La Comunidad de Madrid paga la defensa jurídica de tres exdirectivos del Canal de Isabel II investigados por la Audiencia Nacional en el caso Lezo y que se han acogido al seguro de defensa jurídica suscrito por la empresa pública para sus altos cargos.

Los exdirectivos cuyas minutas de abogados son costeadas con dinero público son María Fernanda Richmond, en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros y directora financiera del Canal; Adrián Martín López de las Huertas, ex director general de la sociedad pública y en libertad bajo fianza de 100.000 euros, así como Fernando José de Cevallos Aguaron, ex responsable de recursos humanos.

Richmond, Martín y Cevallos se han acogido a la póliza de defensa jurídica que el Canal de Isabel II tiene suscrito con una aseguradora. Fuentes de dicha empresa pública sostienen que este tipo de pólizas son muy habituales en las empresas "para proteger a sus directivos y administradores por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus cargos".

El seguro no cubre el depósito de fianzas penales y si resultasen declarados culpables en sentencia firme tendrían que abonar los gastos ocasionados a la empresa aseguradora, indican las mismas fuentes.

Correduría firmada por un primo de Aguirre

El servicio de mediación para la contratación de las pólizas de los seguros del Canal II y de todas sus sociedades participadas fue adjudicado por la Comunidad de Madrid a AON Gil y Carvajal por más de 6,2 millones de euros. Esta correduría de seguros fue cofundada por Santiago Gil de Biedma, primo de la expresidente de Madrid Esperanza Aguirre.

La correduría, que ganó la adjudicación en el año 2016, renovó el seguro de defensa jurídica de los altos cargos del Canal de Isabel II con la misma compañía que mantiene este servicio desde el año 1995.

El Canal de Isabel II y sus filiales son señalados como clientes habituales de numerosos despachos de abogados en Latinoamérica, donde estos días se realizan registros en Colombia y Brasil y se investigan supuestas 'mordidas' a políticos y altos cargos en las adjudicaciones públicas.

Los tres ex altos cargos han sido imputados en la pieza primera del caso Lezo, donde se investigan los negocios en Latinoamérica del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en el caso Lezo una supuesta trama de corrupción política, con desvío de dinero a paraísos fiscales y la presunta financiación irregular del Partido Popular. En la cúspide sitúa al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, así como a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica y exconsejero de 'La Razón'.
La causa abarca ya a 60 investigados, a través de seis piezas. En la primera de ellas se abordan los negocios del Canal en Latinoamérica, con 19 imputados entre los que se encuentran Richmon, Martin y Cevallos.

Agujero de 25 millones

El juez Velasco envió a prisión el pasado abril a Richmond y Martín, al tiempo que cifró en 25 millones de dólares el quebranto causado en 2013 a las arcas públicas con la compra de la compañía brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por Inassa, la filial del Canal en Latinoamérica. Dicha malversación se habría producido "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" y con la actuación "en connivencia" de Richmond y Rodríguez Sobrino.

En la causa figura también la adquisición de la propia Inassa en 2001, con un supuesto sobreprecio que se ha llegado a elevar a 50 millones de euros y que se realizó en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente del gobierno autónomo y no en la de Ignacio González.

María Fernanda Richmond y Adrian Martín están imputados de los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. A su vez, Fernando Cevallos deberá declarar el próximo 18 de septiembre en calidad de investigado.

Del entorno del PP

María Fernanda Richmond es esposa de Javier de Andrés, un amigo íntimo de Ignacio González y consejero delegado de Indra.

Adrián Martín López de las Huertas es el exdirectivo que habría ordenado destruir documentos a una empleada de operaciones firmadas por Rodríguez Sobrino.

Además, existen indicios de que manipuló procesos de licitación de un contrato por valor de 11,9 millones de euros en Rivas Vaciamadrid. La investigación apunta a que sería un pago en diferido a la empresa adjudicataria -Grupo Essentium- por su mediación en la compra de Emissao.

Por su parte, Fernando José de Cevallos es marido de Regina Plañiol de Lacalle, ex consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y sustituta de Ignacio González en el cargo.

'Mordidas' en Latinoamérica

La empresa pública Canal de Isabel II depende de la consejería de Presidencia del Gobierno de Madrid y tiene compañías participadas y asociadas en países como Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador y República Dominicana, y presencia en Venezuela, México y Haití.

La investigación apunta a que su filial, Inassa, habría concursado en consorcio con terceras empresas en licitaciones públicas de Panamá, Colombia o República Dominicana, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción apunta al pago de comisiones a funcionarios públicos de dichos países y que aportan "ingentes beneficios fraudulentos a Edmundo Rodríguez".

En una de las grabaciones, reveladas por la Cadena Ser, la directora financiera Maria Fernanda Richmond dice al presidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino:

- Bueno, y Diego, ¿tiene que estar igualmente asustado?

- Bueno, lo que pasa es que él va a su bola, pero el que ha firmado ha sido él, no yo al final. No sé si me explico. Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes, esto… los no sé qué", replica Rodríguez Sobrino en referencia a Diego García Arias, gerente de Inassa en Colombia y quien al parecer habría optado por colaborar con la Justicia y ayuda en los registros, al tiempo que va a ser extraditado a España.

El Canal de Isabel II anunció el pasado 25 de abril que había cesado de sus cargos y funciones a Richmond, Martín y Cevallos, a los que abrió un expediente disciplinario. También cesó a Diego García.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en el caso Lezo ante el perjuicio económico causado a sus arcas, aunque ahora pague los abogados de tres exdirectivos investigados.