Las claves del caso de los contratos sanitarios de emergencia del Gobierno de Moreno Bonilla que investiga la Justicia

La semana pasada un juez de instrucción de Sevilla, Francisco Javier Santamaría, citó a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en el puesto Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Lo hizo tras admitir a trámite una querella del PSOE andaluz contra ellos.

Lo que se investiga en este caso son las adjudicaciones de emergencia —una modalidad prevista en la ley para situaciones excepcionales que permite eliminar todo requisito para el gasto y designar a dedo las empresas adjudicatarias— efectuados por el SAS durante la pandemia y sus sucesivas prórrogas y adendas, cuando ya había pasado el grueso de la crisis covid.

El PSOE denuncia que esas prolongaciones se efectuaron sin cobertura legal y, por tanto, su uso fue fraudulento y arbitrario. El juez circunscribe, de momento, la investigación a un delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta—, que no conlleva, penas de prisión, sí de inhabilitación. Eso sí, "sin perjuicio" de lo que resulte de las pesquisas que acaban de comenzar.

Para los socialistas, además de un uso "abusivo" de la contratación de emergencia, pudo existir además de un modo indirecto un mal destino de los fondos, porque, argumentan, el uso de esta fórmula encareció, a su juicio, el coste de los servicios. Estiman así "el daño" a las arcas públicas en 24 millones de euros debido a que este procedimiento de emergencia, al otorgarse a dedo, sin competencia, eleva, aseguran los socialistas, el precio de los contratos en torno a un 10%.

La Fiscalía Anticorrupción ha entrado en el caso y de momento, el juez y los fiscales van de la mano. El magistrado ha solicitado al Gobierno andaluz toda la documentación relacionada con estos contratos.

Entre las peticiones que el juzgado hace al Ejecutivo, según se recoge en una providencia de 13 de noviembre, está todo el expediente relacionado con un acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 por el que "se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente".

En su anexo, este acuerdo recoge como una de las partidas que pasan a fiscalizarse mediante el segundo control, "los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud".

El Gobierno andaluz defiende a capa y espada la legalidad de las adjudicaciones: esgrime que los servicios jurídicos de Salud avalaron las prórrogas con dos informes y niegan que los fondos se hayan utilizado para fines diferentes de los previstos. "Esto no es el caso Koldo", proclamó gráficamente la consejera de Hacienda, Carolina España, hace unos días.

La consejera de Salud, Rocío Hernández (PP), no tiene tampoco pensado cesar a la gerente del SAS. "El SAS considera que todas las contrataciones están dentro de la ley. El SAS siente el máximo respeto por la Justicia y colaborará en todo lo necesario con diligencia y transparencia, como ha hecho hasta ahora", sostienen en el Ejecutivo.

El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) consideró hace una semana que este caso es propio de las necesidades electorales del PSOE y confió en que la Justicia acabe por archivarlo: "Este partido político [el PSOE] considera que en este momento la mejor manera de erosionar al Gobierno y erosionarme a mí es judicializar la vida pública y, supuestamente, crear una causa en la que nosotros somos unos corruptos", afirmó. 

La oposición en Andalucía ha elevado este asunto al rango de máximo escándalo. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han pactado el registro en la Cámara autonómica de un debate general sobre la contratación del sistema público sanitario entre 2021 y 2024. "Moreno Bonilla terminará quemándose", afirmó este lunes el diputado del PSOE, Rafael Márquez.

Lo que sigue es el detalle de las claves más relevantes del caso hasta el momento.

242 millones a dedo

El Servicio Andaluz de Salud presupuestó 242 millones con cargo a contratos de emergencia entre 2021 y 2023. Según el Gobierno andaluz el gasto final fue menor: ascendió a 189 millones de euros.

La Ley de Contratos permite en situaciones excepcionales —"a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional"— acudir al sistema de contratación llamado "de emergencia", que elimina todo requisito para el gasto y permite designar a dedo las empresas adjudicatarias.

Durante la pandemia, todas las administraciones recurrieron a este procedimiento. Los decretos publicados por el Gobierno y por la Junta de Andalucía durante los estados de alarma avalaban también el uso de esta fórmula. Andalucía no fue la única CCAA en utilizarla. Se recurrió a esta fórmula por toda la geografía española.

