El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga el caso 'Lezo' sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, ha vuelto a citar a declarar como investigados el próximo 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero.

Están llamados a declarar en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo relacionada con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con esta adjudicación en el año 2007.

Ambos declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por estos hechos el pasado mes de septiembre. Al respecto, Villar Mir negó ante el magistrado haber tenido participación alguna en el presunto pago de la mordida al cabecilla de la trama para este proyecto fallido que pretendía unir los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.

En relación con López Madrid, el magistrado que comenzó investigando la causa, Eloy Velasco, expuso que éste le dio al exmandatario regional "unos detalles muy concretos" sobre el pago de la comisión que se efectuó desde México a una cuenta en Suiza, según consta en el auto en el que decretó su ingreso en prisión provisional. El empresario quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros.

De acuerdo con el auto del pasado mes de abril, el cuaderno de López Madrid recogía fechas próximas a la adjudicación del contrato y anotaciones de que había que darle los detalles del operativo al entonces consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmarlo.

González contó al exministro Eduardo Zaplana que López Madrid le dijo que había efectuado el pago de la comisión, de acuerdo con el auto del magistrado Velasco, ahora en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El empresario, por su parte, le acusó de incriminarle adrede a sabiendas de que sus llamadas estaban siendo registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación judicial vigente.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group, unos pagos que la UDEF ligaba a supuestas irregularidades de licitación y adjudicación de la concesión del cercanías.