Si hay algo que comparten en estos momentos los socios parlamentarios del Ejecutivo es que el espionaje masivo a dirigentes y activistas independentistas, conocido como el Catalangate, no se puede pasar por alto. De hecho, estas fuerzas que constituyen la mayoría progresista (ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís) advierten de que la estabilidad de la legislatura dependerá de la respuesta que dé el Gobierno de Pedro Sánchez a este escándalo.

Unidas Podemos, que evita pronunciarse sobre cómo puede afectar el también conocido como caso Pegasus (el sistema utilizado para intervenir los teléfonos de los más de 60 afectados) a la relación del Ejecutivo con sus socios, especialmente los que se han visto perjudicados directamente con dirigentes espiados entre sus filas -ERC, EH Bildu y PDeCAT-, también ha sido contundente a la hora de denunciar unos hechos que podrían ser "gravísimos".

Por ende, todas estas formaciones (además de los otros partidos catalanes afectados, Junts y la CUP, y el BNG) han exigido al unísono desde que la revista The New Yorker publicara el pasado lunes la investigación de la organización Citizen Lab (un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto) explicaciones "claras y contundentes". Y, sobre todo, que se llegue hasta el final y se depuren responsabilidades.

Y es que consideran que las explicaciones concedidas por los representantes gubernamentales del ala socialista a lo largo de esta semana son "totalmente insuficientes", ya que se escudan bajo la protección que brinda la Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Seguridad Nacional, o la Comisión de Gastos Reservados, sin constituir todavía en el Congreso.

En este sentido, estos partidos ya han movido ficha y han elevado la presión sobre el PSOE al pedir en la Cámara Baja una investigación sobre "el espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados". En este caso, la postura de los socialistas será clave, aunque ya la ministra de Defensa apuntó este miércoles hacia la comisión de secretos como la vía adecuada para dar las explicaciones sobre las actuaciones del CNI.

Pero más allá de esta petición, estas fuerzas insisten en que el Gobierno debe abrir una investigación a fondo, aclarar si el espionaje se ha llevado a cabo de manera ilegal y, en ese caso, depurar responsabilidades, o si se ha hecho con cobertura legal, garantizar que no vuelva a ocurrir. De las decisiones que se tomen con respecto a este asunto, dependerá la confianza que estas fuerzas brinden a partir de ahora al Gobierno en el Parlamento.

Una confianza que, de momento, es "cero", como ha calificado este jueves el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tras reunirse en el Congreso con los representantes de los partidos afectados, Unidas Podemos y PNV. "Si lo que pretendes es que tu socio de legislatura te siga dando apoyo, tienes que tomar decisiones, ser muy claro y llegar hasta el final". "A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno, también el Govern y los partidos tomarán decisiones sobre el futuro de la legislatura", ha zanjado el líder del Ejecutivo catalán, dejando la pelota en el tejado de los de Pedro Sánchez.

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha instado al Gobierno a "tomar cartas en el asunto con urgencia y a tomarse en serio" este hecho, uno de los mayores casos de espionaje político en Europa. "Esto no puede quedar así. Su inacción puede tener consecuencias políticas. Aún está a tiempo de adoptar medidas", ha advertido la diputada de la coalición abertzale.

En esta línea se ha pronunciado también el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, víctima del espionaje. "Está claro que si el Gobierno no actúa o continua poniéndose de perfil no ayuda a que las relaciones sean fluidas", ha señalado, aunque sí ha querido dejar claro que el PDeCAT, cuyo apoyo ha sido clave para sacar adelante la reforma laboral, "no se va a instalar en el no a todo", al menos de momento.

Desde el PNV destacan la "gravedad extrema" del caso, solicitando al Gobierno que aporte toda la información de la que disponga para "aclarar estos presuntos hechos delictivos", en lugar de "parapetarse" tras las leyes que blindan el destino de los fondos reservados o las acciones llevadas a cabo por el servicio de inteligencia. Al mismo tiempo, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, advierte de que si el Ejecutivo no llega hasta el final del asunto, "la legislatura se puede complicar mucho".

A lo largo de los más de dos años de legislatura, varios han sido los momentos que han tensado la cuerda en las relaciones entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero sin duda, una respuesta ineficiente al Catalangate haría sonar todas las alarmas ante lo que podría desembocar en un cierre de mandato tumultuoso.