Las prórrogas y la consejería de Hacienda

El SAS fue después prorrogando estos contratos una vez pasado lo más duro. El primer acuerdo —el expediente 110/2021, que es el que está en ahora en cuestión— para utilizar la vía de emergencia para "la contratación de servicios para realización de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas por sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19", lo sacó el director gerente del Servicio Andaluz de Salud el 20 de enero de 2021. En ese momento, estaba en vigor el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de España, que terminó el 9 de mayo de ese mismo año. 

Meses después, en junio de 2021, con la pandemia ya en remisión, la Consejería de Hacienda, el director general de Contratación de la Junta de Andalucía, emite una Instrucción, dirigida a todo aquel con capacidad de contratar en la administración andaluza, en la que dice: "Hoy en día […] ya finalizado el Estado de Alarma, esa excepcionalidad se encuentra atenuada, cuando no diluida". 

Luego añade que "resulta discutible el mantenimiento de una situación de hecho que evidencie el exceso en el recurso a la contratación de emergencia desde el prisma de los principios inspiradores de la contratación pública como son los de publicidad y libre concurrencia, de los que la contratación de emergencia, por concepto, prescinde".

En la instrucción, Hacienda insta a reducir al mínimo la contratación de emergencia: "Incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente a la covid-19 tendrá carácter excepcional y residual, esto es, siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación que pudieran ser de aplicación".

Este aviso es clave para la oposición, porque consideran que nadie en la Junta una vez que Hacienda dejó claro que debía terminarse con los contratos de emergencia, salvo causas justificadas, podía ignorarlo.

Después de esa instrucción, el Servicio Andaluz de Salud prorrogó tres veces el expediente 110/2021. Una el 30 de diciembre de 2021. Otra el 30 de septiembre de 2022, en que "se hace necesario dar continuidad al acuerdo de Emergencia", el expediente 110/2021, pero ya reducido solo, según la Junta, a los "diagnósticos relacionados con procedimientos oncológicos a partir del 1 de octubre de 2022 y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022". Y una tercera vez, el 31 de diciembre de 2022.

La asesoría jurídica de Salud

Las prórrogas están avaladas por dos informes de la asesoría jurídica de la Consejería de Salud, uno de 28 de diciembre de 2021, de tres días antes de la firma de la prórroga, y otro de 10 de agosto de 2022.

El primero de los informes jurídicos sí da cuenta de que la cobertura legal por la pandemia que tuvo el acuerdo original ya no sirve y acude para argumentar que procede la prórroga a que se ha producido un retraso no motivado por la Administración, la gestión de los coletazos del covid se sobreentiende, en la tramitación del nuevo expediente.

Antes de la segunda de las prolongaciones, el SAS pidió un nuevo informe de la asesoría jurídica de la Consejería que, aunque advierte que "la petición de informe se hace en términos muy generales", concluye también en términos generales, que "existen evidentes razones de interés general para la continuación de la prestación objeto de la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria a usuarios del SAS, para satisfacer nuevas necesidades y para dar continuidad a las ya existentes".

Añade además que hacerlo, aplicando ya no la legislación covid, sino la Ley de Contratos, "resulta razonable y proporcionado dado que, en todo caso, debe prevalecer el interés general ante un eventual perjuicio de terceros, sin que con la misma se contravengan los principios básicos y esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia, la igualdad y la no discriminación".

La Intervención 

La Intervención General de la Junta, encargada de controlar la legalidad del gasto público, ha cuestionado, empero, de manera contundente en un informe de julio de este año, incorporado al juzgado, las prórrogas. En él, en el que analiza el cumplimiento de la normativa durante los años 2022 y 2023 de los expedientes de emergencia, se emite una opinión desfavorable al respecto y se recogen diversos incumplimientos y varias salvedades "de especial relevancia".

Así, en el informe, al que ha tenido acceso Público, se puede leer entre las salvedades: "La situación excepcional causada por la pandemia durante las fechas iniciales, que generó una necesidad perentoria e inmediata, en el año 2021, se había convertido en algo más previsible lo que habría de influir necesariamente en la forma en que la legislación de contratos públicos debía aplicarse, por lo que carece de justificación continuar acudiendo a la tramitación de emergencia en los ejercicios 2022 y 2023".

