En el pasado periodo de sesiones, el Congreso dio un impulso a la agenda marcada por el Gobierno con la aprobación de normas pioneras en el ámbito estatal y de gran calado, como la ley de eutanasia, la ley Rhodes o la ley contra el cambio climático. Estos avances fueron posibles gracias a las mayorías parlamentarias articuladas por el Ejecutivo de coalición, imponiéndose sobre los vetos y votos en contra de PP y Vox. 

Para el próximo periodo de sesiones que arranca en septiembre, las previsiones en este sentido continuarán la misma senda después de que el Consejo de Ministros acelerara la agenda social el pasado julio con la aprobación de la ley del solo sí es sí, la ley de Memoria Democrática o el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones, iniciativas que comenzarán su tramitación a partir del próximo mes.

Si bien, la travesía parlamentaria de estos proyectos de ley podría verse ralentizada por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, una norma que goza de prioridad ante el resto de iniciativas y que, a diferencia de otros proyectos de ley, debe aprobarse en Pleno (no se puede aplicar la competencia legislativa plena en Comisión).

La tramitación de las cuentas goza de prioridad

El Gobierno dio a finales de julio el pistoletazo de salida para cumplir con uno de sus propósitos legislativos más cercanos: aprobar los Presupuestos para 2022 en tiempo y forma, una práctica que, a su vez, se ha vuelto complicada en los últimos años. De hacerlo, como el Ejecutivo confía y desea, sería la primera vez desde 2016, cuando el proyecto presupuestario recibió el aval de las Cortes en los tiempos establecidos por la Constitución.

La Carta Magna recoge en su artículo 134 que el proyecto de PGE debe presentarse al Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". En este sentido, los partidos que sostienen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ya se han puesto manos a la obra para tener preparado el borrador de las cuentas y poder llevarlo a la Cámara Baja antes de que finalice septiembre.

También en septiembre, previsiblemente, el Congreso tendrá que volver a "apreciar" la suspensión de las normas de disciplina fiscal hasta 2022, una medida extraordinaria recomendada por la Comisión Europea y que está amparada por la Constitución y por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La solicitud se recoge en el marco de la aprobación del límite de gasto no financiero, paso previo a la elaboración de los PGE. En esta línea, el Gobierno ha fijado un nuevo techo de gasto "histórico": 196.142 millones con una previsión de déficit público del 5% del PIB para el próximo año.

La reforma de las pensiones parte del 'no' de los grupos

Gran parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó de forma unilateral en 2013 está cerca de llegar a su fin con el primer paquete de medidas en esta materia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere tener aprobado antes de que termine el año. El acuerdo alcanzado a finales de junio por el Gobierno con los agentes sociales (sindicatos y patronal) contempla, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y la derogación del polémico factor de sostenibilidad (será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional aún por determinar).

Esta primera reforma, que aparca las cuestiones más espinosas (se negociarán el próximo año en un segundo paquete de medidas), no cuenta hasta la fecha con el aval de la mayoría parlamentaria. Durante la exposición del mismo en el Congreso por parte del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, las diferentes fuerzas del arco parlamentario, entre ellas ERC, PNV y EH Bildu, socios habituales del Gobierno, mostraron su rechazo hacia una reforma de pensiones que contiene puntos "inquietantes" y "recortes encubiertos", en relación a la nueva graduación de la penalización por jubilación anticipada y la ampliación del periodo del cálculo de la pensión (de 15 a 25 años).

La ley de Memoria Democrática se queda "corta"

La tramitación de la nueva ley de Memoria, que busca actualizar la ley de Memoria Histórica de 2007 y adaptarla a las sugerencias de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, tampoco será fácil ni abreviada en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría de los grupos, especialmente los socios del Ejecutivo, presentarán previsiblemente decenas de enmiendas al entender que "se queda corta", en la línea de lo sostenido por las entidades memorialistas.

El texto legislativo obliga al Estado a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, crea un Banco Nacional de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos, prevé la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los delitos cometidos durante aquellas décadas y contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio de las víctimas o incitando al odio, como la Fundación Francisco Franco.

Ley del 'solo sí es sí': pone el consentimiento en el centro

La Cámara Baja tramitará también la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí. El texto pone el foco en el consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual. De esto modo, se cumple con el Convenio de Estambul, sobre la máxima de que "solo sí es sí", dejando claro que el silencio o la pasividad no significan consentimiento, o que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima.

La norma elimina el tipo penal de abuso sexual (solo existirá el delito de agresión sexual) y distingue entre los tipos de violencias machistas: agresión sexual, violación, trata con fines de explotación, corrupción de menores, pornografía no consentida, acoso sexual o exhibicionismo, entre otras. Asimismo, recoge la creación de centros de crisis de atención las 24 horas para las víctimas de violencias sexuales (mujeres, niños y niñas), además de otras medidas.

Al margen de la tramitación tanto de estas iniciativas como de otras que están pendientes de un impulso al permanecer estancadas (ley Mordaza, ley de igualdad de trato y no discriminación o el proyecto de ley para mejorar el Ingreso Mínimo Vital), está sobre la mesa la celebración en el mes de octubre de un debate sobre el estado de la nación, una cita parlamentaria que lleva seis años sin acometerse. Si bien, Pedro Sánchez ha comparecido desde el mes de marzo de 2020 hasta junio de 2021 ante el Pleno hasta en diez ocasiones (sesiones de control al Gobierno aparte).