La muerte sigue volando sobre Yemen. Según datos de la organización de derechos humanos Mwatana, durante 2022 se registraron cientos de crímenes  contra civiles pese a la tregua que, al menos sobre el papel, estuvo vigente entre los meses de abril y octubre. Los asesinatos continuaron al mismo tiempo que España mantenía el lucrativo negocio armamentístico con la dictadura saudí.

Según consta en un informe a cargo de Mwatana –que cuenta con investigadores y colaboradores en distintos puntos del territorio yemení–, a lo largo del año pasado esta organización logró documentar "al menos 1066 incidentes" contra civiles y bienes de carácter civil, "algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra".

El documento subraya que al menos 388 civiles murieron, incluidos 134 niños y 19 mujeres, y no menos de 880 civiles resultaron heridos, incluidos 383 niños y 70 mujeres. "Estos incidentes causaron daños generalizados a la infraestructura vital, incluidos hospitales, escuelas e instalaciones de servicios", apunta el balance anual, que incluye tanto crímenes cometidos por las fuerzas lideradas por Arabia Saudí como aquellos perpetrados por los rebeldes hutíes respaldados por Irán. 

La organización subraya que las tropas lideradas por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos "han llevado a cabo repetidamente ataques ilegales" que provocaron muertos y heridos entre civiles, así como "daños significativos a la infraestructura, incluidas las instalaciones de atención médica y las viviendas".

En 2022, Mwatana documentó 28 ataques aéreos a cargo de la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos en los que murieron "al menos a 110 civiles, incluidos 14 niños y tres mujeres, e hirieron al menos a 175 civiles, incluidos 19 niños y seis mujeres". 

Por su parte, los bombardeos terrestres en zonas pobladas "han provocado daños considerables a bienes de carácter civil y numerosas víctimas civiles". La entidad yemení documentó "53 ataques terrestres que mataron a 43 civiles, incluidos 15 niños y ocho mujeres", e hirieron al menos a otras 150 personas, entre las que se encontraban 79 niños. Los hutíes fueron identificados como responsables de 23 de estos incidentes, mientras que los guardias fronterizos saudíes estuvieron detrás de otros diez.

Lluvia de millones

Estas graves violaciones a los derechos humanos no afectaron al negocio armamentístico entre España y Arabia Saudí. De acuerdo al último informe de la Secretaría de Estado de Comercio, el régimen de Salmán bin Abdulaziz volvió a situarse en el primer semestre de 2022 como el principal cliente de la industria armamentística española. 

En ese periodo –el último sobre el que existen datos oficiales–, la Junta Interministerial que se encarga de supervisar el comercio de armas autorizó 19 licencias de exportación de material de defensa a Arabia Saudí por un importe de 994.651.527 euros.

El negocio irá en aumento. A finales de noviembre, Navantia y el Ministerio de Defensa saudí rubricaron un memorando de entendimiento que se traducirá en un contrato a lo largo de los próximos meses para la construcción de otros cinco buques de guerra para la Marina de ese país.

Se trata del segundo acuerdo de estas características entre la empresa pública española y la dictadura saudí, que en 2018 encargó otras cinco corbetas. El Gobierno ha rechazado hacer públicos los documentos de la Junta Interministerial que permitió esos contratos pese a los ataques perpetrados en Yemen. 

El Tratado de Comercio de Armas rubricado por España impide la venta de armamento a países inmersos en conflictos bélicos. Pese a ello, el Gobierno ha apostado por mantener ese tipo de acuerdos comerciales, al tiempo que asegura que tales operaciones no vulneran dicho tratado.

Las exportaciones autorizadas por la Junta Interministerial están rodeadas de un profundo hermetismo gracias a un decreto aprobado en 1987 por el Gobierno de Felipe González, que catalogó las actas sobre esas operaciones como secretas. 

Pobreza y hambre

El balance de 2022 elaborado por Mwatana subraya además que la intervención militar emprendida en marzo de 2015 por Arabia Saudí y Emiratos ha contribuido a situar a Yemen "entre los países más pobres del mundo".

"Millones de personas afectadas por la crisis humanitaria en Yemen sufren inseguridad alimentaria, propagación de enfermedades infecciosas y exacerbación de cicatrices psicológicas, según estimaciones de organismos internacionales", subraya.

Según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que más de 23,4 millones de yemeníes, el 73% de la población, dependen de ayuda humanitaria. 

"Esto incluye 4,3 millones de desplazados internos, 102.000 refugiados y 192.000 migrantes, a la luz de la escasez de agua y el colapso del sistema de salud, donde solo funciona la mitad de los aproximadamente 5.000 establecimientos de salud del país, con una escasez significativa de suministros médicos", señala el informe de Mwatana.

Petición a la ONU

En su informe, Mwatana destaca que el conflicto de Yemen "no cuenta con un mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas" desde que se disolvió el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, "lo que está consolidando aún más la impunidad de los infractores y haciendo que la posibilidad de lograr justicia y reparación para las víctimas parezca inalcanzable".

Por tal motivo, la organización de derechos humanos insta a los estados miembros de la ONU a "establecer rápidamente un mecanismo de investigación criminal internacional independiente para Yemen con el mandato de documentar las violaciones cometidas por las partes en conflicto".