Pacto de ToledoEl Congreso se volcará en septiembre en una reforma "urgente" de las pensiones de cara a los Presupuestos

Septiembre es el objetivo que se ha marcado la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la reforma de las pensiones pendiente. La urgencia de la reforma está presente desde el principio de la legislatura, pero se ha reforzado después de que el Tribunal de Cuentas publicase su informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social.

El organismo, a 31 de diciembre de 2018, constata que existe un problema estructural de sostenibilidad financiera en el sistema de Seguridad Social y alerta de que, de no llevarse a cabo una reforma urgente, la viabilidad de las pensiones estaría en un peligro serio.

Ni las prisas por sacar adelante la reforma ni el problema de financiación de la Seguridad Social son nuevos para el Pacto de Toledo, cuyos diputados son conscientes de la necesidad de atajar el déficit estructural del sistema.

De hecho, en el transcurso de las negociaciones en el seno de la comisión hace dos legislaturas (cuando estuvo a punto de aprobarse la reforma), se planteó suprimir los préstamos del Tesoro Público a la Seguridad Social para cubrir necesidades contingentes (como el abono de las pagas extraordinarias, en las ocasiones en las que el sistema no ha podido hacer frente al gasto).

La legislatura había arrancado con optimismo y con el convencimiento por parte de los diputados de la comisión de que antes del verano se podría avanzar mucho en las recomendaciones que servirán de base para el nuevo sistema de pensiones. Los parlamentarios no partían de cero, sino que comenzaron a trabajar sobre las propuestas que dos legislaturas atrás habían estado a punto de suscitar un amplio consenso, unas propuestas que incluso cuentan con el visto bueno del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Sin embargo, como el resto de la actividad legislativa, los trabajos del Pacto de Toledo fueron interrumpidos por la pandemia de la covid-19, y las previsiones y el calendario de reformas planteado hasta el mes de marzo dejaron de tener validez. Tras la recuperación progresiva de la actividad parlamentaria, la comisión se centró en celebrar reuniones de su Mesa y portavoces para determinar si el coronavirus obligaba a modificar alguna de las recomendaciones.

El objetivo era el de analizar si las propuestas elaboradas hace dos legislaturas se adecuaban al nuevo escenario, marcado por el impacto económico y social de la covid. Tras los primeros encuentros, los portavoces y la Mesa, encabezada por su presidenta, la exministra socialista Magdalena Valerio, apostaron en su mayoría por continuar trabajando sobre las recomendaciones establecidas antes de la irrupción de la pandemia.

Los partidos fijarán sus posiciones en agosto

A las reuniones también acudieron representantes del Ministerio de Seguridad Social, que ofrecieron datos y se mostraron de acuerdo con que la comisión siguiera trabajando sobre estas propuestas. Una vez resuelto el asunto relacionado con el coronavirus, el Pacto de Toledo se ha propuesto el objetivo de cerrar un acuerdo en septiembre, dejando agosto para que los partidos marquen sus posicionamientos respecto a las recomendaciones, según adelantó Europa Press.

Aunque el acuerdo está bastante avanzado en muchas de las propuestas, otras no tienen el respaldo de todos los grupos, por lo que en septiembre deberán llegar a acuerdos en aquellos aspectos que no suscitan tanto consenso. En septiembre también está previsto que comparezcan el ministro de Seguridad Social, el gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF.

Entre los puntos esenciales de la reforma está el asunto de la revalorización de las pensiones. Que el principal índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el coste de la vida parece haberse convertido en uno de los consensos de partida del Pacto. En las dos últimas actualizaciones este ha sido el índice que se ha seguido como referencia, pero la fórmula todavía no está blindada por ley.

Otro de los puntos tiene que ver con la edad de jubilación. El Pacto de Toledo parece que no abordará, al menos de momento, la edad legal de jubilación, que se sitúa en la actualidad en los 67 años. En cambio, sí que trabajarán los consensos en cuanto a la edad efectiva de jubilación.

Esta es una reforma que el propio ministro de Seguridad Social ha fijado como uno de los objetivos del Gobierno. En la última comparecencia de Escrivá ante el Pacto, Escrivá anunció que el Gobierno quiere desincentivar la jubilación anticipada a la vez que se incentiva la prórroga de la vida laboral. "Hay que ofrecer esquemas bien diseñados que generen incentivos. Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", explicó entonces el ministro.

Las claves de la reforma pasan por la revalorización de las pensiones, el cálculo de la cuantía y la diferencia entre la edad legal y la efectiva de jubilación

También se deberá abordar la posible derogación del denominado factor de sostenibilidad, que ha sido desde el principio uno de los puntos de fricción entre los partidos de la izquierda y los de la derecha, especialmente el PP. Desde formaciones como Unidas Podemos rechazan frontalmente esta herramienta, introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y diseñada bajo el pretexto de contener el gasto en pensiones.

El factor de sostenibilidad afecta directamente al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados y ajusta la cuantía a la esperanza de vida de ese momento. Su primera aplicación se debería haber producido por ley a principios de 2019, pero el Gobierno de Sánchez retrasó su entrada en vigor hasta el 2023.

Para el Gobierno, el factor de sostenibilidad es una herramienta que tiene "poco efecto" sobre el nivel de gasto en pensiones, "apenas medio punto del PIB a largo plazo". "Quisimos innovar con algo que no se habrían calibrado bien sus consecuencias", afirmó Escrivá en su última comparecencia.

El cálculo de la cuantía de las pensiones es, probablemente, el otro gran punto de fricción en el Pacto. En el actual borrador (el de la XII Legislatura) se recoge "la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y que implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones".

Aunque se propone la ampliación del cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, también se establece la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables. Sin embargo, algunos grupos defienden que, por regla general, esto supone una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad existente en grandes tramos de la vida laboral.