La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación en el denominado caso Tándem o caso Villarejo, la número 37, sobre otro de los supuestos negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando aún estaba activo en la Policía.

El comisario jubilado se encuentra pendiente de conocer la primera sentencia de este caso, que le mantuvo en prisión preventiva cerca de tres años. Esta nueva causa ha aparecido tras meses de indagaciones en el material intervenido por los registros policiales, donde la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha remitido un informe al juez Manuel García Castellón.

En el documento entregado al magistrado, la Policía aporta indicios de delito en una decena de proyectos que habrían sido encargados al entramado empresarial del que es responsable Villarejo, Cenyt, y que no se encontrarían prescritos, según han confirmado fuentes jurídicas a EFE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis ha abierto una nueva pieza de esta macrocausa, con 37 líneas abiertas de investigación, de las que tan solo tres han llegado a juicio hasta el momento y se encuentran pendientes de sentencia.

La número 37, se mantiene en secreto por decisión del juez, mientras el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción indagan en la decena de proyectos señalados por Asuntos Internos, de los que no han trascendido detalles. 

Para ordenar esas numerosos encargos que se iba encontrado la Policía en su investigación, el juez abrió una pieza centrada en comprobar si esos proyectos, situados entre 2004 y 2017, realmente se materializaron y cobraron por el comisario jubilado para así poder investigarlos, si bien la Sala de lo Penal la archivó a petición de Villarejo para evitar que se la tachase de "prospectiva". 

Entretanto, Villarejo y una treintena de acusados se encuentran desde finales de septiembre del año pasado pendientes de la primera sentencia de esta macrocausa, centrada en tres de esos proyectos -Iron, Land y Pintor- en los que el comisario jubilado habría recabado información sensible de determinadas personas por encargo de terceros y sirviéndose de su cargo policial, y se habría lucrado con ello, según la acusación. 

La sentencia, de la que se espera conocerse en poco tiempo, será clave para el resto de piezas del caso, dado que tendrá que pronunciarse sobre aspectos como la validez de las grabaciones que han nutrido la causa -cuya autoría Villarejo no reconoce- o las órdenes de entrada y registro de algunos detenidos, que las defensas combatieron en el juicio como una de las principales causas de nulidad. Villarejo se enfrenta a una petición fiscal de 83 años de cárcel por delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos o falsedad.