El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no tenía el viento a su favor antes de la comparecencia de este miércoles en el Congreso para explicar el primer paquete de la reforma de las pensiones, acordado con los agentes sociales la semana pasada y aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Tampoco parece que lo tenga después o, al menos, por ahora.

Sus polémicas palabras en las que apuntaba a un recorte en las pensiones a la generación del baby boom, los nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970, en el marco del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional contemplado en el acuerdo no gustaron ni a Unidas Podemos, socio de la coalición de Gobierno, ni a los grupos de los que depende el Ejecutivo en el Parlamento para sacar adelante esta iniciativa ante el previsible rechazo del PP (la tilda de "tráiler edulcorado de los recortes que están por venir"). Primero, por los esfuerzos económicos que supone para esta generación y, segundo, porque aún no se ha determinado cómo se aplicará esta fórmula que, en cualquier caso, se pondrá en marcha a partir de 2027.

Pese a rectificar estas declaraciones, el ministro ha querido restar importancia al asunto, reconociendo este miércoles que él mismo creó un "ruido innecesario". Si bien, ha invitado a reflexionar sobre este nuevo mecanismo, que sustituye al factor de sostenibilidad "mal diseñado" de la reforma del PP de 2013, ante la "disyuntiva" que se abre para hacer frente al incremento del gasto en pensiones hasta 2050.

Más allá de esta cuestión, criticada de forma unánime por los portavoces de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, y a pesar de amplio aval a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC (una de las medidas estrella del acuerdo), las diferentes fuerzas del arco parlamentario, entre ellas ERC, PNV y EH Bildu, socios habituales del Gobierno, han mostrado su rechazo a una reforma de pensiones que contiene puntos "inquietantes" y "recortes encubiertos".

Penalización por jubilación anticipada

El diputado de ERC Jordi Salvador lo ha dejado claro desde un primer momento: "Si se presenta el proyecto de ley tal como está, vamos a votar que no". El portavoz republicano en la comisión parlamentaria ha afeado que el ministro hable de la sostenibilidad de las pensiones para "justificar los recortes". Ejemplo de ello es la nueva graduación de la penalización por jubilación anticipada (se endurece para las pensiones máximas). Asimismo, ha reprochado que, por mucho que se desgranen y desplacen gastos impropios, no se ponga sobre la mesa reponer los 103.000 millones de euros que el Tribunal de Cuentas estimó que se debería de abonar por el "saqueo" de la caja de la Seguridad Social.

El PNV ha elevado la presión que ha venido haciendo en las últimas semanas para que Escrivá recupere la conversación con el Gobierno vasco. "Si no se aclaran estas cosas antes del Presupuesto [las cuentas públicas del próximo año] puede que el Gobierno tenga problemas". El diputado jeltzale Íñigo Barandiaran ha criticado que, "a pesar de pasar por socios, nos tenemos que enterar por la prensa de los acuerdos con los agentes sociales".

En esta línea, ha instado al ministro a que retome el diálogo con los grupos del Congreso, un reclamo al que también se ha sumado, entre otras formaciones, la diputada de Cs María Muñoz. "El diálogo social es muy importante, pero no puede servir de coartada para eludir el Parlamento, ya que la labor de representación nos corresponde a las Cortes Generales", ha añadido la portavoz naranja.

Ampliación del periodo del cálculo de la pensión

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha aclarado que su partido "no aceptará ninguna medida que suponga recortes", como la ampliación del periodo del cálculo de la pensión (de 15 a 25 años), una premisa recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo avaladas el pasado mes de noviembre por 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones (Vox, ERC y EH Bildu). Además de que se endurezcan los requisitos para la jubilación anticipada, Matute ha criticado que la reforma "impulse los planes privados de pensión", dejando en cuarentena el polémico mecanismo de equidad intergeneracional. "Está por ver cómo se aplicará", ha señalado. 

El PDeCAT, socio eventual del Gobierno, ha pedido una solución global para la reforma de las pensiones, que finalmente se hará en dos partes, y no poner "parches" temporales. Asimismo, su diputado Genís Boadella ha recordado que el titular de Seguridad Social no ha cumplido con el Pacto de Toledo, que contemplaba un estudio en un margen de tres meses sobre las largas carreras de cotización. "Tenemos a una serie de gente perjudicada porque se le aplicaron unos coeficientes que podrían haber sido injustos".

Por su parte, Unidas Podemos ha señalado que el acuerdo "está bien, pero no es suficiente", ya que se han dejado para un segundo paquete de medidas los puntos más espinosos. "Hemos aplazado cuestiones vitales a la suerte del próximo acuerdo: a qué edad nos vamos a jubilar, cuántos años tengo que tener cotizados y qué pensión me va a quedar", ha apuntado la portavoz morada Aina Vidal. Sobre el futuro factor de equidad, la diputada de En Comú Podem ha advertido a Escrivá de que "no admitirán recortes ni fórmulas raras". "Extraña forma de explicar un acuerdo el centrarse en algo que no forma parte de él", ha abundado.