El Congreso más plural de la historia de la democracia, con mayor presencia, a su vez, de fuerzas republicanas, no ha sido capaz de avanzar todavía en esta materia. En el momento en el que la legislatura ha superado de forma holgada su ecuador, representantes de hasta 12 partidos con escaño en la Cámara Baja han destacado en declaraciones a Público la vigencia del republicanismo, máxime en el contexto actual de guerra y de auge de la extrema derecha.

Dentro de ese amplio espectro ideológico, el PSOE ha sido la única fuerza progresista del arco parlamentario que ha declinado responder a las preguntas de este medio sobre este asunto. En cualquier caso, en su 40 Congreso Federal celebrado en octubre del año pasado, la formación capitaneada por Pedro Sánchez volvió a rechazar la pretensión de Juventudes Socialistas de cambiar el modelo de Estado por una República y celebrar un referéndum al respecto al mismo tiempo que se reafirmó "de forma clara y contundente en los valores republicanos y democráticos que ha defendido a lo largo de toda su historia, a la vez que confirma su lealtad al pacto constitucional de 1978".

La ratificación de estas posiciones ha llevado al PSOE en esta legislatura a situarse del lado de las derechas y la extrema derecha para vetar en la mesa del Congreso o en el propio hemiciclo las diferentes iniciativas planteadas a fin de investigar las actuaciones presuntamente opacas y delictivas de los miembros de la Casa Real, especialmente de Juan Carlos I, así como los intentos de los grupos para avanzar en transparencia y rendición de cuentas de dicha institución.

Detrás de cada escándalo que ha salpicado al rey emérito y, por ende, a la Casa Real, ha habido una solicitud de investigación en la Cámara Baja, pero también una negativa. El bloque de la investidura ha pedido hasta en 17 ocasiones la creación de una comisión parlamentaria para arrojar luz sobre la fortuna que Juan Carlos I fraguó con la venta de armas a países árabes, el presunto uso fraudulento de tarjetas black por parte de miembros de la Familia Real, la donación de casi 90 millones de euros que el padre de Felipe VI recibió del entorno del entonces rey de Arabia Saudí o las posibles comisiones ilegales del AVE a La Meca, entre otras cuestiones.

Todas estas peticiones se han topado con los votos en contra de PSOE, PP y Vox (solo Unidas Podemos ha votado a favor) en la Mesa del Congreso, por lo que no han llegado ni a debatirse en la Junta de portavoces. A este filtro parlamentario tampoco han llegado las varias solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno y algunos de sus ministros, e incluso del actual rey y de su padre para explicar, por ejemplo, las regularizaciones fiscales del emérito o la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi. 

Los vetos a estas solicitudes, justificadas bajo la premisa de que el Parlamento no tiene entre sus funciones la de controlar al jefe del Estado, han llevado a algunas formaciones a utilizar fórmulas encubiertas para poder realizar preguntas en este sentido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, es decir, sin mencionar el nombre de los miembros de la Familia Real en el enunciado. 

La monarquía mantiene sus privilegios

Después del carpetazo de la Fiscalía del Tribunal Supremo a las diligencias relativas a la fortuna del rey emérito, Unidas Podemos y el resto de aliados parlamentarios del PSOE volvieron a reavivar el debate sobre la inviolabilidad del jefe de Estado. Y es que, en el marco del archivo de las tres líneas de investigación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí consideró que algunos hechos podrían ser susceptibles de delito de no ser por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I, además de señalar la prescripción de los mismos.

Por ello, portavoces de Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, ERC, Más País, Compromís y la CUP pusieron el acento en este asunto e instaron a aprovechar la oportunidad que brinda el conocimiento de estos hechos para acometer una reforma en esta dirección y "reforzar la democracia", unas medidas que los socialistas rechazan llevar a cabo porque hay "otras prioridades".

Ya en febrero de 2021, también esta formación votó junto a PP, Vox y Cs contra una proposición no de ley de ERC para eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado y retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la Familia Real. La encargada de fijar postura en aquel debate, Rafi Crespín (actual secretaria general del grupo) dejó claro que, pese a preferir la república, "el socialismo no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas que la mayoría del pueblo desee en cada momento".

Cabe señalar que, a pesar de la fuerte presencia de formaciones republicanas en el Congreso, todavía no existe el consenso necesario para regular la Corona mediante el procedimiento agravado de reforma, el cual implica el apoyo de las dos terceras partes del Congreso y del Senado, disolver las Cortes, convocar elecciones generales, que ambas cámaras refrenden la reforma y convocar un referéndum.

La falta de avances en esta materia coincide también con la paralización de la ley de memoria democrática aprobada el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros. El proyecto legislativo, que persigue la recuperación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas republicanas tras el golpe de Estado perpetrado por Francisco Franco y la dictadura franquista, se ha topado principalmente con el rechazo de ERC.

Esta formación, junto a otras fuerzas progresistas, reclama que se declare ilegal el régimen franquista, que se abra una "puerta real" a la reparación patrimonial de las víctimas y que se modifique la ley de amnistía de 1977 para que se pueda juzgar en España los crímenes perpetrados a partir del golpe de Estado que impuso el fin de la Segunda República.