Tras una jornada frenética, Junts per Catalunya salvó finalmente dos de los tres decretos que el Gobierno español llevó este miércoles al Congreso -el que reformaba los subsidios por desempleo cayó por los votos en contra del PP, Vox, UPN y Podemos- gracias a un acuerdo de última hora.

Los de Carles Puigdemont no participaron en las votaciones y por lo tanto los decretos pudieron salir adelante. Sin embargo, la abstención fue a cambio de la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat. Una cesión difícil de materializar.

En un comunicado, Junts detalló que el traspaso de las competencias en inmigración se realizará mediante una ley orgánica a partir del artículo 150.2 de la Constitución española, que comportará "la delegación de las competencias plenas y los recursos". "Se hará una ley orgánica para que la Generalitat tenga las competencias necesarias para asumir la gestión integral de la inmigración a través del artículo 150.2", ha insistido el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio.

Así lo apuntaron también la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que han recordado que será una cesión plenamente constitucional que habrá que acabar de perfilar en el Congreso de los Diputados.

Aparte de un proceso de enmiendas, hay que tener en cuenta que la aprobación de una ley orgánica requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, es decir, los 176 votos que Sánchez necesitó para ser investido presidente del Gobierno español.

Junts se anota así una victoria que esperan que el Govern "sepa aprovechar". "Gracias a este acuerdo, la Generalitat podrá realizar una gestión integral en materia de inmigración en Catalunya, con capacidad de decisión en cuestiones como los flujos migratorios o las políticas de integración y lengua", ha señalado Turull.

Un acuerdo difícil de aterrizar

Las competencias en inmigración es un tema primordial para Junts, tal y como demostró Puigdemont en noviembre en la famosa comparecencia desde Bruselas para justificar el acuerdo de Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Pero se trata de una cesión espinosa y complicada en términos legales. Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en 2010 contra el Estatut ya acotó las competencias de la Generalitat en esta materia.

La sentencia dictó entonces que "la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado". El TC dejó claro que la Generalitat sólo tiene facultades en materia de inmigración si es a través de sus competencias, como servicios sociales, sanidad, educación o vivienda.