Los traductores e intérpretes han trabajado a pleno rendimiento durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se saldó con el fracaso del líder popular con 177 votos en contra. Desde el pasado pleno del 18 de septiembre, cuando se implantaron en la Cámara los dispositivos necesarios para que se puedan hablar las lenguas cooficiales en los plenos, la interpretación a tiempo real está accesible para los diputados, pero también para cualquier ciudadano que quiera escucharla a través de los canales de la institución.

En total, el Congreso dispondrá de 12 traductores hasta final de año, cuando termina el actual período de sesiones. Las fuentes de la Dirección de Comunicación del Congreso consultadas especifican que, de esos 12, cinco son traductores de gallego; cuatro lo son de catalán y el valenciano, y tres, de euskera. Público lo ha corroborado.

Se trata de algo así como una bolsa de profesionales, que, en este caso según fuentes de la presidencia de la Cámara, ya habrían colaborado con el Senado o, al menos, en las empresas con las que trabaja la Cámara Alta, y que no trabajan a tiempo completo, sino que son requeridos en función de las necesidades de cada procedimiento. 

Ambas fuentes corroboran que es la Secretaría General la que se ocupa de decidir cuál es esa necesidad. En el pleno del 18 de septiembre se concretó que se habían contratado los servicios de seis intérpretes. Sin embargo, no ha trascendido la cantidad que se ha requerido para cada una de las jornadas del debate de investidura de Feijóo. La Dirección de Comunicación sí confirma a Público que, al menos, siempre se contará con uno de cada lengua. Pero insisten en que lo que marcará el número de profesionales será la naturaleza de cada procedimiento.

Tal y como adelantó EFE y corroboró este medio, la relación laboral que tienen los 12 traductores con la Cámara son denominados contratos menores, en ningún caso superiores a los 15.000 euros por cabeza. Se trata de una parte de la partida que la institución dedicará a la traducción e interpretación de catalán, euskera y castellano, cuyo tope será de 279.849 euros hasta final de año. Esos casi 280.000 euros incluyen, también, los auriculares y los dispositivos de transmisión del audio, además del pago a la empresa que se ha contratado para transcribir al castellano las publicaciones oficiales.

Una vía provisional

Todos estos son números que explican cómo se llevará a cabo la traducción e interpretación hasta que entre en vigor la reforma estructural para aplicar la modificación del Reglamento. Fuentes del sector progresista de la Mesa lo explican así: "Hay dos vías: una, estructural y otra, provisional". Esta última emana de un acuerdo de la Mesa, inspirado por la doctrina Armengol (como los socialistas han apodado la política lingüística de la presidenta de la Cámara), para que el Congreso permita las lenguas desde el minuto uno de su presidencia. Como el Reglamento no se pronuncia en ese sentido, Armengol puede flexibilizar las costumbres lingüísticas de la institución.

La modificación del Reglamento es otra cosa: conlleva una reforma estructural que el Congreso puede completar en un período máximo de seis meses, tal y como contemplaba la propuesta que presentaron Partido Socialista, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

Todavía no se ha concretado en qué consistirá esa reforma final, pero debe asegurar una correcta convivencia de todas las lenguas, tanto en su uso oral —eso ya ocurre ahora—, como en el escrito: los grupos podrán presentar textos parlamentarios en las lenguas cooficiales y la Cámara deberá llevar a cabo las traducciones. Hasta ahora, los grupos que lo hagan, deberán aportar, de forma adjunta, una traducción al castellano.

Y en la práctica... ¿qué?

La parte técnica y la legal están claras. Y en el terreno de lo práctico, las cosas cada vez se asientan más y el escenario parece más claro. Los partidos independentistas catalanes, ERC y JxCat, están utilizando, en sus intervenciones, casi siempre el catalán. EH Bildu y PNV, por su parte, usan tanto el euskera como el castellano, y el BNG, solo el gallego. Diputados de Sumar, como Marta Lois, o socialistas, como Marc Lemuà, también combinan las lenguas.

Por su parte, Vox y Partido Popular no lo hacen (con aquella salvedad, ampliamente criticada en el PP, de Borja Sémper) y, por el momento, tampoco utilizan los dispositivos técnicos de traducción para entender a los parlamentarios que utilizan lenguas distintas al castellano. Ambos partidos presentaron enmiendas para paralizar su inclusión.