Como ministro, Jorge Fernández Díaz construyó en la cúpula de Interior un círculo de poder compuesto por afiliados o simpatizantes del Opus Dei, o incluso miembros de la Orden Constantiniana de San Jorge, a la que pertenece él mismo a pesar de no estar reconocida por el Vaticano. Más de tres años después del fin de su mandato, la Secretaría de Estado de Seguridad sigue estando controlada por adeptos a la Obra a pesar de que Fernando Grande-Marlaska ha destituido a más de una docena de altos cargos en sus dos años al frente del Ministerio.

Fuentes de Interior conocedoras de la pugna en sus más altos niveles han asegurado a Público que "hay una facción del Opus que controla la Secretaría de Estado de Seguridad, verdadero núcleo de poder del Ministerio, y este sector siempre estuvo dirigido por Diego Pérez de los Cobos, quien sigue dominando la situación desde fuera. No se mueve nada en la Secretaría sin que él lo sepa, porque ha dejado colocados allí  todos sus peones".

El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos fue el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de esa Secretaría con Fernández Díaz. Desde ese puesto, acumuló tanta influencia que el Gobierno de Rajoy le nombró "director técnico" de coordinación de todas las fuerzas de seguridad en Catalunya encargadas de impedir la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Y uno de sus hombres de confianza es el teniente coronel Daniel Baena (alias Tácito en Twitter), quien firmó todos los atestados contra los políticos soberanistas catalanes como director de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya.

Condecorado y recompensado tras el 1-O con la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos "seguía siendo hasta ahora el filtrador, a través de sus hombres de confianza en Interior, de informaciones perjudiciales para el Gobierno y el que maniobraba en favor del PP y de Vox", afirman las fuentes citadas. "Y seguirá controlando la Secretaría de Seguridad incluso después de su destitución, porque los jefes del entramado opusdeísta que instauró Fernández Díaz han dejado allí a sus primeros espadas, y estos siguen obedeciendo a sus padrinos aunque hayan sido apartados de los cargos de mando. Nada ha cambiado, porque se han quedado los lugartenientes".

Entre los numerosos altos cargos de Fernández Díaz simpatizantes del Opus Dei –como Luis Aguilera Ruiz, subsecretario de Interior que ahora está de regreso en la Abogacía del Estado– figuraban el director general de la Policía, Ignacio Cosidó y su homólogo en la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, asimismo caballero de la Orden Constantiniana, así como el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, jefe de la brigada política del comisario José Manuel Villarejo, hoy preso e imputado por organización criminal y cohecho.

Al caer el Gobierno de Mariano Rajoy –a causa de la moción de censura tras la condena en firme contra el PP por corrupción–, todos esos altos cargos ya habían preparado y colocado a sus delfines en la Secretaría de Estado para seguir dominando Interior desde fuera tras sus jubilaciones o destituciones. Una labor que se fue desarrollando durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, quien en sólo un año logró reconstruir las cloacas de Interior con hombres (como Juan Carlos Ortiz Argüelles) fieles a la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también relacionada con Villarejo a través de su marido, Ignacio López del Hierro.

En un audio grabado por el propio Villarejo se escucha al comisario explicarles a Cospedal y a López del Hierro –en una conversación en la planta noble de la sede del PP en la calle Génova– que José Luis Olivera Serrano, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es un "tronco" que les está ayudando a sortear las causa judiciales por la corrupción del Partido Popular.

Olivera también dejó allí a su segundo en ese poderoso centro de coordinación, un comisario que también es el segundo del actual jefe del CITCO, el general de la Guardia Civil Ángel Alonso Miranda, quien acaba de ser ascendido hace unos días a general de división. Igual que sigue allí otro hombre de la máxima confianza del amigo de Villarejo, el inspector-jefe Carlos Checa.

Más aún, como Olivera dirigió la UDEF durante largo tiempo –precisamente cuando esa Unidad de Delitos Económicos y Fiscales se vio involucrada en montajes de las cloacas–, ahora han quedado al frente de esa importante unidad dos de sus adláteres: el inspector-jefe Luna en Blanqueo de Capitales y Miguel Ángel Gómez Díaz en Seguridad Social.

Igualmente, Pérez de los Cobos situó estratégicamente a sus hombres en la Secretaría de Estado, como el ahora dimitido –a sólo unos días de su postergada jubilación– Laurentino Ceña, quien ya era el hombre fuerte de Zoido en la Guardia Civil como jefe del Mando de Operaciones Territoriales, o el teniente coronel Pablo Montero Llácer, quien permanece como asesor del actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, exletrado del Poder Judicial nombrado por Marlaska.

"El ministro y su secretario de Estado proceden del mundo judicial, así que no dominan los entresijos policiales, ni la penetración del Opus Dei en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado", subrayan a este diario fuentes de la Guardia Civil que piden no ser identificadas. "Así que no saben que tanto Pablo Montero como su hermano, el coronel Jorge Montero –jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca–, trabajan en favor del PP".

Según esta otra fuente, uno de los principales simpatizantes del Opus en la Secretaría de Estado es el comandante de la Guardia Civil Fernando Alcázar, sobrino del coronel Ignacio Alcázar.

Otra fuente policial que también habla bajo condición de anonimato subraya: "Tenemos un problema gravísimo, la radicalización hacia la ultraderecha que están sufriendo la Policía Nacional y la Guardia Civil. La manifestación policial que hubo el sábado pidiendo la dimisión del Gobierno lució la misma simbología que Jusapol, y es peligroso que la ultraderecha se esté apropiando de la inmensa mayoría de la opinión interna en la Policía y la Guardia Civil".

Fuentes judiciales también muestran su asombro ante la chapuza de errores, rumores, bulos, corta-pega de digitales ultraderechistas, omisiones y hasta manipulaciones de testimonios en los que se fundamenta el informe de la Guardia Civil sobre la supuesta relación entre la pandemia y la manifestación feminista del 8-M que se envió a la jueza Carmen Rodríguez Medel. Magistrada que se postuló para ser directora general de la Guardia Civil y ahora parece buscar notoriedad ordenando diligencias no urgentes en pleno estado de alarma y amenazando con actuar contra el ministro en caso de que se relacione el cese de Pérez de los Cobos con su falta de información al ministro sobre dicho informe.

"No tiene sentido que formule esa amenaza, porque no emitió un oficio específico prohibiendo al coronel informar a sus superiores, es decir la directora general y el ministro, por lo que los únicos que se debían al secreto de actuación como policía judicial dependiente de la magistrada eran los agentes y/o mandos en concreto que estaban efectuando esa investigación", explican dichas fuentes. Además, todo el escándalo tiene una enorme semejanza con los montajes policiales que organizó en su día el ministro Fernández Díaz contra los adversarios del PP.

"Los que ahora mismo ponen el grito en el cielo por esa supuesta injerencia ejecutiva en temas judiciales ni siquiera abrieron la boca cuando se disolvió irregularmente la comisión judicial que investigaba la corrupción policial del comisario Villarejo, ni cuando Asuntos Internos tomó represalias ilegales contra los investigadores que sí habían sido específicamente encargados y blindados por una providencia judicial... Además, luego se ha demostrado que todo lo que estaban investigando era cierto y gravísimo".