Las cinco de la PAHLa ley de la PAH llega al Congreso en plena burbuja del alquiler

El próximo martes llega al pleno del Congreso la ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tras meses de espera en la lista de iniciativas que estuvieron bloqueadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. La propuesta llega en un momento fundamental para las negociaciones entre Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea y el Gobierno. Desde el grupo parlamentario se considera que es el momento para que el PSOE demuestre si realmente quiere hacer un cambio real en las políticas de vivienda.

La Mesa del Congreso, con los votos del PP y Ciudadanos, vetó la ley el pasado marzo. El Ejecutivo se rechazó su trámite porque suponía un sobrecoste presupuestario cercano a los 90.000 millones de euros para los próximos diez años. Pero, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, comenzó a dar luz verde a las iniciativas bloqueadas por los conservadores. El grupo confederal de Unidos Podemos volvió a presentar la ley y, aunque sea meses más tarde de lo esperado, ya llega al pleno del Congreso para ser votada.

Llega, además, en un momento clave para las negociaciones del grupo parlamentario y el Ejecutivo. Las políticas de vivienda y regular la subida de precios del alquiler ha sido una de las prioridades marcadas desde el grupo confederal. De hecho, entre las formaciones, En Comú Podem considera que es una línea roja para avanzar en el acuerdo global que están negociando.

Se prevé que se aprobará la toma en consideración de la ley al contrar con los votos del PSOE, ERC, Compromís, EH Bildu, PNV y PDeCAT

La previsión es que se apruebe la ley: desde el grupo confederal aseguran a Público que cuentan con el compromiso del PSOE así como el de ERC, Compromís y EH Bildu. Los que quedan pendientes son los votos del PNV y PDeCAT, aunque Paco Morote, portavoz de la PAH, ha anunciado que ambas formaciones también se han comprometido en votar a favor de su toma en consideración.

La propuesta la defenderá Lucía Martí, portavoz de En Comú Podem. Desde la formación catalana, inciden que aunque la presenten desde su grupo, la ley es "mérito de la organización ciudadana" con "el objetivo de poner fin a esta década perdida en materia de vivienda que ha ido de burbuja en burbuja: de la burbuja dela compra en 2008 a la del alquiler en 2018”.

Por ello, el tema prioritario ahora es regular el precio de los alquileres y garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a un hogar. "Es nuestra prueba de algodón para saber si están dispuestos a trabajar por la vivienda y ayudar a los ayuntamientos frente a esta burbuja", aseguran fuentes de En Comú Podem.

La PAH volverá el martes al hemiciclo del Congreso.El miércoles pasado volvieron a la Cámara Baja para tener una reunión con Izquierda Unida en la que, tanto los activistas como la diputada Eva García Sempere, pidieron a Sánchez que apruebe la iniciativa: "Presidente, lo tiene fácil. Tiene aquí un proyecto elaborado por la gente que ha sufrido la legislación en vigor", reclamaba Morote.

Ver vídeo

Las cinco de la PAH

En el texto se concretan cinco medidas para poner fin a los desahucios, garantizar una vivienda digna y poner fin a la burbuja del alquiler: 

1. Regular la dación en pago retroactiva, de forma que se establezcan mecanismos de segunda oportunidada para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda. Se establece eliminar las cláusulas abusivas y una compensación económica por las mismas, además de la derogación de la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.

2. Garantizar un alquiler asequible con una reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano que dote de seguridad y estabilidad. Para ello, se establece una ampliación a un mínimo de cinco años en los contratos de alquiler, fórmulas en las cuales el contrato sólo se pueda rescindir en casos de urgencia y un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población. 

3. Acabar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda. La propuesta recoge la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio, así como de ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor y la obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso en casos de ocupación. También se indica la moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda y asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos. 

4. Fomentar las viviendas sociales. El texto recoge la movilización de la vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, incrementar el parque público de vivienda y alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

5. Asegurar los suministros básicos, es decir, la garantía de que no se corten nunca los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes conocer la situación de las afectadas, así como que no se asuman las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.