El miércoles por la mañana, cuando faltarán poco más de 24 horas antes de que arranque oficialmente la campaña para las elecciones generales del 23J, la Justicia europea escribirá un nuevo capítulo de la causa que afecta al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, se pronunciará sobre la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts per Catalunya, una decisión que en ningún caso será definitiva, ya que es un organismo de primera instancia y, por tanto, se podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sin embargo, sí puede acotar un poco más el terreno de juego de la larga batalla judicial que el expresidente catalán mantiene con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Resumimos, a grandes rasgos, las claves de la cita del miércoles, un elemento que impactará en el inicio de la campaña electoral y podría contribuir a intensificar la movilización de un independentismo que no pasa precisamente por su mejor momento.

¿Cómo ha evolucionado su inmunidad?

Desde que en otoño del 2017, tras los hechos de octubre de ese año, Puigdemont, Comín, Ponsatí y el exconseller de Cultura -y actual diputado en el Parlament- Lluís Puig se instalaron en Bélgica -al cabo de unos meses, Ponsatí pasaría a hacerlo en Reino Unido-, Llarena ha intentado extraditarlos al Estado español para juzgarlos en la macrocausa del 1-O. Hasta ahora no lo ha logrado y por una u otra razón, no se ha ejecutado ninguna de las tres euroórdenes que ha cursado. La última, emitida en octubre de 2019, quedó suspendida en enero de 2020, una vez Puigdemont, Comín y Ponsatí pudieron tomar posesión de su acta como eurodiputados.

El acceso al Parlamento Europeo, en principio, les garantizaba la inmunidad, pero la situación daría un nuevo giro en marzo del 2021. La razón es que el pleno de la Eurocámara aprobó con el 60% de los votos el suplicatorio que había enviado Llarena para levantarles la protección y que se pudieran tramitar las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. En un primer término esto suponía que perdían la inmunidad y, por tanto, Llarena podía reactivar las peticiones a las justicias belgas y británicas para pedir la extradición de los dirigentes independentistas.

Ahora bien, los tres presentaron un recurso al TJUE, que en mayo de 2021 les devolvió la inmunidad de forma cautelar hasta que no se resolviera el recurso contra el suplicatorio. En la práctica, esto les ha garantizado moverse con libertad por el territorio de la UE, eso sí, sin poder entrar en el Estado si quieren evitar ser detenidos.

La demanda de los dirigentes de Junts se fundamentaba básicamente en tres aspectos. El primero, cuestionar la competencia del Supremo para enviar el suplicatorio, puesto que su defensa opina que no existe una base legal que fije que los eurodiputados tengan que ser juzgados por el alto tribunal. El segundo, denunciar que la Eurocámara no actuó de forma "imparcial" en su caso y "vulneró su derecho a ser escuchados". Directamente pusieron en cuestión el papel del Comité de Asuntos Legales –encargado de aceptar el suplicatorio en primer término–, presidido por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez.

Y el tercero, protestar por la "falta de claridad" sobre "el alcance de la suspensión de la inmunidad". Dicho con otras palabras, concretar qué implica perder la protección parlamentaria, con el argumento de que la tradición en el Parlamento Europeo es que la inmunidad no se suspenda si comporta una detención si no existe una condena contra los eurodiputados, cosa que no existe en su caso.

¿Qué opciones tiene el TGUE?

En principio, el TGUE el miércoles debe decidir si acepta o no el suplicatorio o, dicho con otras palabras, si se hizo o no bien, pero la realidad es que hay una tercera opción. Si valida el suplicatorio de Llarena tumbaría el recurso de los eurodiputados independentistas, por lo que al menos temporalmente perderían la inmunidad. Sin embargo, la decisión se podría recurrir al TJUE y en este supuesto estos solicitarían medidas cautelares para mantener la protección como hasta ahora. Paralelamente, Llarena podría reactivar las euroórdenes, pero la defensa de los eurodiputados no contempla que la justicia belga se abriera a ejecutar unas posibles extradiciones hasta que exista una sentencia definitiva en torno a la inmunidad de los parlamentarios.

