El Consejo de Ministros ha acordado a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica ordenar a ENAGAS el cierre "definitivo" del almacén submarino de gas Castor, frente a la costa de Vinaroz (Castellón), una vez que se ha analizado que la instalación ya "no puede servir" al sistema gasístico español.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha señalado que el almacén de Castor estaba hasta el momento sellado de manera provisional pero ahora se ha encargado a Enagás que "en seis meses" tramite el expediente para su sellado definitivo.

Así, Calvo ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica considera que una vez resuelta la situación procesal en los tribunales de manera rápida y con una resolución "eficaz", es preciso "evitar el coste" que supone mantener en letargo esta instalación que "ya no sirve al sistema gasístico español, una vez considerado que no puede servir".

En ese sentido, ha destacado que de esta manera se evitará el coste de mantenimiento y quedará cerrado "para más seguridad" y se pone fin a la hibernación de la instalación para pasar a su sellado y abandono definitivo.

El acuerdo habilita al Ministerio para la Transición Ecológica a dar las instrucciones necesarias para cumplir con el acuerdo de sellado y abandono de los pozos y para ordenar las fases sucesivas del desmantelamiento, al no ser "ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y el futuro del gas natural" en España. De ese modo, considera que mantener las instalaciones solo serviría para aplazar el abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento.

Las labores se han encomendado a Enagás Transporte S.A.U. que tendrá seis meses para enviar al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos de almacenamiento.

Según insiste el Gobierno, la decisión se ha tomado porque no existe "ninguna garantía" de que el almacenamiento pudiera seguir operando en el futuro en condiciones de seguridad para las personas, los bienes y el medioambiente.

El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, acordó la hibernación del almacenamiento tras una serie de eventos sísmicos que habían llevado a la suspensión temporal de la operación de almacenamiento el 26 de septiembre de 2013.

El decreto asignó la administración de las instalaciones a Enagás y prescribió que, antes de tomar la decisión de poner fin a la hibernación, debían llevarse a cabo nuevos informes técnicos. Enagás ejecutó la hibernación en condiciones de seguridad y encargó un estudio de geología estructural, sismología y geomecánica a profesionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard.

El estudio puso de manifiesto que, en caso de reanudarse las operaciones de almacenamiento, podrían producirse terremotos de magnitud significativamente mayor que los que motivaron la decisión de hibernar las instalaciones, un riesgo que convierte en inviable aprovechar las instalaciones en una nueva concesión de almacenamiento.

Aquel decreto también puso como condición para dar por terminada la hibernación, que la decisión resultara coherente con la evolución de la demanda de gas natural en España.

En el momento en el que este almacén se incluyó en la planificación,
se estimaba una demanda de gas natural en el 2016 de aproximadamente 650
teravatios/hora (TWh), cuando la demanda real alcanzó únicamente 322 TWh.

En la actualidad, la demanda se sitúa en el entorno a los 350 TWh y no se esperan incrementos significativos en los próximos años. Por tanto, no existen razones que justifiquen la inclusión de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor dentro de las infraestructuras gasistas de nuestro país.

De los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal, desde el mes de abril de 2016, mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades. La vida útil de estos dispositivos, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse. Desde la fecha de su instalación, se realizan controles periódicos para certificar que las instalaciones están hibernadas de forma segura.