También se afirma que existen "diversas prestaciones (intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y/o terapéuticas), no aportándose justificación de que dichas actuaciones sanitarias estén relacionadas directamente con la covid 19".

"Tampoco se aporta justificación de la imposibilidad por parte del órgano gestor de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores", se añade.

La Intervención da también relevancia a la instrucción de la dirección general de contratación de junio de 2021 y asegura que no están justificadas "motivadamente las razones que impiden acudir a la vía ordinaria (urgencia, negociado sin publicidad y simplificado), ni la relación causa-efecto entre la situación provocada por la crisis sanitaria de la covid 19 y la necesidad surgida, que hacen que sólo pueda ser tramitado por la vía de emergencia".

La Intervención también señala en el apartado titulado seguimiento de las recomendaciones que "la mejora y actualización de la normativa de contratación ha de ser valorada positivamente en la implantación de las recomendaciones, a partir del 17/05/2023".

"Sin embargo —añade— en los controles correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, se ha constatado que se ha continuado con la tramitación de contratos por el procedimiento de emergencia".

Las adendas

La gerente actual, Valle García, fue nombrada en diciembre de 2023  después de la fecha en que estas contrataciones de emergencia finalizaran, según el Gobierno andaluz: "El expediente terminó sus efectos el 17 de mayo de 2023, tras las sucesivas ampliaciones".

El PSOE la ha denunciado junto a sus antecesores porque existen unas adendas —publicadas en el perfil del contratante de la Junta— a los contratos de emergencia, firmadas en enero y julio de 2024. Los socialistas las han aportado al juzgado.

El Gobierno andaluz sostiene que esas adendas "no son contratos de emergencia adicionales", que "en ningún caso autorizan un exceso del valor estimado de los contratistas sino una simple reasignación de importes entre sus hospitales" y que, por tanto, "no es cierto que haya nuevos contratos de emergencia desde mayo de 2023".

Esta es la argumentación completa del Gobierno andaluz al respecto. "Las adendas firmadas en 2024, se refieren a procedimientos oncológicos realizados por los contratistas dentro de dicho plazo de vigencia, es decir, antes del 17 de mayo de 2023. Dichas adendas no suponen, por tanto, ampliación de plazo de vigencia, como erróneamente sostiene el denunciante".

"Las adendas no suponen un aumento del gasto sanitario dentro del acuerdo de emergencia. Dentro del expediente se contrató actividad sanitaria con diversos contratistas", asegura el Gobierno. "Cada uno de esos contratistas ejerció su actividad en uno o en varios centros sanitarios de su propiedad. Y cada centro u hospital tenía una asignación de gasto", agrega la Junta.

"Como en algunos centros se atendió a más pacientes de los previstos inicialmente (y en otros menos), con el consiguiente aumento de facturación en ese centro, se hicieron las adendas a los meros efectos de hacerlo constar en el sistema de control del SAS, para que la información recogida en los sistemas sea fidedigna", sostiene el Gobierno andaluz.

El destino de los fondos

A la espera de saber si la investigación judicial dice otra cosa, el dinero ha ido a parar a grandes grupos sanitarios y a otras empresas más pequeñas en todas las provincias andaluzas.

Según ha publicado elDiario.es, el grueso, hasta el 80%, ha ido a parar a seis grandes compañías privadas sanitarias, entre ellas, Asisa, por la que quiso fichar el exgerente Guzmán, en un caso que generó polémica en su momento y que fue tachado por la oposición de puerta giratoria de libro y que llevó a Moreno Bonilla a cambiar la ley de incompatibilidades.

Sobre el destino de los fondos, el PSOE señaló este lunes lo siguiente: "La Intervención General pone la lupa sobre la ejecución de los contratos", dijo el diputado Rafael Márquez. El parlamentario analiza que esa exigencia se encamina a evaluar si "lo pagado se corresponde con lo ejecutado". "No se han hecho las comprobaciones necesarias de lo contratado", afirmó.