La Justicia ha tardado casi tres años en dar la razón a lo que empezó a publicar este diario en 2015 sobre el tristemente célebre ex comisario José Manuel Villarejo, cuando ningún otro medio de comunicación se había atrevido ni siquiera a mencionar al padrino de Las cloacas de Interior. Pero el retraso del veredicto no se ha debido a la lentitud de la administración judicial, sino al hecho de que es el tiempo que se ha tardado en poder demostrar que todo lo que reveló Público en exclusiva a partir del 16 de enero de 2015 no sólo era veraz sino también cierto.

Tal cual lo constata la sentencia dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia Nº57 de Madrid, magistrada-juez María Jiménez García, que ha resuelto la querella por supuesta violación del derecho al honor presentada en su día por el comisario Villarejo –actualmente en prisión incondicional imputado de diversos delitos, incluido el de organización criminal– contra la periodista de Público Patricia López, cuyas investigaciones acabaron destapando la trama de policía paralela en la cúpula del Ministerio del Interior.

El veredicto de la jueza Jiménez García repasa a lo largo de 16 densos folios –cuyo contenido íntegro se puede leer al final de este artículo– las siete informaciones exclusivas publicadas entre el 16 de enero y el 27 de octubre de 2015, por las que Villarejo se querelló contra la periodista y la empresa editora de Público, y dictamina:

"Del análisis de todo lo expuesto ha de concluirse que tales publicaciones objeto de la demanda resultan amparadas por el derecho a la libertad de información, toda vez que las mismas además de referirse a un persona pública y a noticias con relevancia e interés general, se han demostrado veraces y ciertas, constituyendo en gran parte una información neutral, y habiendo sido corroboradas y contrastadas, sin que en modo alguno supongan un atentado al honor del demandante".

De hecho, en esas informaciones se adelantan ya los hechos que conducirán, casi tres años más tarde, a la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional a detener al comisario Villarejo y decretar su ingreso en prisión incondicional, una vez registrados sus lujosos domicilios y las sedes de sus numerosas empresas, donde se hallaron cientos de documentos, discos duros, cintas de audios y vídeos con los secretos de las mayores empresas y las familias más acaudaladas de España (incluida la familia real) durante las últimas cuatro décadas.

La primera información, que cumplirá tres años dentro de unos pocos días, ya desvelaba las claves del aún no resuelto caso del Pequeño Nicolás y su relación con el comisario Villarejo. En la segunda, Patricia López revelaba las relaciones ilícitas de Villarejo y sus cómplices con la Guinea Ecuatorial del dictador Obiang, precisamente una de las causas principales por las que fue encarcelado junto a su compinche y también comisario Carlos Salamanca.

En la tercera información objeto de la demanda, la periodista sacaba a la luz las actividades empresariales de Villarejo incompatibles con su calidad de alto funcionario policial, que años después han hecho que el juez le impute ahora delitos de blanqueo de capitales y de cohecho.

Los dos siguientes artículos (Interior aparta al comisario Villarejo y lo envía a Recursos Humanos e Interior destituye a cuatro mandos policiales que investigaban a Villarejo) daban otras dos primicias: la guerra interna en la cúpula policial que estalló a raíz de las operaciones ilícitas del comisario de la brigada política de Interior, y su participación en las amenazas y agresiones contra la doctora Elisa Pinto, caso que hasta ahora no ha sido resulto por la Justicia y sigue siendo investigado.

Finalmente, los dos últimos artículos de Patricia López cuya veracidad y exactitud han quedado probadas ahora judicialmente revelaron por vez primera la conspiración organizada por Villarejo contra políticos catalanes con la ayuda del empresario Javier de la Rosa, y los montajes policiales para destruir a la familia Pujol. Hechos que han sido conocidos como Operación Cataluña y que un año después quedaron constatados con la difusión por Público de las grabaciones secretas del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Después, fueron dictaminados como probados por sendas comisiones parlamentarias de investigación creadas a raíz de esas exclusivas en el Congreso de los Diputados y en el Parlament de Catalunya.

Al final, la razón de una labor periodística valiente, rigurosa y tenaz ha acabado por tener razón y la Justicia lo ha certificado.