Pasteleo y puertas giratorias en el órgano encargado de nombrar a la cúpula judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, maniobra para colocar como magistrado del Tribunal Supremo a Fernando Román, secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro.

Fernando Román, con quien le une una larga amistad, fue quien aupó al propio Carlos Lesmes para que fuera nombrado en noviembre de 2013 presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

Ahora Carlos Lesmes realiza contactos entre los 20 vocales del CGPJ, tanto de su tendencia como de otras sensibilidades, con el fin de recabar sus votos para que elijan a Fernando Román como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, según ha confirmado Público. La plaza vacante a cubrir es por la jubilación de Pedro Yagüe por el turno de especialistas, puesto para el que se exigen 15 años de experiencia.

Sus presiones buscan tumbar a otros posibles candidatos con más mérito que el ex número 2 de Gallardón, quien sólo lleva tres años en la especialidad. Fernando Román es el número 33 de estos especialistas y ha ejercido como magistrado poco más de 10 años porque el resto del tiempo de su vida profesional ha estado en excedencia (servicios especiales).

Muy por delante de él se encuentra María Asunción Salvo Tambo, que es la número 2 de la especialidad en toda España y lleva 30 años de ejercicio ininterrumpido de especialista a sus espaldas. Salvo Tambo se ha presentado en otras ocasiones al cargo de magistrada del Supremo, sin conseguirlo.

También con más méritos y experiencia se encuentran José Borrego (número 3 y 29 años en la especialidad), José Félix Méndez Canseco (número 4 y 29 años), José María Gómez y Díaz Castroverde (número 5 y 29 años de ejercicio) o Jesús Calderón (número 6 y 29 años de especialista de manera ininterrumpida), quien también en otras ocasiones se ha presentado a estas plazas sin lograr los votos del CGPJ.

Varios de ellos han mostrado su interés en presentarse para el cargo. “Pero, ¿quién se presenta si las plazas están dadas?”, se pregunta una autoridad judicial.

Lesmes ha contactado con al menos ocho vocales, quienes por convicción, interés o necesidad acabarán plegándose a sus deseos en su mayoría. Entre otras razones porque hará coincidir esta votación con otros nombramientos, de tal manera que podrá compensar los apoyos que reciba su amigo con otros puestos. Sólo necesita la mayoría simple de los votos del Pleno.

Intercambio de cromos

El presidente del CGPJ guarda una gran baza: una plaza convocada para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Parte como favorito en sus conversaciones Javier Hernández, un magistrado bien considerado en la carrera judicial, con apoyos entre los vocales del CGPJ y que es miembro de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia.

Javier Hernández, que preside la Audiencia Provincial de Tarragona, es amigo de Mar Cabrejas, una vocal que ha permanecido cuatro años como apoyo incondicional de Lesmes y de su sector conservador en la poderosa Comisión Permanente del CGPJ.

Mujeres con mejor curriculum

Lesmes busca tumbar a otra posible candidata para el Supremo con méritos superiores y mejor curriculum: la magistrada Susana Polo García, que supera en casi 1.000 puestos en el escalafón a Javier Hernández. (Polo es la número 437 de la carrera judicial y Hernández es el número 1.326).

Susana Polo está destinada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es también miembro de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, al igual que Hernández y Cabrejas. A pesar de sus méritos superiores y de presentarse a un Tribunal Supremo donde las magistradas son minoría, no tiene el apoyo de Lesmes ni de Cabrejas, quien por otra parte no suele votar a favor de su asociación.

Y si Fernando Román fue secretario de Estado con el PP, otro candidato para este intercambio de cromos es también Ricardo Bodas, director general de Justicia con el PSOE, quien podría ser nombrado magistrado de la Sala de lo Social del Supremo.

Carlos Lesmes compensaría así al sector socialista con Ricardo Bodas, actual presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Y también supondría un premio al presidente de un tribunal que ha bandeado durante año y medio la primera demanda de conflicto colectivo presentada por todas las asociaciones de jueces contra el CGPJ para regular sus cargas de trabajo.

También aquí hay más mujeres con más mérito y curriculum que el apadrinado por Lesmes. Porque otros posibles candidatos que están muy por delante de Ricardo Bodas son José Manuel González Viñas (el número 1 de la especialidad), Ana Orellana (la número 2), Emilia Ruiz Jarabo (número 7) o Concepción Ureste (número 9).

El palo y la zanahoria

Cuando fue nombrado, Carlos Lesmes alardeó en una entrevista de que a los jueces se les gobernaba con la estrategia del palo y de la zanahoria, lo que provocó una lluvia de críticas entre los jueces y magistrados.

En un estilo de palo y zanahoria, Carlos Lesmes se guarda una baza final si las negociaciones no prosperan, según fuentes jurídicas: su intención es que todos estos nombramientos sean votados en el Pleno del CGPJ del mes de febrero, sostienen fuentes jurídicas.

La fecha no es gratuita. Justo en febrero llega la renovación de los siete vocales que integran la Comisión Permanente del CGPJ, que son los únicos de los 20 vocales que cobran altos emolumentos por su dedicación. Porque los miembros de la Permanente son nombrados a propuesta del presidente del CGPJ.

Otra opción es que opte por el palo, y que el sector conservador que dirige vote a sus propios candidatos para estas plazas, sin tener en cuenta al sector progresista en el caso de que estos vocales no accedan a nombrar a Fernando Román para el Tribunal Supremo.

La Constitución reservó para el CGPJ la competencia para nombrar a la cúpula judicial, con el fin de garantizar la independencia de los jueces, además de su formación y disciplina. Pero la última reforma del PP provocó que todos los vocales de este órgano fueran nombrados por los partidos políticos en las Cortes de manera directa y sin elección por parte de la carrera judicial.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue impulsada en 2013 por el propio Lesmes, mientras ejercía como presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y por encargo de Fernando Román al llegar al poder.

El CGPJ se convirtió así en un órgano constitucional presidencialista, cuando hasta entonces era colegiado y deliberativo. Después, Lesmes fue nombrado su presidente, no en vano fue director general de relaciones con la administración de Justicia durante la anterior etapa de gobierno del PP (2000-2004).

Con el nombramiento de Fernando Román para el Supremo, Lesmes habrá cerrado el ciclo de designación de personas de su máxima confianza en puestos clave y sensibles. Así, su amigo Ángel Juanes es el vicepresidente del Supremo; su mano derecha Diego Córdoba Castroverde es su cerebro en la sombra de la Sala III del alto tribunal; Esperanza Córdoba Castroverde –hermana del anterior- es la jefa de Inspección del CGPJ, y en julio pasado aupó a Ricardo Conde como el nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria, encargado de disciplinar y sancionar a los jueces españoles. Este último fue director general de Justicia cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro y Fernando Román era el secretario de Estado.