El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado un plazo de diez días a la exsecretaria de ERC Marta Rovira para que deposite la fianza de 60.000 euros que le impuso el pasado lunes para eludir la prisión tras declarar como investigada por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el 'procés' de independencia de Catalunya.

En su auto, y pese a considerar que la "importancia política" de la figura de Rovira es "coherente" con que tuviera una "función decisoria en la concepción y en la ejecución de un proceso soberanista". Llarena considera que en su caso el riesgo de fuga "se aprecia muy mitigado" por su arraigo personal, familiar y laboral y "por el que ha sido su comportamiento en los últimos meses, que no ofrece atisbo de posible ocultación".

En un auto dictado este miércoles el juez también acuerda libertad sin medida cautelar alguna del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que declaró ayer y para quien la acusación popular ejercida por Vox pidió una fianza idéntica, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado, que Llarena no ha considerado necesarias. En su caso no hay riesgo de reiteración delictiva debido a "la nula detentación de responsabilidades políticas que ahora presenta".

El plazo comenzará a contar mañana, por lo que el dinero deberá ser depositado los primeros días de marzo. También se impone a Rovira la obligación de acudir quincenalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ante el juzgado de su conveniencia y volver al Supremo siempre que sea llamada, "haciéndole saber que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se le imponen conllevaría su inmediato ingreso en prisión".

Actuaciones presuntamente delictivas 

Entre las actuaciones presuntamente delictivas de Rovira, Llarena cita la decisión de celebrar un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró fuera de la ley, publicitar después el resultado de las votaciones y declarar la independencia de Catalunya "desde el posicionamiento mayoritario de quienes participaron en el referéndum ilegal".

Estos hechos se complementan con la existencia de indicios, según Llarena, de que desde las instituciones de poder de Catalunya "pudiera haberse incitado a los partidarios de la secesión a movilizarse en la calle" con la finalidad de robustecer sus actuaciones y forzar al Estado a aceptar la independencia, todo ello con conocimiento de la altísima probabilidad de que esta movilización desembocara en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia".

En dicha agenda, precisa Llarena, se refleja la participación de Rovira en diversas reuniones "totalmente ajenas a su portavocía parlamentaria", y en las que se debatía "la mejor estrategia que debía seguirse para lograr la independencia, adoptándose precisamente las decisiones que resultaron posteriormente estimuladas".

También cita la documentación que demuestra que Rovira impulsó la votación de las Leyes de Referéndum y de transitoriedad política y diversas conversaciones telefónicas en las que se aprecia que la secretaria de ERC participaba "con una clara capacidad decisoria, en la organización y provisión de los centros de votación en los que pretendía celebrarse el referéndum ilegal que había de conducir a la declaración de independencia".