El Congreso debate las alternativas a la Ley Antidesahucios

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE, La Izquierda Plural y BNG al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.  Concretamente, el grupo socialista ha presentado un texto alternativo que prevé la dación en pago, la paralización del desalojo durante tres años y un parqué público de viviendas de alquiler social con activos de las entidades nacionalizadas.

Según la propuesta del PSOE , las familias que pueden acogerse a la suspensión durante tres años del proceso de ejecución de la hipoteca serán las que presenten un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso y que tengan una renta familiar inferior en tres veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). También, según su planteamiento, las familias que hayan perdido su casa podrán renegociar y reestructurar su deuda para liberarla mediante una quita o la dación en pago (con su posterior arrendamiento como alquiler social).

Por su parte, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha pedido en su enmienda a la totalidad la suspensión indefinida de todos los desahucios en España siempre que se cumplan las condiciones de domicilio habitual, insolvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra vivienda.

Además de la moratoria hipotecaria, en la enmienda presentada se recoge que esta paralización incluiría también la suspensión de los intereses derivados de la deuda, hasta la dación en pago o hasta que se incluya un procedimiento de liquidación ordenada de las deudas de la persona afectada. Del mismo modo se propone la creación de un Fondo Social de Viviendas de titularidad estatal y gestión autonómica, integrado por pisos de bancos nacionalizados o con ayudas públicas y de viviendas públicas vacías.

En el caso de la enmienda a la totalidad presentada por el BNG , el grupo defiende la dación en pago como cancelación del total de la deuda hipotecaria en el caso de deudores de buena fe. Esto significará que la pérdida de valor de los inmuebles sea también asumida por la entidad financiera.

Por su parte, el pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó una nueva norma que paralizaba los desahucios durante los dos próximos años y establecía un mandato para crear un "fondo social de viviendas", que podrán ser alquiladas a bajo precio a personas que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca.