No hay acuerdo, al menos con suficiente mayoría, para tomar decisiones operativas. La reunión de este martes de los miembros de la comisión parlamentaria de investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz ha acabado en un rotundo fracaso y con un cúmulo de acusaciones cruzadas entre los diversos grupos parlamentarios.

Ante el evidente bloqueo para concretar un plan de trabajo y, sobre todo, establecer nuevas comparecencias –situación que para Podemos y los nacionalistas se debe “a la triple pinza entre PP, Ciudadanos y la ayuda del PSOE”, según ha declarado Gloria Elizo– tan solo ha habido un acuerdo con mayoría suficiente para ser adoptado: prorrogar los trabajos de la comisión hasta el mes de diciembre (en principio debía finalizar en junio).

Esta decisión, que debe ratificar la Mesa del Congreso, ha contado con la oposición del PP, grupo que pretendía “cerrar esta comisión ya que después de las comparecencias del exministro y de Daniel de Alfonso ha quedado demostrado que no hay responsabilidad alguna”, ha aseverado su portavoz, Carlos Rojas.

Tras la reunión de esta mañana tanto Podemos como ERC y PDeCAT consideran que el PP “quiere matar esta comisión, y lo ha conseguido con el apoyo de Ciudadanos y la ayuda del PSOE”, ha explicado Sergi Miquel, portavoz del partido sucesor de Convergència. Por su parte, Gabriel Rufián, de Esquerra, ha salido del encuentro con muestras de indignación: “Es una vergüenza, no se investiga nada. Han vetado todas las comparecencias”.

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Trevín, ha mostrado su contrariedad por no haber recibido ninguno de los documentos solicitados al Ministerio del Interior. “Hasta el señor Mayoral, de Podemos, ha reconocido que sin documentación no se puede realizar ninguna investigación. Lo que hemos pedido es esperar a que recibamos toda la documentación que hemos pedido todos los grupos para fijar las comparecencias”.

No obstante, Trevín ha lamentado que no se hayan aprobado la comparecencia de ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, actualmente senador territorial del PP. “Es la única comparecencia para la que no hace falta documentación previa,; era quien mandaba cuando funcionaba la policía política; pero Podemos se ha abstenido y el PP ha votado en contra”.

Por el contrario, los representantes socialistas en la comisión se han abstenido, en base al argumento de la falta de documentación, a la hora de votar las comparecencias que solicitaban los grupos de Podemos, ERC y PDeCAT, con el apoyo del PNV: la de los ex comisarios José Manuel Villarejo y Eugenio del Pino, del policía José Ángel Fuentes Gago y del ex ministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. En consecuencia, no ha sido posible el acuerdo al contar con el voto contrario del PP y Ciudadanos.

El PSOE ha sido responsabilizado por Podemos y los nacionalistas catalanes de ayudar al PP a “cerrar la comisión”, según opinión unánime de estos grupos al impedir nuevas comparecencias. Por su parte, Trevín ha negado cualquier pacto con el PP: “Ni hemos pactado con el PP cerrar la comisión, ni hemos pactado con Podemos y ERC convertir la comisión en un circo”, ha dicho a los periodistas.

El presidente de la comisión, el peneuvista Mikel Legarda, ha lamentado este estado de cosas y ha explicado a Público que “a mediados de mayo, a la vista de la documentación que se haya recibido, será el momento de convocar una nueva reunión de la comisión para seguir avanzando en un plan de trabajo y en nuevas comparecencias”.

A partir de ahora será la Mesa de la Cámara baja la instancia que deberá ratificar el único acuerdo adoptado de prorrogar la vigencia de la comisión hasta diciembre. La composición del órgano de dirección del Congreso de los Diputados hace que el voto de Ciudadanos sea decisivo para ratificar esa prórroga, una opción que ha respaldado hoy en la comisión.