Tirón de orejas en toda regla. En un extenso documento, el Defensor del Pueblo ha detallado las vulneraciones que sufren las personas recluidas en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), convertidos, según sus propias palabras, en la “prolongación de una comisaría”. Eso sí, con una salvedad: “No es lo mismo custodiar a una persona durante un plazo máximo de 72 horas que hacerlo por un período que puede alcanzar hasta los dos meses”.

Esas frases aparecen en el Informe Anual 2017 que realiza el Defensor del Pueblo “en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP)”. El estudio de más de 300 páginas ha sido entregado este martes por el máximo responsable de esta institución, Francisco Fernández Marugán, en el Congreso y en el Senado.

En uno de sus capítulos, el informe analiza la situación que se vive en los CIEs. De hecho, la institución señaló que en 2017 “se visitaron todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año”. “Estas inspecciones concluyeron con 221 conclusiones que incluyen cinco recomendaciones, 69 sugerencias y un recordatorio de deberes legales”, remarcó.

En ese contexto, señala que en los CIEs “han permanecido en 2017 ciudadanos de 92 nacionalidades, si bien los nacionales de cinco países copan prácticamente el 81 por ciento de la cifra indicada: Argelia (31,48 %), Marruecos (18,24 %), Costa de Marfil (13,78 %), Guinea Conakry (8,87 %) y Gambia (8,62 %)”. Seguido, subraya que “el primer país no africano por número de internados es Colombia, que aparece en noveno lugar, con 82 personas, lo que supone el 0,93 por ciento de los internos en ese año”. “Ello permite apuntar que, en la mayor parte de estos casos, los CIEs de todo el territorio están empleándose casi al límite de su capacidad como elementos de contención y, en alguna medida también de canalización, de la inmigración irregular arribada principalmente por las costas”.

A su juicio, debe abordarse “con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España”. “Como ha puesto de relieve el propio Defensor del Pueblo –continúa-, y así se recoge en el capítulo correspondiente de este informe, para las personas que acceden irregularmente a España es preciso la creación de protocolos y dispositivos que merezcan la consideración de espacios de recepción y acogida, y que atenúen la figura de la detención como la principal herramienta usada ante este tipo de situaciones”.

De hecho, advierte que habitualmente, “con motivo de la llegada de personas migrantes que intentan acceder irregularmente a las costas españolas, se utiliza la herramienta de la detención con profusión, sin desarrollar otras alternativas que garanticen una respuesta más humanitaria a esas personas, tras haber sido rescatadas del mar en condiciones muy precarias”.

Saturación y malas condiciones

Asimismo, el documento ofrece datos sobre la realidad que se vive en los lugares de detención y primera acogida en el litoral del país, concretamente en Cartagena, Almería, Motril, Málaga, Algeciras y Tarifa. En esas localidades “se visitaron tanto los lugares de llegada, los centros de detención primaria (comisarías y centros de primera acogida y detención), así como el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras y sus dependencias anejas en Tarifa”.

En términos generales, “las instalaciones visitadas presentan importantes deficiencias que las convierten en espacios no idóneos para la recepción y primera acogida de personas que han sido rescatadas de la mar”. En el caso del CIE de Tarifa, los autores del informe comprobaron “la ausencia de aseos que salvaguarden la intimidad de la persona internada; la inexistencia de un espacio para poder recibir visitas con una cierta privacidad; la carencia de un completo sistema de videovigilancia y, en general, que se trata de unas dependencias deterioradas por la humedad y con mobiliario en mal estado”.

En el centro de internamiento de Algeciras apreciaron “una instalaciones con carencias estructurales y permanentes”, algo que había sido “reiteradamente” puesto de manifiesto en anteriores informes. “Las condiciones de estas instalaciones no sólo no han mejorado, sino que empeoran paulatinamente, sin que se decida su clausura definitiva”, remarca. También describe la situación existente en la comisaría local, donde “se observó una sobreocupación de las celdas” por encima de lo que establece la Secretaría de Estado de Seguridad. “Este exceso de ocupantes tenía como consecuencias que los detenidos durmieran y descansaran en el suelo durante su permanencia en las celdas, ya que los poyetes existentes al efecto eran insuficientes para contenerlos”, relata.

Algo parecido ocurre en las instalaciones del Puerto de Málaga que se utilizan “como espacio inicial de acogida y detención” a pesar de no estar preparadas “para acoger de forma digna durante el menor tiempo posible” a aquellas personas que “llegan después de una travesía que, normalmente, se alarga durante días en condiciones muy duras, tanto física como psicológicamente”. Del mismo modo, el Defensor del Pueblo destaca que la Comisaría Provincial de Málaga “tampoco presenta condiciones adecuadas para la acogida de personas migrantes, destacando a estos efectos las malas condiciones de habitabilidad y la escasez lumínica”.

Asimismo, advierte que los puertos de Motril y Almería “albergan unas instalaciones de la Policía Nacional denominadas ‘centros de primera acogida y detención’. En ambos casos se trata de módulos prefabricados situados en un dique al borde del mar”. Respecto a las instalaciones de Motril, la institución a cargo de este informe ha efectuado una recomendación a sus responsables para que “se proceda a su cierre y se doten otras nuevas instalaciones”. Esta sugerencia fue inicialmente rechazada por la Dirección General de Policía, “si bien con posterioridad el Ministerio del Interior anunció la remodelación de un edificio del Ministerio de Defensa en Motril para convertirlo en un centro de retención de inmigrantes para estancias que no superen las 72 horas, con carácter complementario de las instalaciones preexistentes”.

En el caso de Almería, se comprobó que “las personas que eran internadas en esas instalaciones debían dormir en colchonetas en el suelo, ya que no se utilizan literas, por supuestas razones de seguridad. Asimismo, estas dependencias carecen de calefacción, lo que resulta preocupante especialmente en los meses invernales, dada la proximidad del mar”.

