La reapertura de los pasos fronterizos de Marruecos con Ceuta y Melilla ya tiene fecha: el 17 de mayo, precisamente el día que que se cumple un año de la crisis diplomática y fronteriza de 2021, cuando el país vecino dejó sin control su frontera con Ceuta y cruzaron irregularmente más de 10.000 personas a nado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la apertura será gradual. Comenzará a la medianoche del próximo martes en los pasos de Beni Enzar (Melilla) y el Tarajal (Ceuta), pero solo para ciudadanos de la Unión Europea o con autorización para circular por el espacio Schengen. No será hasta el 31 de mayo cuando podrán acceder a territorio español los ciudadanos marroquíes, aunque limitado a los trabajadores transfronterizos con autorización en vigor.

No obstante, ha dicho Marlaska, los grupos de trabajo hispano-marroquíes siguen negociando para determinar las siguientes "categorías de personas y mercancías" que podrán acceder a las ciudades autónomas. Y quedan por el momento fuera de la primera hoja de ruta varios puntos clave que marcarán el funcionamiento de la frontera que vendrá, como la exención de visados para residentes de las áreas de Nador y Tetuán, la apertura de aduanas comerciales o la instalación de las llamadas fronteras inteligentes.

Trabajadores transfronterizos

La vuelta de los miles de trabajadores marroquíes que cruzaban a diario a Ceuta y Melilla ha sido uno de los grandes escollos en las negociaciones y era una de las prioridades del Gobierno español. Lo dejó claro la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, hace poco más de un mes, cuando recibió numerosas críticas al asegurar que ella y todas las amas de casa estaban "desando que vuelva la muchacha", en referencia a las mujeres marroquíes que trabajan en la limpieza doméstica.

Muchos quedaron atrapados en las ciudades españolas cuando Marruecos cerró la frontera, pero alrededor de 5.400 han visto expirar sus contratos durante la crisis sanitaria y luego diplomática, según el representante de estos trabajadores en el sindicato Unión Marroquí del Trabajo (UMT), Maruan Chakib.

Su peso era y sigue siendo importante en sectores como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico. Pero según UTM, solo 230 trabajadores transfronterizos tienen aún sus contratos vigentes y podrán volver a cruzar la frontera a partir del 31 de mayo. Sin embargo, muchos han perdido el contacto con sus empleadores y sus permisos para entrar y salir, buscar nuevos empleos o, simplemente, acudir a la ciudades donde tiene cuentas bancarias o atención sanitaria, y sigue sin estar claro cuándo podrán volver a hacerlo.

Sin fecha para residentes en Nador y Tetuán

Tampoco hay fecha de momento para el permiso de entrada de los residentes de Nador y Tetuán, las regiones marroquíes colindantes con las ciudades autónomas. En base un acuerdo de buena vecindad y gracias a la excepción por la que Ceuta y Melilla no forman parte del territorio Schengen, los residentes de estas regiones pueden cruzar la frontera sin necesidad de visado, aunque no pueden viajar a la península. Fuentes gubernamentales aseguran que seguirá siendo así, aunque falta por saber la fecha en la que podrán hacerlo.

Mantener esta excepción sugiere que la entrada de Ceuta y Melilla dentro de las fronteras de la UE no está por el momento entre los puntos acordados entre los ministros españoles y marroquíes.

Durante la crisis de mayo del año pasado, el secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Exteriores, Juan González-Barba, propuso acabar con esta excepción. Una propuesta que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, también lleva tiempo reclamando. El movimiento es de gran envergadura, ya que obligaría a los residentes de Nador y Tetuán a conseguir visados para entrar en las ciudades autónomas, pero también tensaría la cuerda con Marruecos por sus aspiraciones territoriales en la zona.

Final del porteo

Lo que ya es un hecho es el final del llamado porteo, el comercio atípico de mercancías desde las ciudades autónomas a las zonas marroquíes colindantes. Un contrabando permitido que movía entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año, según estimaciones, y que recaía literalmente en las espaldas de unas 10.000 personas, la inmensa mayoría mujeres marroquíes.

Marruecos puso fin unilateralmente al porteo en el paso del Tarajal II, en Ceuta, en 2019. La pandemia y el posterior cierre de fronteras acabó con el contrabando en el paso del Barrio Chino de Melilla. El Gobierno español siempre ha interpretado esta deriva como un mecanismo de presión y asfixia económica a las dos ciudades autónomas, sobre las que Mohamed VI mantiene sus aspiraciones territoriales. Sin embargo, Madrid ya daba por hecho que el porteo no regresaría con la reapertura de las fronteras.

