En principio, no estaba en el guión. Era el día de la sesión de control al Gobierno, sí. Pero el foco informativo le tocaba a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero en el primer envite parlamentario del día, el líder de la oposición, Pablo Casado, sorprendía con una invitación a Pedro Sánchez. "Hoy le voy a hacer una propuesta: renovemos ya los demás órganos constitucionales". La maquinaria se puso en marcha y en un tiempo récord, apenas 24 horas, se anunció el acuerdo, aunque todavía sin incluir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Culminaba así un nuevo giro en la estrategia del PP, pasando en pocos días de la confrontación total a presentarse como un partido de Estado. 

Ya el miércoles, poco después de las palabras de Casado en el hemiciclo, fuentes parlamentarias del PP señalaban por los pasillos que la estrategia había sido muy buena. Consideraban que marcaban la agenda del día y que "habían dejado descolocado a Sánchez". Del mismo modo, resaltaban que ya había empezado la interlocución entre el secretario general de los populares, Teo García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El jueves por la mañana, en un comunicado conjunto se anunciaba la fumata blanca. Un pacto con el que dijo estar de acuerdo también Unidas Podemos, la otra pata del Gobierno de coalición. Los populares desligan a UP del pacto y hablan en todo momento de PSOE-PP. 

Será previsiblemente la semana del 25 de octubre cuando el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos llegue al Congreso y el Senado. Todavía no se conocen los nombres pactados, aunque desde el PP se afanan en resaltar que eso no supondrá un problema. 

La estrategia del PP la visibilizó también su portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida este viernes en una entrevista con TVE. Según afirmó, Casado había dado "un puñetazo encima de la mesa" y dijo "hasta aquí hemos llegado" para renovar los órganos constitucionales. "Nosotros apuntalamos el fortalecimiento de las instituciones, somos un partido de Estado", añadía.

Pero a este acuerdo se llega en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los populares. Se trata del primer gran acuerdo, exceptuando la renovación de TVE, al que llega el Ejecutivo con el principal partido de la oposición en toda la legislatura. Casado había seguido hasta el momento una estrategia de bloqueo institucional constante. Hace pocos meses, Casado acusaba al presidente del Gobierno públicamente de querer "asaltar" una institución como el Tribunal de Cuentas. 

Desde el PP, fuentes de la dirección nacional apuntan a este diario la celebración de la Convención Nacional como punto de inflexión en este nuevo giro. "Ahí destacó como uno de sus pilares el reforzamiento de las instituciones. Y en esa línea, esta semana ha marcado la agenda, desgajando los órganos acordados del CGPJ para ir avanzando en ese reforzamiento", señalan en Génova. 

El pacto se produce pocos días después de una dura entrevista concedida por Casado a El Mundo en la que llegaba a afirmar que España estaba en quiebra. Algo que el presidente Sánchez le afeó precisamente el miércoles durante la sesión de control. Y apenas un par de semanas después de que el líder del PP hiciera una absoluta enmienda a la totalidad del Gobierno en su discurso de cierre de la Convención en València. En él, básicamente se dedicó a explicar que derogaría todas las leyes del actual Ejecutivo. E incluso despreció a Sánchez, del que dijo que no lo iba ni a mencionar. 

El acuerdo ha escocido en los otros partidos de derecha. Y quizás ahí está también una de las claves del asunto, especialmente en lo que la ultraderecha se refiere. A pesar de buscar votantes de Vox con un discurso más puramente conservador, a la vez el PP se intenta diferenciar de ello para presentare como un partido que da estabilidad al Estado. 

El CGPJ, más cerca

Realmente, el acuerdo sobre los órganos constitucionales ya había estado cerca de producirse. Especialmente en febrero, cuando el veto del PP a nombres para el CGPJ, como el juez Ricardo de Prada o la magistrada Vicky Rosell, hizo saltar todo por los aires. "El trabajo previo estaba hecho", comentan desde el PP, resaltando la interlocución que ya mantenían Bolaños y García Egea. 

Del acuerdo anunciado esta semana se ha quedado fuera el órgano del poder judicial. Aunque está más cerca hoy que hace unos días. "Todo es posible", dijo García Egea el jueves, evitando mencionar cualquier tipo de línea roja en público. Y es que el PP, que también ha girado varias veces su posición sobre este asunto, mantiene la necesidad de reformar el sistema de elección de los jueces como condición para renovar los vocales del CGPJ, cuyo mandato está caducado desde finales de 2018.

El PP sigue apostando por "lograr que el Gobierno ceda" en el sistema, según insisten fuentes de la dirección, pero se abre ahora a otro tipo de "fórmulas para reforzar la independencia judicial". Tampoco está claro que se mantenga el veto específico a Unidas Podemos, una de las razones que esgrimió el pasado año Casado para no terminar de cerrar un acuerdo. 

El enquistamiento en la renovación de las instituciones, que aparentemente acabará pronto, tiene su origen en noviembre de 2018. Casado y Sánchez pusieron encima de la mesa un nombre propio, el juez conservador Manuel Marchena, que sería el designado para presidir el CGPJ. Todo estallaría por los aires pocos días después al conocerse un chat en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó afirmaba que el partido controlaría "la Sala Segunda desde detrás". Marchena renunció y el PP rompió el acuerdo señalando la exigencia de dimisión de Dolores Delgado, por aquel entonces ministra de Justicia. A su vez, criticaba que el Gobierno hubiera filtrado las negociaciones y puesto en la picota al juez.