Por tales razones, “se concluyó que deberían preverse unas dependencias que estén dotadas de los servicios mínimos imprescindibles para un período de detención que no ha de superar las 72 horas”.

La muerte de Archidona

El documento cita también el caso de la cárcel de Archidona, que el año pasado fue empleada temporalmente como CIEs por decisión del entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido.

Si bien señala que a priori reunía “mejores condiciones que cualquiera de los CIEs actualmente existentes en España”, la premura de su puesta en marcha supuso que, al principio, no todos los servicios, incluso algunos elementales, no estuviesen operativos”. Critica además la utilización de agentes Antidisturbios en la “gestión directa con los internos”, lo cual generaba “una tensión perceptible”.

En tal sentido, el Defensor del Pueblo se refiere también a la muerte de un interno en Archidona, cuya causa se ha reabierto este mismo jueves. “Esta persona fue sometida a aislamiento por, al parecer, haber participado en unos incidentes. Un aislamiento que se llevó a cabo sin previo reconocimiento previo y sin que se efectuara vigilancia alguna durante 16 horas”, apunta. Seguido, subraya que esta institución “desconoce si pudo o no pudo evitarse esa muerte, pero sí considera que no se pusieron los medios idóneos y suficientes para que no ocurriera”. Por tales motivos, el área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo “mantiene abierta una investigación para seguir las actuaciones de investigación que se realicen y sus resultados”.

Torturas y malos tratos

A lo largo de sus páginas, el informe también analiza “las denuncias de tortura y malos tratos con ocasión de la privación de libertad”, tanto en las cárceles como en las comisarías. Respecto al ámbito penitenciario, el documento señala que de los 134 casos inspeccionados en 2017, “solo cuatro (2,99 %) han supuesto, por el momento, la apertura de expediente disciplinario y tres de ellos han implicado actuaciones en el ámbito judicial, que han conllevado la suspensión del procedimiento administrativo”. “De ninguno se conoce el resultado del procedimiento”, añade.

En el ámbito penitenciario de Catalunya –que tiene las competencias de cárceles transferidas “se han incoado en 2017 un total de 58 procedimientos administrativos por malas prácticas o malos tratos infligidos” en prisiones de esa comunidad. El 86,21% de esas denuncias fueron archivadas y solo una ha derivado en sanción “por relación irregular con un interno del CP (Centro Penitenciario) de Lledoners”.

En cuanto a las denuncias que afectan a funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el informe del Defensor del Pueblo señala que el Cuerpo Nacional de Policía remitió “seis expedientes, de los cuales “al menos tres se refieren a casos producidos fuera de zonas de custodia”, otros dos hacen referencia a “excesos producidos durante una intervención (sin especificar el lugar) y solo uno se refiere a un detenido que intentó suicidarse durante la ausencia del agente responsable”.

En torno a estos casos, especifica que “en cuatro ocasiones se impuso una sanción a los agentes implicados y dos de los procedimientos siguen en trámite”. “A excepción del caso del intento de suicidio (donde no consta el estado de las actuaciones judiciales), en todos los casos los agentes fueron, además, condenados por delitos de lesiones”.

En cuanto a la Guardia Civil, el documento establece que durante el año pasado se interpusieron 17 denuncias “por presuntas malas prácticas, malos tratos, tratos crueles o inhumanos infligidos” por agentes de la Benemérita. “De estas 17 denuncias, ocho están pendientes de resolución judicial, otras cinco han sido sobreseídas provisionalmente y se han archivado las actuaciones y ha habido otros dos archivos, uno de ellos pro renuncia expresa del denunciante”. Además, “dos denuncias han derivado en una sentencia absolutoria no firme y una sentencia absolutoria firme”. “De los 17 casos, cuatro han dado lugar a un expediente disciplinario”, agrega.

La cosa no termina ahí. En 2017, la Dirección General de la Guardia Civil también tuvo conocimiento de 11 denuncias interpuestas en años anteriores”. En ocho de ellas se ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones judiciales, dos siguen pendientes de resolución judicial y una ha finalizado con la absolución”. Se explica además que “sólo se ha incoado un expediente disciplinario en uno de los casos” debido a una “falta muy grave” por “trato inhumano, degradante o vejatorio a personas bajo custodia o con las que se relacionen por razón del servicio”. Sobre este punto, el estudio indica únicamente que el expediente en cuestión “permanecía paralizado al cierre de este informe”.

Cámaras en comisarías 

Por otra parte, el estudio entregado este jueves advierte que en la mayoría de las dependencias visitadas durante 2017 “se siguen observando carencias” en materia de videovigilancia, algo “fundamental en la prevención de malos tratos en lugares de privación de libertad”.

En esa línea, el Defensor del Pueblo detalla el conflicto abierto con el Gobierno Vasco, al que recomendó “extender la videovigilancia y videograbación en las comisarías de policía de la Ertzaintza a todas las dependencias en las que puedan permanecer personas privadas de libertad, incluida la conducción hasta los calabozos con excepción de los cuartos de baño y las salas de para entrevistas reservadas con abogados. Asimismo, sería recomendable que la grabación incorporase audio”.

Sin embargo, el Gobierno Vasco “ha rechazado esta Recomendación”, alegando la “falta de disponibilidad presupuestaria” para cumplir con lo requerido. Además, el Gobierno Vasco también se ha negado a instalar “monitores de visualización de imágenes en la zona de custodia de detenidos”, tal como ya había sido reclamado por el Defensor del Pueblo en un informe de 2010. En este caso, el Ejecutivo de Urkullu también argumenta que no existe presupuesto para adoptar esas medidas.