Destapar secretos oficiales, única vía para investigar al rey emérito tras años de intentos en el Congreso

Jamás en toda la historia de la democracia, se ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la figura de Juan Carlos I en el Congreso de los Diputados. Ello, a pesar de que no hay cuórum en el cuerpo de letrados de la Cámara acerca de si el Congreso puede o no investigar al rey emérito. En cualquier caso, las formaciones que siempre han tenido mayoría en la Mesa, Partido Socialista y Partido Popular, han frenado constantemente los distintos intentos que se han producido.

La única fórmula que ha servido, y de forma muy limitada, para sobrevolar las presuntas irregularidades que rodean a padre de Felipe VI es la que pasa por citar a directores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la conocida como 'comisión de secretos oficiales'. Es la fórmula que, tal y como adelantó Público, ha aplicado ahora el Grupo Plurinacional Sumar con un movimiento de Izquierda Unida (IU) y, más en concreto, de su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago. 

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite una petición de Santiago en la que solicitaba la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para dar explicaciones sobre el posible uso de fondos reservados para encubrir las "relaciones sentimentales" de Juan Carlos I. 

La Mesa del Congreso ha admitido recientemente a trámite la comparecencia de la actual directora del CNI

Antes, en 2018 y 2013, el anterior director de la inteligencia española, Félix Sanz Roldán, ya compareció en la misma comisión sobre cuestiones relacionadas con la figura de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una 'amiga' del rey más conocida como Corinna Larsen. La primera vez que acudió a la comisión el exjefe del CNI fue a petición del grupo de Izquierda Plural (IU, Iniciativa y Chunta Aragonesista). La segunda, a petición propia.

En cualquier caso, al tratarse de declaraciones que se llevan a cabo en el seno de la 'comisión de secretos oficiales', todo lo que se explica en ellas está sujeto, como es evidente, a ese secreto. Cuando distintas formaciones de izquierdas, a lo largo de los años, han intentado promover comisiones de investigación con luz y taquígrafos, la respuesta de la Mesa del Congreso ha sido siempre negativa y la mayoría de las veces contando con el aval ―no vinculante― de la secretaría general de la Cámara.

El argumento que habitualmente han dado los letrados para desaconsejar la creación de una eventual comisión de investigación es la inviolabilidad del rey. "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", reza el artículo 56.3 de la Constitución Española. 

Podrían haber alegado esa razón, o el de la incompetencia del Congreso para investigar la figura del monarca, que es una institución autónoma, explican fuentes parlamentarias. La Mesa del Congreso siempre ha esgrimido uno de los dos argumentos para rechazar las comisiones y ninguna investigación sobre Juan Carlos I ha logrado despegar en la Cámara.

No obstante, tal y como ha podido saber Público, no hay cuórum entre todos los letrados del Congreso en esa postura. Uno de ellos, en concreto, desliza, en conversación con este medio, que "en ningún sitio de la Constitución se especifica que un rey que ya es emérito, es decir, que no está en ejercicio, también goce de esa inviolabilidad". Y continúa: "En ningún país del mundo ocurre". Es un punto de vista opuesto, por lo tanto, al que aporta continuamente la secretaria general del Congreso, que firma que los informes de los letrados y marca la postura oficial del cuerpo.

El CNI, en 'secretos oficiales'

Durante la presente legislatura, Sumar ya ha intentado por medio de diputados como Alberto Ibáñez (Compromís) realizar preguntas al Gobierno sobre los "fondos destinados a acallar la relación de Juan Carlos I con María García García, más conocida como Bárbara Rey", el gran tema del momento en lo que atañe al rey emérito. La respuesta del Congreso ha sido que la comisión en la que, tal y como determina la ley reguladora del CNI, se debe facilitar esa información es la de secretos oficiales y, por lo tanto, rechazó la iniciativa de Ibáñez. 

Precisamente por eso, y con éxito, Enrique Santiago ha maniobrado para vehicularlo a través de la misma. En todo caso, la fuente consultada del cuerpo de letrados del Congreso considera que se trata de una cuestión que perfectamente podría ser tratada en una comisión de investigación, toda vez que se centra en un presunto uso ilícito de dinero público.

Una década chocando contra un muro

La historia de intentos de llevar al Congreso una investigación al rey emérito es kilométrica. En 2018, Unidas Podemos registró las dos primeras solicitudes. Ambas, después de que se conocieran unas conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, en las que la empresaria alemana con la que el rey mantuvo un affaire aseguraba que Juan Carlos I se había llevado una comisión por construcción del AVE a la Meca.

Tras la primera solicitud de la comisión, los morados recibieron, por respuesta, que la figura del rey es "inviolable" (artículo 56.3 de la Constitución) y que esa inviolabilidad se extiende a todo el tiempo en el que se mantuvo como jefatura del Estado. Eso último es una interpretación de los propios letrados, con la que otros discrepan y que no se especifica en la Carta Magna.

A la vista de la respuesta, Unidas Podemos ―con Esquerra Republicana y el Grupo Mixto― volvió a registrar una solicitud, en aquel caso acotando la investigación a los años en los que el rey emérito ya no ejercía como jefe del Estado. Los letrados volvieron a emitir un informe desfavorable, esa vez argumentando que no tiene encaje constitucional que el Congreso investigue la figura del rey. La Mesa tomó una decisión en consecuencia y la solicitud también fue desestimada.

Desde aquel punto, tal y como se explicó en Público, Podemos y los partidos independentistas de la Cámara Baja han solicitado casi una veintena de veces que se abra una comisión de investigación sobre el rey emérito recibiendo siempre la misma respuesta de el órgano rector de la Cámara, con mayoría de socialistas y populares.

Pero la posición de los dos grandes partidos sobre la cuestión ha ido más allá, incluso, de la opinión del cuerpo de letrados. Como también recogió este medio, el 12 de enero de 2022 la secretaría general del Congreso emitió un informe poniendo en valor el artículo 52.2 del Reglamento de la Cámara, que dice que las comisiones de investigación pueden "requerir la presencia" de "cualquier persona para ser oída". Daban, así, su visto bueno para que se diese luz verde a una comisión sobre el uso de las denominadas tarjetas black por parte del rey emérito.

Los informes de los letrados no son vinculantes ni cuando son favorables ni cuando son desfavorables. Sorprende, con todo ―y de ello se han quejado históricamente las fuerzas parlamentarias que solicitan crear las comisiones de investigaciones sobre el que fuera monarca español―, que PP y PSOE hayan hecho caso a la secretaría general cuando ha emitido informes desfavorables y no en el caso de ese único informe favorable.

Así las cosas, a lo largo de los años se ha demostrado que la única vía útil, al menos, por el momento, para indagar acerca de los delitos que pueda haber cometido Juan Carlos I ―o se hayan cometido a su alrededor― es la comparecencia de directores del CNI en la 'comisión de secretos oficiales'. Está por ver, de todas formas, si en futuras ocasiones es posible llegar a promover una investigación más amplia y transparente.