La multitudinaria manifestación del pasado domingo en la ciudad de Madrid para protestar por la situación de la sanidad pública en la región ha tenido varias lecturas estos días. La última ha sido la del Gobierno, que ha relacionado directamente el colapso del modelo sanitario de Isabel Díaz Ayuso con la "carrera fiscal" en la que la presidenta autonómica está inmersa, a juicio del Ejecutivo, con el resto de comunidades y con el propio Estado.

En el último año, el Gobierno de coalición y la derecha han librado una batalla cultural y legislativa para imponer el modelo fiscal. Mientras el PSOE y Unidas Podemos han abogado por una subida de impuestos para las grandes fortunas y empresas, y una rebaja para las rentas más bajas, el PP ha apostado todas sus cartas a la defensa de una bajada generalizada de los tributos; una apuesta que, a juicio del Ejecutivo, ha salido mal.

Este martes, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, relacionaba de forma directa la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid con las bajadas de impuestos acometidas por la administración de Ayuso en los dos últimos años (con las que el gobierno regional ha renunciado a cientos de millones de euros de recaudación anual).

"España se ha posicionado en contra de esa competencia fiscal a la baja a nivel internacional y entre los territorios de nuestro país. Estamos viendo que la consecuencia de esa carrera fiscal a la baja es el desmantelamiento de los servicios públicos. Madrid es un ejemplo paradigmático de esta consecuencia de aquellas políticas fiscales que no solamente son injustas, sino que son irresponsables", defendió Calviño.

La pugna fiscal entre el Gobierno de coalición y el PP tuvo su primer capítulo en marzo (aunque los conservadores ya habían criticado la puesta en marcha de tributos como las tasas Google y Tobin, aprobadas en 2021). En ese momento, el PSOE y Unidas Podemos negociaban las medidas que incluiría el denominado Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania, una batería de reformas que Pedro Sánchez también quiso consensuar con las comunidades autónomas.

El PP pidió al presidente una bajada generalizada de impuestos para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania, y se aferró a un compromiso genérico adoptado en la Conferencia de Presidentes para acometer "rebajas fiscales". Aunque el debate estuvo varias semanas en el aire (lo que llegó a causar cierta tensión entre el PSOE y Unidas Podemos), el Ejecutivo no acometió esa bajada general, y apostó por la prórroga de rebajas que afectaban, sobre todo, a la factura de la luz con el objetivo de contener los precios que pagaban los consumidores.

El tira y afloja con el impuesto a los ricos

Sin embargo, la batalla llegó a su punto álgido en septiembre, tanto en el ámbito legislativo como discursivo. Las formaciones del Gobierno de coalición llegaron a un acuerdo para crear un impuesto a la banca (que grava los intereses y comisiones netas de las grandes entidades financieras) y un impuesto a las grandes eléctricas (con el objetivo de gravar los beneficios extraordinarios obtenidos a raíz del encarecimiento de la factura de la luz).

El PP saltó como un resorte ante los dos tributos y una de sus comunidades más importantes, Andalucía, decidió seguir la estela de regiones como Madrid y bonificar el impuesto de patrimonio, una medida que tan solo afecta a 17.000 contribuyentes (aquellos que tienen más de 700.000 euros). Antes, la comunidad gobernada por Ayuso había impulsado otras reformas, como poner becas educativas de dinero público a disposición de las familias con rentas superiores a los 100.000 euros para estudiar en centros privados.

La supresión del impuesto de patrimonio andaluz por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla desató una ofensiva fiscal y las comunidades gobernadas por el PP (y algunos territorios socialistas) también anunciaron rebajas. Fue entonces cuando el Gobierno de coalición entró de lleno en la batalla: a nivel discursivo, el Ejecutivo calificó de "regalos fiscales a los ricos" las rebajas de impuestos de los conservadores y advirtió de la incompatibilidad de sostener los servicios públicos con una merma de ingresos.

A nivel legislativo, se aprobó un plan fiscal para los Presupuestos de 2023 que incluye un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas (a partir de 3 millones de euros, que frena de facto las bonificaciones autonómicas de la derecha a los patrimonios más altos); beneficios fiscales a las rentas más bajas en el IRPF (para los trabajadores con rentas comprendidas entre 18.000 y 21.000 euros); y una rebaja del IVA de los productos de higiene femenina del 10% al 4%.

Más de un mes después, y tras el estrepitoso fracaso del modelo de bajada generalizada de impuestos del gobierno exprés de Liz Truss en Reino Unido, para los de Pedro Sánchez el deterioro del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid responde, en parte, a esta cuestión.

"El problema de Ayuso, y también de Feijóo, es que sus recetas están obsoletas y son los únicos que no se han dado cuenta. En Reino Unido estuvieron a punto de quebrar la economía y desplomaron su moneda por anunciar las medidas que Ayuso aplica en Madrid, y Feijóo apoya dando la callada por respuesta", aseguran fuentes de la dirección del PSOE.

Estas mismas fuentes explican que "cuando se bajan los impuestos a los más ricos se deja de ingresar a la caja común, y para equilibrar el presupuesto solo hay una salida, que son los recortes en servicios públicos. La sanidad pública madrileña lo está pagando, con el perjuicio para los ciudadanos, y la educación pública también", informa Miguel Muñoz.

El de la Sanidad madrileña es, a ojos del Gobierno, un ejemplo más de la batalla de los impuestos que libran la izquierda y la derecha, un ejemplo que pone en jaque el modelo defendido por el PP, con Ayuso a la cabeza.