"Hoy me siento muy tranquila y segura de saber que hay jueces que hacen política; empresarios que hacen de políticos y jueces; y políticos que no saben hacer política. Y todos juegan con nuestra salud y nuestras vidas", aseguraba esta mañana Gemma Casal, activista de Fruita amb Justícia Social. Apenas unas horas después de que la Generalitat decretara el confinamiento domiciliario de 159.000 vecinos de Lleida y otros siete municipios del Segriá, una juez decidía tumbar la decisión, aduciendo que la Generalitat carece de competencias para intentar sustituir el estado de alarma.

Se veía venir. Poco antes de la medianoche, Lleida Radio había dado a conocer los detalles de un informe elaborado por la Fiscalía de la ciudad donde se enumeraban algunos de los argumentos que después hizo suyos la juez. Según el ministerio fiscal, la resolución de Torra era "una copia del Real Decreto del estado de alarma", solo que "agrava todavía más su contenido y consecuencias". Y de acuerdo a su criterio, declarar el estado de alarma es una competencia estatal que, además, ha de aprobarse con el visto bueno del Congreso de los Diputados. En ese mismo documento se sugería que el presidente de la Generalitat puede solicitar la declaración del estado de alarma si lo juzga conveniente al Gobierno español.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha aclarado este lunes que no acepta la decisión judicial de la magistrada y que asumirá las "consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas".

Junto a la preocupación por lo ocurrido, han cundido las críticas y una advertencia muy digna de consideración que sugiere que lo que está ocurriendo en el Segrià es una bomba de relojería que podría estallar en breve en el resto del estado, si no se actúa ahora de una forma eficiente. En la zona hay alrededor de 30.000 jornaleros recolectando fruta dulce. Ellos han sido, de hecho, uno de los colectivos más afectados por la covid-19 debido, esencialmente, a la precariedad que rodea a sus condiciones de vivienda y a las vulnerabilidades en los propios procesos del sector laboral hortofrutícola y de la industria agroganadera.

"¿Han reparado las administraciones en que [esta población itinerante] abastecerán en breve las necesidades de fuerza laboral las próximas campañas de la vendimia, en La Rioja y el Penedés, del cítrico, en Levante, y de la aceituna? ¿Se están articulando los protocolos oportunos? ¿Qué pasará con los rumanos que están en el Segrià? ¿Terminará Lleida exportando también el virus al resto de Europa?", se pregunta Gemma Casal, del colectivo Fruita amb Justícia Social.

La decisión de confinar en casa a parte de la comarca fue adoptada este domingo a sabiendas de que los ánimos en la ciudad se hallaban caldeados. El anuncio realizado por la consellera de Salud, Alba Vergés, desencadenó un aluvión de críticas, a menudo acompañadas del enfado de diferentes colectivos. Fueron los comerciantes y la patronal quienes lideraron casi de inmediato las protestas. Ya habían advertido que si el Govern saltaba de pantalla se declararían en pie de guerra. Alrededor de 300 personas se concentraron al atardecer en la plaza de Ricard Vinyes. Oficialmente, nadie convocaba la protesta, pero se dio por hecho que tras ella se hallaban esas mismas asociaciones locales de comerciantes. A Torra y al alcalde les dijeron de todo menos guapos. Por las redes sociales se distribuían varios vídeos en los que se mostraba a ciudadanos increpando a Miquel Pueyo por las calles de Lleida.

La patronal entiende que un nuevo cierre terminaría de tumbar muchos comercios -y con ellos, sus plantillas- que, en su opinión, a duras penas consiguieron sobreponerse a la cuarentena decretada por Madrid. A última hora de la noche, el presidente de uno de los comerciantes de la Zona Alta aseguraba en declaraciones a Lleida TV que no debían cerrarse los establecimientos hosteleros y de restauración, salvo aquellos donde hay "temporeros inmigrantes e ilegales". El descarnado carácter racista de esas afirmaciones suscitó la indignación de las plataformas de defensa de estos colectivos.

"Es peligroso decir no al confinamiento", aseguraba este domingo Gerard Sala, portavoz de Marea Blanca de Ponet y Pirineus. "Lo que nosotros decimos es que ese confinamiento debe ir acompañado de una serie de medidas sanitarias a las que no han hecho ni mención durante la hora y tres cuartos que han invertido en dar a conocer la resolución de la Generalitat. No se puede responsabilizar a la gente y eso es lo que [la Generalitat] ha hecho".

De la postal que pergeña Sala se colige que el sistema implementado para rastrear, primero, la cadena de contagios y asistir, posteriormente, a las personas infectadas ha frisado el desastre. "Lo que Marea Blanca entiende que lo que se precisa ahora es el refuerzo del personal de Salud Pública y de Epidemiología; más inspecciones en las empresas de riesgo; medidas sociales de apoyo a los colectivos más vulnerables y una reducción en el tiempo que se invierte en los diagnósticos, mediante PCR, y en la comunicación a los afectados". Según Sala, se está tardando alrededor de tres días en obtener los resultados de esos test debido, sobre todo, a un cuello de botella en los laboratorios. "Esto es algo que se debería haber hecho desde el primer momento, hace ya cuatro meses. Y todavía nos encontramos con situaciones como que, no solo no se han reforzado los servicios, sino que no se cubren ni las bajas. Es una irresponsabilidad tremenda".

Tan solo durante el día de ayer, se confirmaron 816 nuevos positivos. Lo que ahora muchos se preguntan es por qué ha sucedido esto en Lleida, y no en el resto del país. Si en algo suele convenirse es en que el sistema implementado ha fracasado por error u omisión. Las dos palabras que más han resonado por las redes son "descontrol total". Y junto a ellas, menudeaban los comentarios que ahondan en el desánimo.

"Los ahorros de la gente han ido desapareciendo a lo largo de estos meses", señala Pere Enciso, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Lleida. "Así que es normal que cunda el desconcierto, junto al malestar y un sentimiento de inseguridad por el futuro". Es verdad que el consumo se ha reducido desde que la pandemia comenzó, pero la gente no puede dejar de pagar el alquiler, la hipoteca o la cuota mensual del coche". La duda que persiste es cuántos envites más podrían arrostrar el común de los mortales si, finalmente, se impone una segunda cuarentena.

¿Podría ser aleccionador lo sucedido en Lleida para el resto del país? Enciso cree que no. "Hay un segmento de la población que cree que lo que ocurre es un vídeojuego. 'Esto no me pasará a mí'. Es un componente cultural de nuestros tiempos, consecuencia de todas esas décadas de infantilización de la sociedad. De manera que hay mucha gente que se sigue tomando todo un poco a broma, por desgracia. Es verdad, sin embargo, que las calles están bastante desiertas. No se ve alegría por la calle".