y pactó prorrogarlo. Si no, Esquerra, EH Bildu, Podemos y BNG se negaban a aprobar ni una sola coma del paquete fiscal. De todos modos, en ese punto se agudizó el conflicto de intereses entre las alas derecha e izquierda de la mayoría de investidura. Ese es quizá el mayor problema que tiene ahora el Gobierno y está muy lejos de resolverse.

Si bien es cierto que este jueves se levantó el veto del Senado al paquete fiscal y eso es un triunfo para el Ejecutivo, también lo es que ha quedado descafeinado por la presión de las derechas y que, para sacarlo adelante, ha adquirido un compromiso ―el impuesto a las energéticas― muy difícil de cumplir con sus aliados de izquierdas. Y no es el único.

Para dar luz verde a la ley de eficiencia judicial, Bolaños ha acordado con Ione Belarra suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional durante un año y mantener las ayudas al transporte durante seis meses.

Desde el Gobierno transmiten un mensaje de satisfacción por las victorias parlamentarias. Al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se le pudo ver muy sonriente en el momento de la votación de la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. "Es la mayor transformación en décadas de la Justicia española", dijo el ministro en declaraciones a los medios. "Estoy muy contento", añadió. 

Una línea de celebración que también siguió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Tiene mucho mérito", dijo ante los medios sobre el paquete fiscal aprobado este jueves. Un acuerdo que se fraguó in extremis hace unas semanas a varias bandas y que se ha dejado por el camino, eso sí, el impuesto a las energéticas. "Lo importante es todo el paquete fiscal, no solo una figura", argumentó Montero. 

Dos perspectivas que no encajan

El Gobierno es plenamente consciente de que el tributo a las empresas energéticas no va a salir adelante. Pese a ello y a que Junts, PNV, PP y Vox lo tumbaran mediante una enmienda este jueves, insisten en su intención de aprobarlo en el Consejo de Ministros de este lunes. "Una ley cambia otra ley", señalan fuentes de Hacienda al ser preguntadas sobre la manera de hacerlo, una vez que el Congreso ha aprobado derogar el actual que debería estar en vigor hasta el 31 de diciembre.

Esa resignación que proyecta el Ejecutivo con respecto al tributo energético ―ahora mismo, la columna vertebral de su relación con Podemos, ERC, EH Bildu y BNG― contrasta con el empeño que ponen las fuerzas soberanistas de izquierdas en que termine aprobándose. Fuentes de los tres partidos deslizan que, en sus negociaciones con el Gobierno, ya contemplaron la posibilidad de que las derechas parlamentarias derribaran el impuesto de la discordia y que el plan sigue adelante. 

Más allá del encaje técnico de la norma, el Ejecutivo de Sánchez pretende hacer ver que cumple sus compromisos. "Lo vamos a seguir intentando", señalan, aunque con la convicción de que Junts y PNV no votarán a favor de un gravamen a las energéticas. "El Gobierno está haciendo lo imposible para que los acuerdos se abran camino", señalan en Moncloa. El siguiente reto, nada menor, es comenzar a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partir de enero y en paralelo desatascar para ello otros asuntos pendientes, especialmente con Junts y ERC.

No obstante, fuerzas como Esquerra Republicana o Podemos ya han avisado de que no negociarán nada más hasta que se vayan cumpliendo los acuerdos ya alcanzados.

Dardos entre los aliados

Pero el quid de la cuestión es que, en términos de fiscalidad, es casi una misión imposible llegar a acuerdos con unos que no enfaden a los otros. Y esa es exactamente la tesitura en la que se encuentra el Gobierno. Con un agravante. De un tiempo a esta parte, esa competencia por arrimar el ascua a su sardina ha empezado a generar discrepancias incluso públicas entre los propios aliados del Gobierno. 

Ahora, las tiranteces ya no se producen de abajo ―en términos numéricos parlamentarios― hacia arriba, sino de forma horizontal entre los socios del Gobierno. Siempre ha ocurrido entre ERC y Junts, pero ahora se ha extendido a otros partidos.

El ejemplo más claro lo han protagonizado Ione Belarra y Aitor Esteban, portavoces de dos grupos enfrentados tanto por el impuesto a las energéticas, como por la agilización de los desahucios por okupación que el PNV ha estado a punto de colar en la ley de eficiencia judicial.

Belarra acusa a públicamente a Esteban de ser un "diputado de Repsol" y de "criminalizar a las familias más humildes". El jeltzale, en su turno, insiste en que la enmienda que ellos defienden "no afecta a la familia que no puede hacer frente al pago del alquiler", sino "a aquel que está okupando una vivienda ajena". Además, acusa a Belarra ha de querer que se convoquen elecciones y de actuar constantemente en base a su "duelo particular con Sumar". Además, ha recordado que su grupo, el PNV, podría elegir buscar mayorías alternativas ―con PP y Vox―, pero que no lo hacen para dar "equilibrio" al Gobierno. 

Por momentos, este miércoles, en los pasillos del Congreso contiguos al hemiciclo ha existido una especie de sensación de todos contra todos.

En los últimos días, incluso entre las izquierdas ha habido discrepancias a la hora de negociar el impuesto a las energéticas. Más que en el fondo, en la forma. Eso es, también, muestra del desgaste que han producido los constantes procesos negociadores a los que obliga una legislatura con una aritmética tan endiablada. Una de las tareas de Sánchez en 2025 será pacificar la mayoría de investidura, una empresa difícil habida cuenta de que el Gobierno arrastra tras de sí promesas de difícil ejecución. Habrá días para pensar.