El reconocimiento por parte de CEIM de que contribuyó a financiar subrepticiamente la campaña del PP de Madrid para las elecciones autonómicas y locales de 2007 es el último de la larga serie de escándalos que vienen salpicando a esta organización empresarial desde hace ya varios años.

Según las investigaciones impulsadas por su actual directiva, CEIM pagó mediante facturas falsas al menos 100.000 euros a Fundescam, la fundación que los populares madrileños utilizaron, supuestamente, para sufragar actos electorales de forma irregular.

Entonces pilotaba CEIM Gerardo Díaz Ferrán, un declarado admirador de la presidenta regional del PP y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de la que llegó a decir a micrófono abierto que era “cojonuda”, tras oír sus propuestas neoliberales durante un acto institucional.

Aguirre ganó con mayoría absoluta las autonómicas de 2007, cuya campaña ayudó a costear CEIM, y Díaz Ferrán se convirtió pocas semanas después en presidente de CEOE, cargo en el que permanecería hasta que la fraudulenta quiebra de su grupo de empresas, Marsans, le obligó a dimitir en 2010.

A Díaz Ferrán lo sucedió en CEIM su cuñado Arturo Fernández, un restaurador que había sustentado parte de su éxito en las contratas públicas de servicios de hostelería (Teatro Real, Palacio de la Moncloa, Congreso de los Diputados) y que presumía cazar con el rey Juan Carlos y de haber sido compañero de colegio de Aguirre.

Con Fernández como presidente de CEIM, los escándalos comenzaron a menudear: unas veces por decisiones directas suyas y otras por hechos que, en teoría, sólo tocaron tangencialmente a la organización, aunque la última palabra sobre ellos aún la tiene que decir la justicia.

Una de las más controvertidas fue el fichaje en 2011 de Lourdes Cavero, esposa del número dos de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que sólo un año después sucedería a Aguirre al frente del gobierno regional.

Cavero cobró 112.000 euros anuales de CEIM hasta que en 2014, ya imputada por la sospechosa compra de un ático de lujo en Marbella junto a su marido, renunció a seguir siendo vicepresidenta y adjunta al presidente para no perjudicar las expectativas de Fernández, que ese año se presentaba a la reelección.

La consiguió con casi dos tercios de los votos, a pesar de que ya arrastraba serios problemas: su imperio, el Grupo Cantoblanco, se desmoronaba dejando deudas millonarias a Hacienda y a la Seguridad Social, y él estaba imputado por su condición de consejero durante la salida a Bolsa de Bankia y el uso de las tarjetas black.

Por si fuera poco, CEIM había vuelto a estar en boca de todos al destaparse un presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Comunidad de Madrid, cuya cabecilla era el empresario cordobés José Luis Aneri y en el que fue implicado un exdirectivo de la patronal, Alfonso Tezanos.

A finales de 2014, aunque a regañadientes, Fernández anunció su dimisión, dejando tras de sí una organización con la imagen manchada, de la que se hizo cargo un hombre de su confianza, el vicepresidente primero, Juan Pablo Lázaro.