Hasta entonces, la imagen típica de estas zonas era el de mujeres que cargaban con enormes fardos de decenas de kilos de mercancía cada día para cruzar la frontera a cambio de poco dinero. Más de una decenas de ellas perdieron la vida en avalanchas humanas en la zona de porteo o por la dureza del trabajo, considerado una forma de esclavitud que vulneraba los derechos humanos, pero única fuente de ingresos de miles de familias marroquíes.

El impacto de la extinción de esta precaria y alegal forma de vida ha golpeado sobre todo a la mujeres, la mayoría solas, sin formación y con familiares a cargo. Se estima que alrededor de 400.000 personas en Marruecos vivían de esta economía. Por eso, Mohamed VI ha puesto en marcha el desarrollo de una zona comercial e industrial en la zona cercana a la frontera con Ceuta para generar empleo con el que cubrir el boquete económico del fin del porteo. Mientras, las naves industriales del Tarajal, en Ceuta, hace tiempo que están cerradas casi por completo mientras que algunos empresarios se han trasladado a la zona marroquí, para continuar sus negocios mediante importaciones de mercancías a través de los puertos de Algeciras y Tángel Med.

¿Aduanas comerciales?

Ceuta y Melilla no forman parte del territorio aduanero de la Unión Europea, son considerados territorios exteriores. Ceuta nunca ha tenido una aduana comercial con Marruecos, mientras que la de Melilla fue cerrada de forma unilateral y definitiva por Marruecos en 2018. La decisión dejó a la ciudad autónoma sin posibilidad de importar por tierra productos agrícolas o pescado desde el país vecino y supuso un perjuicio para numerosas empresas melillenses, aunque Madrid no mostró su disconformidad públicamente.

Los acuerdos sellados por el presidente Pedro Sánchez y el rey alauí, Mohamed VI, tras su encuentro el pasado abril acabarán, en teoría, con la política de decisiones unilaterales. También abrían la puerta a las aduanas comerciales en ambas ciudades autónomas, ya que hablaban de la "plena normalización de la circulación de personas y de mercancías" con "los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo".

En su comunicado, Interior asegura que los grupos de trabajo hispano-marroquíes siguen tratando las siguientes fases de reapertura de la frontera "para el paso de personas y mercancías", por lo que se entiende que la instalación de aduanas comerciales sigue sobre la mesa, ya que ha sido una eterna pretensión de España. También es una reivindicación histórica de los empresarios y políticos melillenses y, sobre todo Ceutíes. Ven como una gran oportunidad de negocio al poder exportar de forma regulada a Marruecos productos manufacturados con las importantes exenciones fiscales de las ciudades autónomas. También se podrían importar productos agrícolas, pescado y materiales de construcción desde Marruecos a precios más bajos.

Sin embargo, el reino alauí siempre ha sido reacio a esta medida, pues considera que supone una amenaza para la eterna reivindicación de su soberanía sobre Ceuta y Melilla, al tiempo que busca una independencia económica y comercial para las zonas limítrofes a ambas ciudades.

Una "frontera inteligente"

La instalación de la llamada "frontera inteligente" en los perímetros y pasos fronterizos de ambas ciudades es otra de las tareas pendientes que el Gobierno se marcó ya en 2018. El Ministerio del Interior lleva años remodelando y elevando los vallados, retirando concertinas e instalando medios "menos cruentos" para dificultar los saltos. La última fase de estas reformas contempla la instalación de un circuito cerrado de televisión y sensores de movimiento en todo el vallado.

También trabaja en la instalación de tecnología de reconocimiento facial y de huellas dactilares para controlar mediante inteligencia artificial la identidad de las personas que entran y salen de las ciudades y cruzar la información con bases de datos de otros puntos fronterizos, puertos y aeropuertos. El Gobierno asegura que es un elemento crucial para la lucha contra el terrorismo y también importante para el control migratorio. Fuentes de Interior aseguran que la instalación se está realizando "de común acuerdo" entre ambos países, aunque por el momento no se ha mencionado este elemento para las primeras fases de la reapertura.

La frontera inteligente ha sido ya objeto de preocupación para varias organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que la recopilación de datos biométricos es poco transparente y auditable, que aumentará la discriminación y criminalización de personas migrantes y una violación de la privacidad.