¿Tenía José Manuel Villarejo concedida legalmente la compatibilidad para desarrollar otras actividades al margen de la Policía? Los tres ex últimos directores adjuntos operativos (DAO) del Cuerpo, Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino han afirmado ante el juez Manuel García Castellón –instructor de la 'causa Tándem' contra los comisarios Villarejo, Carlos Salamanca, Enrique García Castaño y el propio Pino–, que desconocen ese hecho, pero se amparan en que todos los ministros del Interior de la democracia y los correspondientes directores generales conocían su situación y se la permitieron. 

Si hubiera ido a declarar el cuarto número dos de la Policía que falta en esa lista, el fallecido Miguel Ángel Fernández Chico, su respuesta habría sido posiblemente la misma, ya que también su hija, como los vástagos de otros altos mandos policiales, es empleada de emporio empresarial que Villarejo creó en torno a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), con sede en la madrileña Torre Picasso.   

La andadura empresarial del comisario comenzó el 13 de agosto de 1983 y duró hasta el 29 de junio de 1993, según la vida laboral aportada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dirige el comisario Francisco Migueláñez. Sin embargo, como ahora expone la acusación popular de Unidas Podemos al juzgado, no eran ni Interior ni la propia Policía quienes tenían que concederle este permiso de excedencia (al igual que la compatibilidad para sus actividades empresariales a su vuelta a la Policía), sino el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como ocurriría con cualquier otro funcionario. 

Función Pública echó abajo la coartada de la compatibilidad

Por este motivo, la acusación popular pide que sea el Registro Central de Personal, dependiente de dicho ministerio y donde se guarda la información de todos los funcionarios de España, quien certifique si es cierto que Villarejo solicitó oficialmente la excedencia durante esa década o si su 'permiso' fue un apaño más del que no se guarda "documentación, protocolo o procedimiento que autorizara la 'libertad de movimientos y operaciones' del Sr. Villarejo", como expone Unidas Podemos que explicaron Linares, Díaz Pintado y Pino al ser interrogados el pasado mes. 

En marzo de 2015, tras haber destapado que el pequeño Nicolás se hacía pasar por empleado del comisario Villarejo o que este era investigado en una operación de blanqueo de capitales relacionada con la familia Obiang -como se ha demostrado ahora en la 'causa Tándem' de la Audiencia Nacional-, Público trasladó una pregunta al entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristobal Montoro: si el funcionario de Policía José Manuel Villarejo había solicitado alguna vez la compatibilidad para sus actividades empresariales y puestos de dirección y en los consejos de administración, como recogen las leyes orgánicas que regulan la incompatibilidad: la 53/84, sobre el personal de las Administraciones Públicas, y la 2/86, sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La respuesta fue un tajante "no".  

A la par, el diario El País desvelaba el entramado empresarial del comisario Villarejo, que cruzaba el Atlántico desde Uruguay a la malagueña localidad de Estepona. El entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió a la Policía un informe sobre estos hechos que fue elaborado por el jefe de gabinete de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago –quien continúa en activo dentro de la Policía–. Dicho informe concluía, sorprendentemente, que aunque Villarejo no tenía la compatibilidad concedida, todas sus actividades eran legales. Y así lo afirmó el ministro en sede parlamentaria. 

El misterio de los destinos de Villarejo de los 70 a los 80

Otro de los puntos que pone ahora de relieve Podemos, la única acusación popular presente en la 'causa Tándem' contra la corrupción policial –que ya va por unas 25 piezas separadas–, es que el comisario Migueláñez de Asuntos Internos no relata en ningún informe qué hizo el comisario Villarejo desde el 26 de abril de 1973, cuando entra en la Policía, hasta que pide su supuesta excedencia, diez años después.   

Por contra, su actividad entre 1993 y 2011 sí está relatada con todo lujo de detalles. Tanto la fiscalía como Asuntos Internos reiteran en sus escritos que a Villarejo le asignan "a la Comisaría General de información en el año 1993", hasta que Margarita Robles como secretaria de Estado le intenta echar y es enviado "a la Jefatura Superior de Madrid el 18-01-1995".

De allí es trasladado "a la Comisaría General de Policía Judicial el 31-05-1996", donde se encuentra con su "tronco" José Luis Olivera, que entonces era jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y ahora director de Seguridad de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol. Años después, al PSOE no le convence lo que se está gestando allí y Villarejo es enviado a "la Jefatura Superior de Aragón el 20-12-2010", hasta que consigue regresar en "comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa el 13-01-2011", junto a Fernández Chico y Eugenio Pino. 

Así, lo que hizo Villarejo en sus primeros diez años de vida policial sigue siendo un misterio: no hay ni una línea escrita por Asuntos Internos. Por eso Unidas Podemos solicita también a la Audiencia Nacional que reclame a la Unidad de Gestión de Personal Policial para rellenar ese vacío histórico de 1973 a 1983, con el mismo detalle que consta para los destinos de los últimos años de servicio del comisario.