Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León se querella por vía penal contra el consejero de Industria, Comercio y Empleo de esta comunidad, Mariano Veganzones (Vox), por injurias y calumnias. Según el sindicato, el ultraderechista se ha dedicado en el último año, a través de sus redes sociales personales y de los medios de comunicación, a pedir "que devuelvan lo robado" o a llamarles "come gambas". También ha acusado a los representantes de los trabajadores de aprovecharse de la financiación pública para programas propios.

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, explica a Público que "no vamos a permitirlo, por eso exigimos que desmienta las falsas acusaciones y pida perdón por los insultos". Además, el sindicalista ha pedido que Veganzones explique públicamente "por qué tiene ese afán persecutorio con el sindicalismo de clase". 

Desde el sindicato también cuestionan al Consejero de Empleo por no denunciar en los tribunales. "Si está tan seguro de que hemos utilizado mal el dinero público y de que tenemos que devolver lo robado, está incumpliendo su obligación de denunciarlo en un juzgado. Un cargo público no puede hacer una acusación sin pruebas", denuncia.

El máximo responsable de CCOO en Castilla y León asegura que Veganzones no denuncia ante los tribunales porque "no tiene base jurídica para ello, lo hace porque  estamos en un espacio de libertad de expresión y cree que ahí también cabe calumniar". 

El sindicalista también se ha quejado de que el Consejero ponga en duda la representatividad de los sindicatos de clase a pesar de que, a día de hoy, CCOO tenga 6.020 delegados en Castilla y León, lo que supone el 37% y UGT, 5.430, el 34%.

Seis contenciosos abiertos contra Veganzones

Andrés admite que la querella es la gota que colma el vaso, puesto que "detrás de ella hay seis contenciosos abiertos por el incumplimiento de diferentes programas contra el consejero".

Además, el sindicato afirma que también hay cuatro frentes institucionales abiertos: el requerimiento sobre el SERLA que realizó el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, la Denuncia ante el Comité Europeo de Derecho Sociales, la Resolución ante el Consejo Económico y Social Europeo y la reclamación ante la OIT.