Los tiempos en los que el Parlamento Europeo dejaba patentes su división en torno a la deriva de Viktor Orbán, primer ministro húngaro, han llegado a su fin. El punto de inflexión fue su baja voluntaria del Partido Popular Europea, tras años de encontronazos insalvables. Y su línea roja ha sido la ley húngara anti-LGTBI, que prohíbe hablar de homosexualidad con menores en lugares públicos.

Una Eurocámara, que en pocas ocasiones se muestra tan unida, ha debatido este miércoles la normativa homófoba del líder del Fidesz. El jueves votará una resolución consensuada por las principales fuerzas políticas –Populares, Socialdemocrátas, Liberales, Verdes e Izquierda- para pedir a la Comisión Europea que actúe de urgencia congelando los fondos europeos al enfant terrible de la política comunitaria hasta que dé marcha atrás en su atropello con los derechos fundamentales.

Solo la extrema derecha ha defendido esta legislación contra el colectivo LGTBI, que contraria numerosos artículos de la carta de derechos fundamentales de la UE. Los eurodiputados ultraderechistas de Abascal, Salvini, Le Pen y Kacynksi han sido el único armazón de Orbán en el debate plenario de Estrasburgo. Las fuerzas ultraconservadoras son ya las únicas que compran su discurso alegando de que se trata de una medida de protección a los menores contra la pedofilia y de una elección nacional en virtud de las diferencias culturales en Este y Oeste.

Un Orbán cada vez más aislado solo encuentra amparo en la extrema derecha. A los Populares les era cada vez más complicado continuar compartiendo filas con el líder crecimiento autoritario. También la Comisión y el Consejo adaptaron la estrategia de laissez-faire: dejar pasar el tiempo para ver si las cosas se arreglaban solas. Pero el resultado fue el contrario. Orbán lo interpretó como una carta blanca a su estrategia contra minorías, refugiados u opositores. Fue precisamente la Eurocámara la institución que avaló el inicio del Artículo 7, el instrumento para castigar los ataques al Estado de Derecho. El Partido Popular español se aisló y votó en contra.

Pero algo está cambiando. A diferencia de la pasividad predominante en la UE durante estos últimos años ante la tendencia autócrata de los líderes autoritarios en Budapest y Varsovia, las instituciones europeas han sacado ahora la garra ante una ley que han calificado de "vergüenza", "desgracia" o "indecencia".

"Los derechos LGTBI son derechos humanos y en la UE actuar contra ellos es ilegal", ha señalado en el debate la socialista Iraxte García Pérez. "Cuando me despierto junto a mi chica por la mañana, contenta y agradecida, me pregunto cómo se puede odiar el hecho de que las dos nos queramos", ha apuntado la eurodiputada de Los Verdes Terry Reintke. La alemana, una de las voces con más autoridad en Bruselas en la defensa del colectivo LGTBI ha advertido de que estas medidas responden a una estrategia de distracción para tapar "la corrupción sistémica" de Gobiernos como el que abandera Orbán.

De las palabras… ¿a los hechos?

La ley impulsada por el Gobierno húngaro afirma que hablar de homosexualidad en las aulas o en los lugares públicos con menores les pervierte e incide de forma negativa en su crecimiento físico y mora. Sus postulados atentan contra los principios y valores europeos contra la discriminación por la orientación sexual, la dignidad humana, la igualdad o el respeto de los derechos humanos. Tal y como ha detallado Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Transparencia y Valores Europeos, incumplen el derecho comunitario sobre la vida privada y familiar, la educación o la libertad de expresión.

Los expertos legales del Berlaymont, sede de la Comisión Europea, analizan en estos momentos los detalles de esta controvertida ley para iniciar el reglamento sancionador, que puede sentar al país de nuevo ante la Justicia europea. Pero la gran palanca de Bruselas para presionar es la financiera. En 2018, Hungría recibió seis veces más dinero europeo del que puso sobre la mesa. Ursula von der Leyen, líder del Ejecutivo comunitario, ha endurecido el tono durante su intervención plenaria asegurando que llegará todo lo lejos que haga falta para salvaguardar los derechos fundamentales en el país. "Europa nunca permitirá que se estigmatice a partes de nuestra sociedad, ya sea por sus seres queridos, por su edad, su origen étnico, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas", ha señalado la alemana, que ve cómo se redoblan las presiones para que rechace el plan de recuperación del húngaro.

Orbán está llamado a recibir hasta 7.200 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, pero podría verlos congelados en virtud del mecanismo que vincula su entrega al respeto sobre el Estado de Derecho. Hasta el momento, a la UE le faltaba voluntad política para actuar. Ahora comienza a emanar, pero los tiempos y los complejos procedimientos logísticos y burocráticos hacen peligrar su margen de acción. Y el cronómetro de Orbán corre sin freno hacia las decisivas elecciones generales del próximo año.

El cerco financiero se estrecha con Orbán. Pero es también un aviso a sus amigos en Polonia y Eslovenia de que los ataques a los derechos humanos y a las libertades fundamentales no son a coste cero. La nueva coyuntura comienza a dibujar un cambio de dinámicas cuya consecuencia inmediata será la unión de las fuerzas ultraderechistas que buscan debilitar el proyecto europeo desde dentro. Hace unos días, 15 partidos ultraconservadores de 14 países diferentes sellaron su alianza con una declaración conjunta para impulsar la idea de un macro-Estado sin naciones, que apunta ya a las próximas elecciones europeas.