Una segunda posibilidad sería un triunfo -al menos parcial- de los dirigentes independentistas, que se produciría si el TGUE les diera la razón y tumbara el suplicatorio, ya sea porque considera que el Supremo no tiene competencias para pedirlo o porque la Eurocámara no actuó con la imparcialidad necesaria al tramitarlo. Esto permitiría a los tres eurodiputados recuperar la plena inmunidad, pero en ningún caso les garantizaría poder moverse con libertad por España, donde presumiblemente serían detenidos si decidieran volver.

Sin embargo, el Supremo podría solicitar un nuevo suplicatorio, en este caso adaptado a la realidad actual, es decir, a los delitos de malversación y desobediencia, en los casos de Puigdemont y Comín. Ahora bien, una resolución de este tipo dotaría de mayor fuerza a los eurodiputados de Junts y, probablemente, el nuevo suplicatorio recibiría menos votos favorables que el anterior.

La tercera opción sería desestimar el recurso por pérdida de objeto de la demanda, lo que implicaría que el TGUE no se mojaría, sino que se limitaría a decir que el anterior suplicatorio ya no es válido porque la situación ha cambiado y ya no se persigue a los eurodiputados por sedición -delito que cayó con la última reforma del Código Penal-. En la práctica vendría a decir que Llarena debería realizar un nuevo suplicatorio adaptado a los delitos por los que están actualmente procesados, pero no cuestionaría si la Eurocámara actuó o no correctamente al tramitarlo o si el Supremo tiene competencias para pedirlo.

Cabe añadir la particularidad de Ponsatí, que tras la reforma del Código Penal ha pasado a estar procesada sólo por desobediencia, un delito que a diferencia de la malversación no comporta penas de cárcel. La exconsellera de Educació, de hecho, ya pisó Barcelona el 28 de marzo y sobre ella pesa una orden de detención simplemente por haberse negado a declarar al Supremo.

¿Qué escenarios de futuro podrían abrirse?

Si el suplicatorio es aceptado, la defensa de Puigdemont y Comín -que lidera Gonzalo Boye- da por hecho que Llarena emitirá nuevas euroórdenes, pero no les prevé demasiado recorrido en los tribunales belgas, dado que el suplicatorio hacía referencia a un delito, el de sedición, que ya no existe. Por tanto, contempla un escenario en el que sea necesario tramitar un nuevo suplicatorio en la Eurocámara adaptado al actual Código Penal y al procesamiento por malversación y desobediencia.

En cualquier caso, si en unos meses se llegara a cursar una nueva petición de extradición, en enero el TJUE delimitó el terreno de juego a raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por Llarena a raíz de la negativa de la justicia belga a enviar a Lluís Puig al Estado español.

A grandes rasgos, el organismo avaló la competencia del Supremo para pedir la euroorden, pero también estableció en qué supuestos puede denegarse. Y esto es cuando se percibe un "riesgo real" de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo debido a "deficiencias" que afecten a la "tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al cual pertenece el interesado". Este punto en concreto fue celebrado hace medio año como un triunfo por parte de las defensas de los dirigentes independentistas, puesto que suponía una novedad que, por ejemplo, no contemplaba al abogado general de la UE.

En cambio, si el TGUE tuviera el suplicatorio, el equipo legal de Puigdemont y Comín prevé reclamar que la inmunidad se aplique también en el Estado español, lo que comportaría retirar la orden de detención nacional que pesa sobre ellos. Y es a partir de esa premisa que parte del entorno del expresident alimenta el rumor de un hipotético -e improbable- retorno inminente. Sin embargo, Llarena no comparte esta tesis y considera que la inmunidad como europarlamentarios no vincularía al Estado español, ya que aquí los dos dirigentes de Junts están procesados por malversación y desobediencia y pendientes de juicio.