El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, no empezará a reclamar el dinero defraudado en los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) a los condenados por la Audiencia de Sevilla –entre los que está el expresidente de la Junta Manuel Chaves y siete consejeros suyos, incluido su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, quien ocupó la cartera de Hacienda en los años del fraude–hasta que no haya una sentencia firme. Esto es, hasta que el Tribunal Supremo decida finalmente sobre el caso, tras resolver los recursos de casación.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), comparecieron en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno, una semana después de que se hiciera público el fallo de la Audiencia de Sevilla. Ambos, con rostro serio, manifestaron que no podrán recuperarse todas las ayudas dadas a través de la partida dedicada a los ERE, cuyo sistema de reparto el tribunal considera delictivo, y que asciende, según la sentencia, a 679,2 millones.

"Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos lo permita para que devuelvan lo que no les corresponde”. Este es un concepto clave: prejubilado de buena fe. El grueso del dinero presupuestado –esos 679,2 millones– en los ERE fue a parar a trabajadores de empresas en crisis –en una cifra en el entorno de los 6.000– como por ejemplo, Delphi, y alguna otra con menor justificación en términos de impacto social.

Marín precisó que el Gobierno andaluz pagará, al igual que lo hacía el Ejecutivo anterior, del PSOE, hasta 2025, un total de 37 millones de euros en las pólizas de estos trabajadores. Con esto, el Ejecutivo asume, aunque sea de manera indirecta y forzado por las dificultades jurídicas y el drama social que supondría reclamarle a los miles de prejubilados de buena fe que devuelvan el dinero cobrado, que no todo el fondo, como vienen difundiendo, fue gastado de manera disparatada.

Sí se repartió de manera opaca y delictiva, según la Audiencia.

La reclamación, puntualizó el vicepresidente Marín, será a las empresas, no a los llamados intrusos, gente que cobraba la prejubilación sin haber trabajado jamás en la empresa que recibía el ERE –entre estos está la suegra del exdirector general, Javier Guerrrero. Esto, según el Gobierno, complica que las ayudas se puedan recuperar efectivamente, debido a la casuística en la que se hallan las compañías que las cobraron. Unas han cerrado, otras son insolventes, según dijo Marín.

Los datos, el próximo martes

La Audiencia, en su sentencia, no contabilizó el porcentaje de dinero destinado al los trabajadores, sino que se limitó a declarar que el sistema de reparto y financiación del fondo era ilegal y que perjudicó a la Hacienda pública andaluza. Luego, sin dar mayor detalle, indicó que Empleo repartió el fondo en tres direcciones diferentes, por un lado, ayudas sociolaborales, por otro, ayudas a empresas en crisis, y, por último, pagos con diversos fines ajenos a los presupuestados: resolver crisis sociolaborales.

Tampoco dio datos la Junta de Andalucía, porque, según dijeron Marín y Bendodo se están cruzando datos para poder saber a cuánto asciende el fraude. Ambos se remitieron a una rueda de prensa del consejero de Hacienda, Juan Bravo, el próximo martes, en la que, según dijeron, se darán todos los datos.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la partida destinada a resolver las crisis sociolaborales elaborado en el año 2012, cifró en 582 millones sobre 721 los destinados a pagar las prejubilaciones. Otros 127 millones fueron utilizados para el abono de ayudas a empresas y ayuntamientos y el resto, 12 millones –se supone porque el informe no dice expresamente la cantidad–, “corresponde a los denominados expedientes de refinanciación, [referidos] a los compromisos pendientes de pago a las compañías aseguradoras, derivados del otorgamiento de las ayudas sociolaborales e instrumentadas mediante la contratación de pólizas de seguro de vida y rentas temporales”. La justicia también investiga este extremo: el pago de sobrecomisiones desde Empleo a las aseguradoras.

La del martes pasado fue la primera sentencia sobre el caso de los ERE. A la espera, en los juzgados, están “más de 200 piezas”, según Marín y Bendodo. La justicia dividió el caso en partes. Separó el origen del dinero, el “procedimiento específico de reparto”, declarado ahora delictivo por la Audiencia, de su destino final, la ejecución que se llevaba a cabo en Empleo. Este reparto es el que ahora deberá juzgarse. Allí, caso a caso, es donde la Junta podrá recuperar el dinero defraudado. También puede acudir al Tribunal de Cuentas y, además, pedirle a quienes acaben condenados por el Tribunal Supremo una responsabilidad civil.

Por otra parte, Marín y Bendodo afirmaron que la administración debe asumir el coste de los servicios de abogados externos de sus exaltos cargos, pero puntualizaron que cuando se produzca una sentencia firme, van a reclamar que lo devuelvan.

Marín no dio una cifra global del dinero destinado a abogados, pero señaló que el consejero de Presidencia de Chaves, Gaspar Zarrías, reclamó más 200.000 euros para su abogado, pero que se le van a abonar 18.000 euros, lo que estipula el Colegio de Abogados. El vicepresidente agregó que los abogados de otros exaltos cargos condenados, entre ellos Chaves y Griñán, también están reclamando "cantidades millonarias".