El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha despejado este martes una pantalla clave para resolver el rompecabezas judicial sobre el futuro del expresident Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde el 2017. El organismo, con sede en Luxemburgo, ha dado respuesta a les cuestiones prejudiciales planteadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena –el instructor de la causa contra el Procés– a raíz de la negativa de la justicia belga a extraditar a Lluís Puig, conseller de Cultura del Govern durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

A grandes rasgos, el TJUE ha delimitado el terreno de juego sobre las euroórdenes que puede emitir Llarena contra los exiliados independentistas y el margen que tienen los estados miembros de la UE para rechazarlas. La sentencia está llena de matices y en parte avala las tesis del magistrado del Supremo y abre la puerta a nuevas euroórdenes, pero a la vez da un amplio margen a los independentistas para defenderse, hasta el punto de que para el propio Puigdemont el TJUE ha convertido hoy en "inviables" futuras peticiones de extradición contra ellos.

¿Qué preguntaba Llarena?

En marzo de 2021, Pablo Llarena mandó una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE, dos meses después de que la Justicia belga denegara la extradición de Lluís Puig por malversación, al considerar que el Supremo no era competente para solicitarla y que existía un "riesgo de vulneración de la presunción de inocencia" del acusado. En su petición al Tribunal de Luxemburgo, Llarena exponía sus dudas sobre la interpretación que hicieron los magistrados belgas de la normativa que regula las euroórdenes en el caso de Puig y pedía aclarar hasta que un punto un estado puede cuestionar la competencia de un órgano jurisdiccional, como el Supremo, para emitir una orden de extradición.

También preguntaba hasta qué punto Bélgica podía examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los dirigentes independentistas catalanes exiliado. Y, en el caso que fuera así, también pedía determinar si la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado a la ONU era un elemento bastante sólido para acusar al Estado español de vulnerar derechos fundamentales.

¿En qué aspectos avala las tesis del juez del Supremo?

La respuesta del TJUE da parcialmente y de manera limitada la razón a Llarena y sus tesis, al entender que la justicia belga no podía negarse a la extradición de Lluís Puig sin solicitar previamente más información al Estado español ni hacer un examen más profundo de la situación. Dicho de otro modo, dictamina que no podía cuestionar la competencia del Supremo para solicitar la euroórden: "Una autoridad judicial no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea en base a un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión marco de la UE, sino exclusivamente del derecho del estado miembro que deba ejecutarlo", expone el texto.

El organismo añade que "la piedra angular" de las euroórdenes son "los principios de confianza y reconocimiento mutuo" entre los estados miembros, pero también que el derecho fundamental a un proceso equitativo tiene "importancia capital". Y, además, como defendía Llarena entiende que "se pueden emitir varias euroórdenes sucesivas contra una persona buscada para obtener su entrega" después que se haya negado una primera petición.

¿En qué supuestos puede denegarse una euroorden?

La resolución del TJUE no puede interpretarse como una victoria de Llarena, básicamente porque también establece en qué supuestos puede denegarse una euroorden y estos van más lejos que la existencia de "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial de un país. De entrada, subraya que las denegaciones deben tener un "carácter excepcional" y limitarse a cuando exista un "riesgo real" de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo a causa de "deficiencias" que afecten a la "tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al cual pertenece el interesado".

O bien si se dan "razones serias y fundamentadas" para creer que la persona reclamada, en su "situación individual" y de acuerdo con la "naturaleza de la infracción" y el "contexto", corre este riesgo de sufrir una vulneración de derechos si es entregada. Abrir la puerta a denegar la extradición a una persona que pertenece a un "grupo objetivamente identificable" sobre el cual no existe la garantía de tutela judicial efectiva ha sido celebrado como un triunfo para las defensas de los dirigentes independentistas, ya que supone una novedad que, por ejemplo, no contemplaba el abogado general de la UE.

El TJUE también apunta que la opinión de organismos como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias –vinculado a la ONU– es un elemento a tener en cuenta para Bélgica –u otro estado– a la hora de decidir si existe un riesgo de vulneración de derechos por parte del demandante.

¿Qué escenario se abre ahora?

A muy corto plazo la duda es si Pablo Llarena preparara una nueva orden de extradición contra Lluís Puig, a quién mantiene procesado por malversación y sedición. De momento, fuentes del Supremo citadas por la ACN han comentado que estudiaran la sentencia del TJUE una vez reciban oficialmente la resolución, que se abordará "con mucha calma". En cualquier caso, no se prevé que llegue una nueva euroorden en los próximos días, escenario que sí se podría dar en un plazo más razonables.

¿Cómo afecta a Puigdemont?

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se centra en el caso de Lluís Puig, pero también tiene un impacto directo en el expresident Carles Puigdemont, así como en los antiguos consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Y es que todo ellos residen en Bélgica y, por lo tanto, sería la justicia de este país la que se tendría que pronunciar sobre hipotéticas –aunque probables– nuevas euroórdenes de Llarena. Con todo, estas no llegarían como pronto hasta dentro de unas semanas.

La razón es que el magistrado del Supremo ya confirmó que no se movería en estos casos hasta que el Tribunal General de la UE (TGUE) se pronuncie sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí como eurodiputados. La previsión es que la sentencia se conozca durante el marzo. En caso de que los tres pierden su protección actual, lo más probable que Llarena emita nuevas órdenes. Después de la aplicación de la reforma del Código Penal, el magistrado tiene procesados a Puigdemont y Comín por los presuntos delitos de malversación y desobediencia, mientras que a Ponsatí solo por este último, que no conlleva penas de cárcel.

¿Cómo ha reaccionado el independentismo?

Entre la satisfacción y el optimismo habitual en la batalla judicial europea. El más contundente ha sido precisamente Carles Puigdemont, para quién la sentencia del TJUE directamente hace "inviables" las euroórdenes de Llarena contra los independentistas exiliados y, por tanto, deja "en vía muerta" las extradiciones. Para el expresident, la clave es que el tribunal permite tumbar las euroórdenes si se constatan vulneraciones en el trato a "grupos objetivamente identificables". "Es lo que somos nosotros, los catalanes que queremos la independencia y consideramos que Catalunya es una nación". Para su abogado, Gonzalo Boye, el texto "cambia el escenario jurídico" y niega la competencia del Supremo para juzgar el caso.

Lluís Puig, el primer afectado por la resolución, la considera "muy buena" y ha remarcado que "estamos mucho más fuertes, para presentarnos de forma más valiente y fuerte ante cualquier petición de extradición". En cualquier caso, ve muy probable que la justicia española presente una nueva petición de extradición contra él –seria la cuarta–, pero cree que la decisión del TJUE les da alas "para seguir la lucha". La secretaría general de ERC, Marta Rovira, ha valorado que "se empieza a reconocer que existe una causa general contra el independentismo, es decir, persecución política". Otros miembros de la defensa en la causa contra el 1-O, como Andreu Van den Eynde o Benet Salellas, han destacado como clave que se acepte denegar euroórdenes cuando afecten a un "grupo identificable" de personas si hay motivos que evidencian la vulneración de derechos.

¿Y el Estado?

A la espera de que el Supremo se pronuncie de manera explícita y actué, para el Gobierno "avala el ordenamiento jurídico español". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, ha apuntado que fruto de esta sentencia "se facilitará que Puigdemont rinda cuentas ante justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad el gobierno de España".