La sombra de la trama Púnica se cierne sobre Indra, la empresa encargada de gestionar los votos tras los recuentos electorales, una tarea que se ha alternado desde 2015 con la empresa catalana Scytl, objeto de polémica por sus fallos en los resultados que ofreció el 26-M.

Este lunes, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, citó como investigadas en octubre a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, así como a Ignacio González y varios exconsejeros madrileños.

Pero, además de a las dirigentes conservadoras, también se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra, imputada junto a su expresidente Javier Monzón, que tendrán que declarar el 4 de octubre.

La empresa tecnológica subrayó este martes que todos los hechos investigados son anteriores a 2015, cuando se produjo el relevo en la presidencia, y que ningún directivo ni empleado implicado presta ya servicios para la compañía, informa Efe.

Indra se lava las manos

En un comunicado, Indra salió al paso de la providencia dictada por el juez de la Audiencia Nacional. Así, expuso que los hechos derivan de la anterior presidencia y dirección y destaca que la citación judicial en fase de instrucción "no implica la acusación por ningún delito", ni tampoco tiene efecto sobre la capacidad jurídica para contratar de la empresa.

Tras recordar que Indra se dotó de un sistema de prevención penal en 2011, la tecnológica señala que en 2015, con el relevo al frente de la firma, éste se vio reforzado, mediante un robustecimiento de su código ético, entre otras medidas.

Por tanto, añade que "si alguna conducta irregular se hubiera eventualmente producido en el período investigado, se debió ejecutar violando los modelos de organización, gestión y vigilancia aprobados en 2011 y reforzados y perfeccionados en 2015".

La empresa señala que ha colaborado estrechamente con la investigación penal en curso y ha entregado toda la documentación a iniciativa propia, tras sus investigaciones internas. Además, reitera que seguirá colaborando con la Justicia y que confía en el esclarecimiento de las presuntas conductas que se investigan.

Scytl, entre la espada de Gil y el fiasco del 26-M

La Púnica también ha salpicado al exdirectivo de Indra Jesús Gil Ortega, quien había desarrollado su negocio de gestión de los recuentos electorales. Ahora investigado por el juez, Gil salió de Indra y posteriormente fichó por Scytl, aunque terminaría siendo despedido.

La empresa catalana se había hecho con el contrato de las elecciones del 20-D de 2015, aunque fue puesta en la picota por los fallos cometidos durante el reciente 26-M. En realidad, no realizan el recuento electoral, sino que su labor consiste en sumar los datos facilitados por los colegios, subirlos a la web de los comicios correspondientes y difundirlos a los medios.

Indra y Scytl emprendieron una guerra, también de precios, que se saldaría con la concesión a la primera de la gestión del recuento de las pasadas generales del 28-A. Luego vendría el descalabro de la firma catalana en los comicios municipales y europeos del 26-M, que le otorgaría una mala imagen, a la que habría que sumar la salida del propio Gil.

El exdirectivo es ahora investigado “después de que supuestamente interviniera en la decisión de llevar a cabo pagos a altos puestos del PP de Madrid”, según lainformación.com, que señala que fue fichado por Scytl como asesor “con el objetivo de ayudar a lograr el contrato público de las elecciones de Argentina”.

Indra también se disputó los veinte millones de presupuesto, aunque finalmente la empresa local Smartmatic se hizo con la concesión. “Según explican fuentes conocedoras, la startup lo despidió [a Gil] tras ese proceso fallido”, añade lainformación.com.

Dadas las delicadas circunstancias de Indra y Scytl, cabe preguntarse qué firma podría encargarse de la gestión del recuento de votos en unas posibles nuevas elecciones, siempre y cuando no se produzca antes un acuerdo entre PSOE y Podemos.