La jueza del caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de València cuando Rita Barberá era alcaldesa, ha pedido a les Corts Valencianes que certifique la condición de diputado de Jorge Bellver, vicepresidente de la cámara autonómica por el Partido Popular, han informado fuentes próximas el grupo parlamentario del PP.

Esta decisión de la titular del juzgado de instrucción número 13 de València es el trámite judicial obligatorio para poder formalizar la imputación formal de Bellver, que fue concejal del PP de València durante el mandato de Rita Barberá como alcaldesa, pero que solo puede ser realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El nombre de Bellver aparece en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de València y en la empresa pública Aumsa. En concreto, de la documentación se desprende que el actual diputado del PP habría recibido un reloj Omega Seamaster en las navidades de 2003 y otro del modelo Brentley en 2005. 

La jueza está investigando si Jorge Bellver, a cambio de estos regalos, medió para favorecer a la trama en la adjudicación de diferentes contratos públicos, en concreto, al empresario Jaime Febrer.

Actualmente no hay ningún investigado en prisión provisional, pero sí han estado encarcelados el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y ex portavoz municipal socialista Rafa Rubio, el constructor Jaime Febrer y los empresarios Joaquín P.R. y Mónica M.G.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 tramita una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá (PP), José María Corbín.

En este caso, sobre una trama de sobornos con trasfondo urbanístico, hay investigadas unas 60 personas, además de varias empresas.

En esta causa se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.