El Congreso pedirá en primer lugar una aclaración al Tribunal Supremo sobre el alcance de la sentencia que afecta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez antes tomar una decisión sobre su escaño, según han informado a este medio fuentes de presidencia de la Mesa del Congreso. 

El órgano de gobierno de la Cámara Baja, presidido por la socialista Meritxell Batet, se ha reunido este jueves de urgencia para hablar del caso de Alberto Rodríguez, toda vez que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se dirigiera por carta este miércoles a Batet para que le remita el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado.

Y es que, un día antes, el pasado martes, la Mesa, con los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos (suman mayoría), decidió que la sentencia del Tribunal Supremo contra Rodríguez no afectaba a su condición de parlamentario, esto es, que el diputado podría seguir conservando su escaño en el Congreso.

Pese a la condena a un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha tomado esta decisión bajo el paraguas del informe de los letrados, favorable a que Rodríguez mantuviera su escaño, ya que el diputado pagó una sanción de 540 euros en sustitución de la pena de cárcel.

Y es que, el Alto Tribunal, que también le condenó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, acordó sustituir la pena de cárcel por esta multa ya abonada. "No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez", zanja el informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja.

Tanto PP como Vox se posicionaron en contra de esta decisión aprobada por mayoría en la Mesa al entender que al órgano de gobierno solo le corresponde "acatar la sentencia del Supremo, no interpretarla". Asimismo, tras el auto de oficio de Marchena, solicitaron la convocatoria urgente de la Mesa del Congreso para abordar lo que califican de "conflicto de competencias".

Disparidad de interpretaciones

Después de escuchar a la Mesa del Congreso (la reunión se ha prolongado durante dos horas y media), y a las posiciones de los grupos representados, Meritxell Batet ha acordado solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de Rodríguez, "sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena", apuntan a este medio fuentes de Presidencia de la Cámara Baja. 

Lejos de apagar el fuego en el seno de la Mesa del Congreso, a la espera de lo que pueda responder el Supremo, la decisión de Batet (tiene la competencia para dar respuesta al oficio de Marchena) ha evidenciado la brecha abierta en torno al asunto. Esto es, PSOE y Unidas Podemos sostienen que la sentencia no era clara:  "Es una inhabilitación de suspender el sufragio pasivo, es decir, para presentarse a las elecciones, no del escaño, y, si es así, que lo hubiera reflejado en la sentencia", ha sostenido Javier Sánchez Serna, secretario tercero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos.

En esta línea, el secretario primero del órgano de gobierno de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello, ha ahondado: "Estamos a la espera de esa aclaración, una petición que hubiéramos solicitado tanto con Rodríguez como con cualquier otro diputado porque nuestro papel es defender la autonomía parlamentaria. Los jueces juzgan, nosotros ejecutamos las sentencias, pero tienen que ser claras".

"Maniobra de dilación"

Pese al comunicado de Presidencia, el vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lárazo, ha señalado que Batet "estaba a favor" de retirar el escaño al parlamentario morado, por lo que espera que no ceda a "presiones" tras su decisión de pedir una aclaración al Supremo.

Asimismo, la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha asegurado que el oficio remitido por el presidente de la Sala de lo Penal "ya aclara" la sentencia. En esta línea, lo ocurrido este jueves supone una "maniobra más de dilación" sobre la situación del diputado del espacio confederal.