Catalá no descarta retirar la prisión permanente revisable si no hay consenso político

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, abordó en el Congreso una batería de reformas que suponen una enmienda a la totalidad a la gestión de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, en casi todas las reformas polémicas que éste emprendió.

Durante su primera intervención ante la Comisión de Justicia como nuevo ministro, Catalá no descartó este miércoles retirar la prisión permanente revisable de la reforma del Código Penal que está en trámite en las Cortes y que está paralizada desde hace más de un año; revisar las tasas judiciales, o retirar el endurecimiento penal que limita el ejercicio de derecho de huelga. También paralizará el cambio del mapa judicial, que tanta polémica ha suscitado entre los alcaldes. Y modificará el indulto para que haya "un mayor control": "Cualquier medida que suponga una mayor transparencia en los indultos estamos dispuestos a trabajar sobre ella", enfatizó mientras sostenía que sólo se concedía el derecho de gracia a una de cada 100 solicitudes.

Respecto a la reforma del aborto, que acabó con la dimisión de Gallardón, el nuevo ministro aseguró que el Ejecutivo limitará los cambios a modificar la Ley del Menor, para introducir el consentimiento de los progenitores en caso de interrupción del embarazo por parte de menores de edad.

La oposición le recriminó que no hubiera hecho alusión siquiera a la prisión permanente revisable en su primera intervención. Al responder, el ministro de Justicia ha anunciado su revisión. "Tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico", asociada a determinados delitos. "Dicho esto, que es una declaración inicial, a partir de ahí tendremos que valorar el grado de consenso que puede generar entre los grupos parlamentarios y si lo llevamos adelante o lo decaemos. Los planteamientos dogmáticos, los justos", ha apostillado mientras agregaba: "vamos a tener máxima flexibilidad. Cuando pedimos consenso y renuncia a los demás, también tendremos que hacer renuncia nosotros".

Respecto a las tasas judiciales se ha arrancado con la afirmación de que sólo afectaban al 17% de los procesos abiertos en España, porcentaje desmentido por el resto de los grupos parlamentarios en sus réplicas. Todos a una, excepto el PP, han reclamado que se deroguen estas tasas que limitan el acceso a la Justicia de los más desfavorecidos. En su respuesta a estas intervenciones, Catalá insistió en que primero quiere conocer los datos reales y, después, "si llegamos a la conclusión que se está produciendo en España una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, el Gobierno no va a sostener un modelo como ese".

El ministro de Justicia también está dispuesto a dialogar sobre los delitos de coacciones que se están aplicando a los sindicalistas. En concreto, ha asegurado que el artículo 315.3 del Código Penal, asociado al derecho de huelga y a su participación, "quizá tenga una sanción penal excesiva. Podemos hablar perfectamente de eso", ha agregado en una invitación al diálogo a los grupos de la oposición.

La lista de reformas expuesta por Catalá es extensa, a escasos meses de las elecciones. Así, aprovechará los textos elaborados hasta ahora para acometer la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), un nuevo Código Mercantil. Para ello, elaborará un "calendario realista" en los próximos días: "Vamos a intentar no pecar ni de ingenuidad ni de la melancolía de un proyecto que no llega a la playa".

Cuatro horas ha durado su comparencia en la cámara baja. De todos los proyectos del anterior equipo, sólo uno seguirá adelante tal y como estaba: el traspaso del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles. Catalá ha desmentido que sea una privatización y ha prometido que se realizará un seguimiento del traspaso de la vida jurídica de los españoles.

Respecto a la asistencia jurídica gratuita, se ha comprometido a que los Presupuestos Generales del Estado contengan una partida destinada a financiarla, al tiempo que ha recordado que esa financiación ya estaba en el traspaso de la competencia de Justicia a las autonomías que se hizo en la década de los 90: "Esas partidas han evolucionado como el modelo de financiación general, pero nadie ha devuelto un euro".

Falta de consenso

Rosa Aguilar, la ex alcaldesa de Córdoba, es la nueva portavoz socialista de Justicia. Estrenaba el cargo en esta comisión y se empleó a fondo para exigir a Catalá la derogación de las tasas judiciales: "No piense en la recaudación y hágalo en las personas que se quedan sin esa tutela judicial efectiva por falta de medios".

El diputado de CiU Jordi Jané ha pedido a Catalá que sea realista ya que tiene por delante un horizonte de apenas un periodo de sesiones para aprobar su programa. En su opinión, es necesario derogar la ley de tasas judiciales más que entrar en modificaciones puntuales que "llevarán tiempo y alejarán del consenso", al igual que ha requerido que no se siga adelante con la cesión del Registro Civil a los registradores de la propiedad porque tampoco hay consenso en este ámbito.

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria instaba a Catalá a pronunciarse sobre la cadena perpetua revisable, el fin de la justicia universal y la derogación de las tasas, las cuales han provocado la caída de la litigiosidad "hasta límites de los años 70".

Jon Coscubiela, de Izquierda Plural, ha emplazado al ministro a responder qué salvará del Código Penal, el cual incluye aspectos "infumables" como la prisión permanente revisable, el tratamiento de enfermos mentales o penas de tres años de cárcel para los sindicalistas que participan en piquetes de huelga. También ha exigido reformar la Ley del Indulto; "los delincuentes de cuello blanco se pasean casi provocando a la ciudadanía".

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barcos, ha incidido en la necesidad de que se deroguen las tasas judiciales y ha rechazado la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles.

 

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