El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, llega a España este miércoles con una misión trascendental: forzar la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. Todas las esperanzas por parte del Gobierno, del propio gobierno de los jueces y de las asociaciones judiciales están puestas en este belga que tiene tras de sí importantes episodios negociadores en la política interna de su país. 

Comisario europeo de Justicia desde 2019, Reynders se reunirá durante dos días, hasta la tarde del viernes, con todos los actores relacionados con la crisis abierta por la imposibilidad de renovar el CGPJ al no haber acuerdo entre los principales partidos: la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro García; el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Reynders intervendrá este jueves en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, donde se verá con representantes de distintas asociaciones de jueces y hablará con los principales grupos de la oposición parlamentaria, incluidos PP y Ciudadanos. Y es en esa cita en el Parlamento español en la que ha puesto sus esperanzas de poder ayudar a desencallar las negociaciones entre el partido de Feijóo y el PSOE. 

"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", dijo Reynders hace unos días desde Bruselas preguntado por el objetivo de su viaje a Madrid. El comisario de Justicia considera urgente que se pongan en marcha los nuevos nombramientos y que se acometa "muy rápidamente" una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. 

Sobre esto último, parece que el PSOE no va a presentar demasiada oposición, una vez que se ha abierto a poder negociar que en el futuro la carrera judicial tenga un papel más activo en la elección de los miembros del gobierno de los jueces, según publicó este diario. El PP exige antes de sentarse a negociar la renovación que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar inmediatamente después la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces y juezas los que elijan directamente a los vocales del Consejo. Los socialistas consideran esta exigencia una excusa más del PP para no proceder a la renovación. 

La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace años que el  retraso en la renovación del CGPJ es un motivo de preocupación por la "posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización" y reclama la urgente renovación del gobierno de los jueces con el sistema vigente y que después se modifique el método de elección para evitar futuros bloqueos por falta de acuerdos políticos, como la actual. 

España no es Polonia

Reynders adelantó la semana pasada que las sanciones a España por el bloqueo del gobierno de los jueces no están sobre la mesa, de momento. Para el comisario europeo de Justicia la situación en España "no es en absoluto" equiparable a otros países como Polonia, donde hay mayor preocupación por la salud del Estado de derecho. De hecho, en ese país, gobernado por el partido de extrema derecha Ley y Justicia, Bruselas ha iniciado los procedimientos más severos tras constatar la vulnerabilidad de su sistema democrático. 

Respecto a Hungría, otro país gobernado por la extrema derecha, el Ejecutivo comunitario ha propuesto suspender una parte importante de los fondos europeos, unos 7.500 millones de euros, por el deterioro del Estado de derecho.

La visita de Didier Reynders se produce en un momento de gran tensión, con la amenaza de dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Supremo si no se procede a la renovación del órgano de gobierno de manera inmediata. La dimisión de Lesmes agudizaría aún más la crisis, según comentan fuentes judiciales a este diario; aunque desde otros sectores consideran que podría servir para desbloquear la renovación al llegar a un punto extremo, sin retorno. 

Justamente el jueves se celebra un pleno ordinario en el CGPJ en el que Lesmes podría forzar la elección pendiente de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional, que tiene a cuatro de sus miembros, incluidos el presidente y el vicepresidente, en funciones desde el pasado mes de junio. Ocho de los diez vocales del sector conservador se resisten a llegar a un consenso con el sector progresista para alcanzar el acuerdo. Los ocho fueron nombrados a propuesta del PP.  

Un reto muy difícil

Y es que esa parece ser la estrategia de los conservadores en el conflicto abierto por el Poder Judicial: prolongarla para acrecentar una crisis institucional. El reto de Didier Reynders es forzar un entendimiento que parece imposible, y menos, en dos días.

Algunos miembros de las asociaciones judiciales transmiten a Público su "pesimismo" en relación a la misión del comisario Reynders, aunque indican que su visita será de "ayuda". Otros, más optimistas, creen que esta vez sí será la vencida y que tras su paso por Madrid la renovación será cuestión de días. 

Hay que recordar que existe una lista de 51 candidatos elegidos por la carrera judicial, según el sistema actual de elección de los vocales del CGPJ, de los que el Parlamento debe designar a 20 para la renovación del órgano, pendiente desde diciembre de 2018.

La Fiscalía General del Estado también está en el punto de mira del comisario de Justicia. Tantos en los informes sobre el Estado de la Justicia en la UE como desde el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa se ha transmitido la preocupación por una posible falta de autonomía de la Fiscalía General del Estado al estar nombrado su máximo representante por el Gobierno y coincidir su mandato con la legislatura del Ejecutivo.

En este sentido, Reynders se reunirá con el nuevo fiscal general, Álvaro García, que fue mano derecha de Dolores Delgado y su sucesor a propuesta de ella misma. García acaba de ascender a Delgado, a la que ha nombrado recientemente fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, aunque sin el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal.