La ley de amnistía registrada la semana pasada por los partidos independentistas catalanes no ha pasado de la Mesa del Congreso. PSOE, PP y Vox han rechazado tramitar la norma con la que se pretende que "queden amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa, llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2015 y hasta el momento de la entrada en vigor" de dicha proposición de ley, previendo que "se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya". 

La Mesa de la Cámara Baja, con el voto en contra de Unidas Podemos, ha seguido el criterio de los letrados, que han desaconsejado tramitar la ley de amnistía en la medida en que, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, "entraría en una contradicción palmaria y evidente con los dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, de acuerdo con el cual no cabe que la ley autorice indultos generales", según reza el informe al que ha tenido acceso Público.

ERC, JxCat, PdeCat y CUP registraron el pasado martes la iniciativa mediante una proposición de ley de amnistía junto a los representantes de Amnistia i Llibertat y Òmnium Cultural. En este sentido, los portavoces denunciaron en rueda de prensa la existencia de nueve presos independentistas y cifraron en más de 3.000 las personas "represaliadas", por lo que pidieron apoyo al Gobierno a esta medida como posibilidad de corregir la "represión" y la "justicia penal del enemigo".

Sin embargo, el equipo jurídico de la Cámara Baja entiende que, por la manera en que se definen los hechos que quedarían comprendidos "en el ámbito objetivo de la ley y especialmente por la forma en que se concreta el alcance del concepto de la intencionalidad política", así como por la individualización de los procedimientos, cabe concluir que la ley contiene todos los elementos de un "indulto de carácter general", algo que "no tiene cabida en el sistema constitucional", ya que esta petición sólo puede tramitarse y concederse de manera individual.

Preguntado sobre el rechazo de la iniciativa, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado que los grupos presentarán un recurso a la Mesa para que reconsidere su decisión. También, ha criticado el hecho de que "ni siquiera" se pueda debatir en Pleno una cuestión sobre el conflicto político entre España y Catalunya. "Convierte a la Mesa en un mini Tribunal Constitucional e instaura un precedente peligroso en democracia". Al mimo tiempo, ha afeado el doble rasero del órgano de Gobierno de la Cámara Baja, que admite a trámite "salvajadas" por parte de la ultraderecha".