El pacto estaba casi culminado, gracias a la ayuda de mediadores como el presidente vasco, Iñigo Urkullu. Consistía en que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convocara elecciones autonómicas y que la aplicación del artículo 155 de la Constitución fuera aprobado por el Senado pero iba a quedar en suspenso, según aseguran a Público fuentes conocedoras de las negociaciones.

Pero Puigdemont, acorralado por los suyos, introdujo este jueves dos exigencias de última hora: que el Senado no aprobara la aplicación del 155 y la libertad de “los Jordis”, los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural, Sànchez y Cuixart, encarcelados por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, desde el pasado 16 de octubre, por el supuesto delito de sedición.

El Gobierno se negó. Una vez arrancado el 155 en el Senado, sólo la Cámara puede suspender el procedimiento. El PP tiene allí mayoría absoluta, “pero Rajoy quiere la apisonadora del Estado”, explica una fuente socialista. "El 155 no se interrumpe por unas elecciones si no hay vuelta a la legalidad", insistían las fuentes de Moncloa.

Respecto a la prisión de “los Jordis”, la Fiscalía no podía echarse atrás. Es más, en su informe a los recursos de Sànchez y Cuixart que entregó este jueves ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el ministerio público pidió que ambos siguieran en prisión preventiva, mientras se investiga su participación en un supuesto delito de sedición cuando una multitud bloqueó el registro de la Consejería de Economía, el 20 de septiembre.

A las 13:30 horas de este jueves Puigdemont dio un paso atrás y a las cinco de la tarde anunció que esta aprobación estaba fuera de la ley, por abusiva. "No hay ninguna garantía que justifique hoy la convocatoria de elecciones ni de parar la represión", argumentó, y que la convocatoria electoral se celebrara “con normalidad", destacó ante el pleno del Parlament.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy llegó a sopesar la posibilidad de dejar en suspenso la aplicación del 155 si Puigdemont renunciaba a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y convocaba elecciones autonómicas de acuerdo con la legalidad vigente, según informaron a Público fuentes conocedoras de las negociaciones que se produjeron a lo largo del jueves.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, había realizado una intensa actividad ante Rajoy y al mediodía albergaba grandes esperanzas. Empresarios, abogados, políticos y numerosas personas desplegaron sus artes mediadoras en vista de que los puentes estaban rotos entre el Govern y el Ejecutivo central.

Hasta el conseller de Empresa, Santi Vila, se dejó la piel para hacer llegar mensajes conciliadores, en especial a través de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, según fuentes conocedoras de estos contactos. 

El objetivo de los mediadores: restablecer el diálogo y evitar el choque de trenes con una Declaración Unilateral de Independencia.

Incluso los aliados internacionales del Govern estaban avisados: Puigdemont iba a convocar elecciones y el 155 sería aprobado por el Senado pero de manera gradual, gracias a una enmienda introducida por el PSOE.

La intervención de Urkullu

Urkullu había convencido con este acuerdo a Puigdemont, con quien se ha mantenido en contacto por correo y por teléfono, después de varias semanas ofreciéndose como mediador. No en vano, este miércoles recibió en Vitoria a una delegación de empresarios catalanes, junto a quienes buscó vías de acuerdo.

También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, intercambió mensajes este jueves con Rajoy y Puigdemont. Al primero le pedía que diera a la Generalitat "garantías de no aplicación del 155 si convocaba elecciones". Al segundo, le sugería que la convocatoria de elecciones abriría "más opciones de diálogo" y dificultaría la aplicación del 155.

El adelanto electoral que iba a anunciar el president corrió como la pólvora. Y provocó la ira del sector soberanista y de la CUP. Y Puigdemont pasó a ser tildado de “Judas” por el líder republicano Gabriel Rufián.

Al mismo tiempo, varios diputados del PDeCat anunciaron su dimisión, mientras los estudiantes independentistas lo llamaban "traidor" en sus protestas ante las puertas de la sede del Govern.

Este principio de acuerdo era inferior a las exigencias previas de Puigdemont: retirada del 155; la libertad de los soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; que la fiscalía retirara sus acusaciones contra el Govern y la mesa del Parlament por aprobar las leyes de desconexión y el referéndum del 1-O y, por último, la retirada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se han desplazado a Catalunya por estas circunstancias.

Tras las diversas mediaciones, el pacto final consistía en que Puigdemont iba a adelantar las elecciones y el 155 quedaría en suspenso con una enmienda socialista.

Mariano Rajoy, eso sí, nunca dio luz verde al acuerdo, aunque hizo llegar por distintas vías que con un discurso conciliador de Puigdemont y con las condiciones antes citadas podría aceptar esa posibilidad.

Pero nunca se llegó al acuerdo porque, por distintas vías, se comunicó a Rajoy las nuevas exigencias de Puigdemont. En ese momento, el Gobierno dio por rota cualquier negociación indirecta.

A las nueve y veinte de la noche, el moderado Santi Vila dimitió como consejero de la Generalitat. Y anunció en Twitter: "Els meus intents de diàleg novament han fracassat" ("Todos mis intentos de diálogo han fracasado"). Y así ocurrió, el diálogo ya estaba roto.