No todas las asociaciones policiales participarán en la manifestación convocada por JUPOL y JUCIL contra la derogación de los aspectos más restrictivos de Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'Ley Mordaza'. La Agrupación Reformista de Policías (ARP), una entidad de carácter estatal nacida hace cinco años, ha alzado su voz para reiterar su rechazo a esa norma.

"Como policías demócratas, estamos del lado de la sociedad civil española en general, que aboga por poner fin a la 'Ley Mordaza' que entró en vigor en el 2015 y que ha luchado por su derogación", afirma en un documento este sindicato policial, minoritario a día de hoy en el cuerpo –en las últimas elecciones al Consejo de la Policía, celebradas en junio de 2019, solo obtuvo 267 votos– y vinculado desde sus orígenes a la promoción de la defensa de los derechos humanos. 

Ante las distintas acciones de protesta organizadas por las asociaciones mayoritarias de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) contra los cambios en la 'Ley de Seguridad Ciudadana', la ARP ha optado por plantear una posición radicalmente distinta, alejándose nuevamente de las grandes organizaciones corporativas que predominan tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil.

A juicio de esta agrupación, la 'Ley Mordaza' fue utilizada por el Gobierno del PP para "imponer unas medidas consideradas por todos los organismos internacionales como antidemocráticas" con el único fin de "desincentivar y reprimir la gran cantidad de protestas y reivindicaciones sociales que se vendrían".

"Utilización partidista"

En cuanto a la manifestación prevista para este sábado en Madrid –convocada por los sectores más radicales de la Policía–, la ARP sostiene que "estos hechos no hacen más que confirmar una perniciosa deriva" hacia la ultraderecha. 

La organización alerta además sobre "otra partidista utilización de todo el colectivo policial para desgastar a un gobierno de un signo político que no agrada a los que están detrás de esta antidemocrática estrategia".

Asimismo, la agrupación advierte que la Ley de Seguridad Ciudadana "ha propiciado un lógico desprestigio y malestar hacia las instituciones policiales por buena parte de la sociedad al verse desposeídos en muchos aspectos del debido servicio público y sustituido por prácticas o procedimientos impropios en un estado democrático".