Cuando quedan diez días para que arranque el juicio por el 'caso Cursach', el más importante sobre mafia policial y corrupción en Baleares en las últimas décadas, la Fiscalía rebaja sustancialmente las acusaciones y las penas de prisión para los cabecillas. Así, para Bartolomé 'Tolo' Cursach, magnate de la noche y el ocio balear, dibujado como un auténtico 'capo' en el sumario del caso, la petición se queda en 18 meses de prisión frente a los ocho años y medio iniciales. 

Lo mismo ocurre para su mano derecha, Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, para quien el Ministerio Público pide ahora tres años y medio, rebajándole cinco años de prisión de un golpe cuando con anterioridad había sido acusado de controlar a la Policía Local de Palma. 

Este giro de guion a escasos días de que comience la vista oral es el resultado de la labor de los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz, que han suprimido más de veinte folios del relato de conclusiones, la parte sustancial del escrito de acusación de la Fiscalía presentado a finales de 2018 elaborado por el propio Carrau y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ya jubilado e investigado por la instrucción de la causa.

La Fiscalía retira el presunto delito de cohecho para Cursach y Sbert (y para la mayoría de los procesados)y por eso las peticiones han sido tan drásticamente rebajadas. Mantiene para ambos la acusación de pertenencia a organización criminal, pero sin el concurso de cohecho como eje central de la petición fiscal la causa queda absolutamente vaciada de contenido. Hay que recordar que Cursach permaneció en prisión provisional 14 meses, entre febrero de 2017 y abril de 2018. 

En lugar del delito de cohecho, los fiscales les imputan la inducción de la prevaricación administrativa perpetrada por otros acusados, lo que conlleva una pena de inhabilitación especial para cargo público.

Ese eje central de la acusación fiscal, antes de su reciente amputación, describía un claro delito de cohecho, al considerar que desde el año 2000 hasta 2016, los gestores del Grupo Cursach "dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionaros públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo". 

"La entrega de obsequios llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad de los negocios de Cursach", constaba en el anterior escrito fiscal. Al mismo tiempo, los responsables del grupo trasladaban la idea a los funcionarios de que si no aceptaban esas prebendas "sufrirían represalias de toda índole". 

Los regalos de la mafia de Cursach consistían en dinero, cajas de champán, cestas de Navidad, pases VIP para instalaciones deportivas y, a veces, servicios sexuales, consumiciones y drogas que se dispensaban gratuitamente en discotecas.

La odisea del testigo 29

Este diario ha publicado entre 2019 y 2020 una treintena de exclusivas sobre este caso de mafia inspirado directamente de los guiones de El Padrino. Hay que recordar que uno de los testigos protegidos en la causa, el señalado con el número 29, tuvo que huir de España y pedir asilo en Suiza, como desveló Público tras el hostigamiento y agresiones ejercidas por el entorno de los acusados.

El testigo 29 se atrevió a desenmascarar a los que encubrían esa trama de coacciones, sobornos, trata de mujeres, narcotráfico y blanqueo que operó durante décadas en Baleares, a la sombra del PP en el Gobierno balear, y con la complicidad de policías locales y nacionales. 

Las graves y rotundas acusaciones de la fiscalía con las que se construyó un relato fehaciente, según pudo comprobar este diario a través de sus investigaciones, del modus operandi de la trama han desaparecido de un plumazo.  

Policías corruptos

Así, aunque se mantiene la acusación contra 14 mandos y agentes de la Policía Local de Palma, las acusaciones pierden fuelle. Por ejemplo, a Joan Miquel Mut, mando de la Policía Local de Palma de Mallorca, le retira la Fiscalía el presunto delito de cohecho y le acusa únicamente de prevaricación administrativa, que conllevaría 10 años de inhabilitación.

Lo mismo ocurre con Bartolomé Capó Armengual, responsable de la Patrulla Verde de Palma, la unidad que llegó a convertirse en una herramienta a favor de los intereses de Cursach. Capó era presuntamente uno de los mandos que ordenaba a los agentes las inspecciones a determinados locales para perjudicarlos y forzar su quiebra y favorecer así a Cursach. Para este policía, los fiscales piden 15 meses de prisión por pertenencia a organización criminal y 10 años de inhabilitación. 

Los fiscales retiran los cargos contra tres de los colaboradores de 'Tolo' Cursach:  Jaime Lladó, director de la discoteca Tito's; Arturo Segade, responsable de la zona VIP del local, y Antonio Bergas, antiguo agente de policía que acabó contratado por el magnate de la noche balear. 

En total, el Ministerio Público ha exonerado a ocho acusados --uno de ellos, fallecido--, entre ellos a Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo. Los procesados son 16. El juicio comenzará el próximo 13 de junio en la Audiencia Provincial de Baleares y se prevé que dure siete meses.