El Congreso aprobará previsiblemente este jueves la reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) para "suprimir el requisito de que los españoles residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto". Esta esta modificación busca poner fin a las trabas burocráticas para ejercer el derecho a voto de estos ciudadanos tras la reforma introducida en 2011 a petición de PP y PSOE, y que contó con el apoyo de PNV y CiU.

Más de diez años después, esta "anomalía democrática" superará este jueves el último paso en la Cámara Baja y pasará al Senado para completar su tramitación antes de que termine el actual periodo de sesiones, según apuntan fuentes parlamentarias de la Cámara Alta, con lo que se calcula que ya se aplicará en las próximas elecciones generales.

Desde al menos 2016, el Congreso ha abordado a través de diferentes formas esta cuestión, pero la falta de consenso, primero, y la disolución de la Cortes en 2019, en segundo lugar, han retrasado una reforma muy esperada.

Con los cambios introducidos en 2011, la norma obliga a los electores residentes en el extranjero a solicitar expresamente el voto cumpliendo una serie de plazos muy breves, tanto para la solicitud de la documentación como para la remisión del voto por correo postal o su depósito en urna.

A la reducción de plazos se suma el incremento de los trámites para rogar el voto y las dificultades que plantea el envío del sufragio a España para que llegue a tiempo al recuento de votos. Estos factores han supuesto un enorme descenso de la participación: del 31,88% en 2008 a poco más del 8% en abril de 2019, que se incrementó al 10,61% en la repetición de noviembre de 2019. Un desplome que ha coincidido con el aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), esto es, de menos de un millón y medio en 2008 a más de dos millones de personas censadas en enero de 2021.

En febrero de 2021, los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, registraron esta iniciativa para terminar con el voto rogado. Pese a estar congelada por sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas hasta el pasado mes de abril, la norma recibió hace dos semanas el visto bueno en la Comisión Constitucional con el apoyo de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV, mientras que ERC, Bildu y Junts se abstuvieron.

La reforma implica la modificación de los artículos 75, 103 y 107 de la LOREG de manera que no solo se eliminará el ruego del voto, sino que permitirá que esos electores puedan descargarse las papeletas de Internet, además de adelantar el envío de oficio de la documentación electoral.

Asimismo, se ampliarán los centros para votación en urna, no sólo las embajadas sino todos los consulados y los centros oficiales que se habiliten. Y del mismo modo, se ampliarán los horarios y días de votación. También, se protegerá el envío de los votos emitidos en el extranjero estableciendo que se hagan llegar a España por valija diplomática. Por tanto, se amplía dos días el plazo del escrutinio para que las papeletas lleguen a tiempo.

La reforma no incluye otros aspectos solicitados por los partidos independentistas, como la opción de voto telemático y del voto por delegación al no tener las suficientes garantías, y aparca la rebaja de la edad de voto a 16 años o la revisión de la proporcionalidad del sistema electoral (aspectos que se verán en la subcomisión creada en el Congreso para contemplar una reforma más profunda de la norma orgánica).

Pero sin duda, pone fin a la "yincana de impedimentos" (como definió la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde) que ha impedido a los residentes en el extranjero ejercer en plenas condiciones durante más de diez años uno de los derechos fundamentales más importantes, el derecho a voto.