Este martes se cumplieron 1.000 días desde que Isabel Díaz Ayuso negó el traslado hospitalario desde las residencias de mayores durante la pandemia. Recordemos que las competencias sobre los centros residenciales estaban en manos de las Comunidades Autónomas. Pues bien. Según desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid envió a las residencias y centros sanitarios un protocolo para evitar que los mayores enfermos con alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo con independencia de que tuvieran o no la covid-19 fueran derivados a hospitales. 

Esto es algo que señaló el propio consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero, en una intervención en la Asamblea regional en junio de 2020. 

Pues las consecuencias fueron devastadoras. Según datos oficiales, durante la primera ola de la pandemia murieron en España 20.000 personas que vivían en residencias. Aunque la cifra real, calculada por el exceso de fallecimientos, supera ampliamente las 30.000. Además, muchas de esas muertes se produjeron sin que los mayores fueran derivados a un hospital para recibir tratamiento. Sin embargo, no pasó lo mismo en todas las Comunidades Autónomas. Las comunidades que aplicaron criterios de exclusión sanitaria a los residentes, como es el caso de Madrid o Catalunya, fueron las que más fallecidos registraron. 

Los datos no dejan lugar a dudas. La Comunidad de Madrid, la que aplicó un protocolo de exclusión sanitaria más duro, es la que más fallecidos acumula. En concreto, 7.291 personas fallecieron sin atención hospitalaria, lo que supone el 77% del total. Esta cifra contrasta enormemente con las registradas en otras Comunidades Autónomas donde no se aplicaron criterios de exclusión y se crearon centros intermedios para atender médicamente a los residentes.

En Cantabria, por ejemplo, el porcentaje de personas fallecidas en residencias descendió hasta el 37%, cuarenta puntos por debajo de Madrid, y no se produjo ninguna muerte en el centro hospitalario intermedio al que se derivó a los pacientes. 

En Madrid, nunca se medicalizaron las residencias. Lo único que se hizo fue un plan caótico y clandestino, para llevar médicos a las residencias de la región. La llamaron "la operación Bicho" y la dirigía Encarnación Burgueño, hija de un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre e ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña. 

El único objetivo de Burgueño, tal y como revelaron unos audios publicados por El País, era aprovechar la coyuntura para hacer negocio. Otra cosa que tuvo mucho que ver con el exceso de muertes de mayores es el modelo residencial que tenemos en España. Es decir, más allá de la situación de emergencia sanitaria provocada por la covid-19, hay una serie de causas estructurales que explican este exceso de muertes en los centros de mayores respecto a otros países europeos.

En España, de los casi 5.500 centros residenciales que hay, cerca de un 75% son privados. En la Comunidad de Madrid, tras 25 años de gobiernos del PP, las cifras son aún más contundentes: el 88% de las residencias son privadas.

Recordemos que España tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, y esto hace que el negocio de la atención a mayores sea muy lucrativo: en 2019 generó ingresos de casi 4.500 millones de euros y lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual. 

La principal operadora de residencias en España, con casi 25.000 camas y 198 centros, es Domusvi. Se trata de una empresa de capital francés, resultado de la unión de Geriatros y Sarqua–vitae, propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS, que a su vez es el vehículo de inversión de Yves Journel, una de las mayores fortunas de Francia. 

El segundo grupo del país, Orpea, también tiene capital francés y atiende a cerca de 8.000 personas diariamente en nuestro país. En su página corporativa, podemos encontrar una nota de prensa que se titula "2019, un año de fuerte crecimiento". 

En tercer lugar, está Amavir, que opera con un número similar de plazas que Orpea y que en última instancia pertenece al holding Creadev, propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y Norauto. 

Las dos siguientes empresas en tamaño son una británica y una española. Vitalia, perteneciente al fondo británico CVC Capital Partners, gestiona 6.000 plazas en todo el país. Por su parte, la española Ballesol controla 7.000 plazas. Su presidente ejecutivo, José Ignacio Vivas, es también presidente de Aeste, la principal patronal de las operadoras de residencias españolas, de la que forman también parte empresas como Eulen, Caser o Sanitas. 

Y bueno, en el negocio de las residencias hay también constructoras como ACS, Sacyr o Eulen, aseguradoras como Bupa o Santa Lucía. O entidades religiosas, como la fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por un cura, Don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente. 

También hay empresas que se han enriquecido gracias a contratos públicos como Aralia, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, forma parte de los sumarios de las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera.