La Comunidad de Madrid paralizó el jueves, apenas tres días antes de su convocatoria, las elecciones a rector de la Universidad Complutense de Madrid. Lo hace, dice, porque el actual rector, José Carillo, sólo ha modificado los artículos 73 y 76 del Estatuto de la Universidad y no la totalidad de los mismos para adaptarlos a lo exigido en la normativa vigente (LOU, 2007). Pues bien, Carrillo califica la decisión de la Comunidad de Madrid de "ilegal", considera que podría constituir un delito de "prevaricación" y asegura que esta decisión trata de "politizar las elecciones de la UCM" para "poner trabas" a su reelección como rector.

Por ello, el rector ha anunciado este lunes un recurso ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para que se suspenda de forma cautelar la orden del Gobierno regional que impide la convocatoria de elecciones.

Los motivos por los que la Comunidad de Madrid quiere "torpedear" sus reelecciones pueden ser, a juicio de Carrillo, varios y diversos y él, asegura, no quiere entrar "en adivinanzas" aunque sí ha sugerido tres posibles motivos por los que hay gente en la Comunidad a la que "no le interesa que gane las elecciones". 

Presiones por el caso Monedero

Por un lado, no haber cedido a las presiones políticas de la Comunidad de Madrid para acelerar los trámites del expediente abierto contra el profesor Juan Carlos Monedero; por otra, haber ganado un juicio a la Comunidad de Madrid por el que el Gobierno de Ignacio González tiene que pagar 51.000 euros a la Complutense; y, por último, que la Comunidad de Madrid no desee que Carrillo vuelva a ganar las elecciones apenas unas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.

"Ignacio González no es quien para exigirme a mi prisas para resolver una investigación de esta Universidad", dice Carrillo

De todos estos posibles motivos, enumerados por el actual rector, el que más tiempo ha ocupado en su discurso ante la prensa ha sido las presiones políticas sufridas por el caso Monedero por parte de Ignacio González, presidente autonómico, y altos cargos de su Gobierno.

Ahí Carrillo ha recordado que González ya le presionó "públicamente" el 6 de febrero para acelerar los trámites del expediente a Monedero y ha reconocido haber sufrido otras presiones de altos cargos de la Comunidad de Madrid a través de llamadas telefónicas en las que se mezclaba el tema de las elecciones y el caso Monedero. 

"Ignacio González no es quien para exigirme a mi prisas para resolver una investigación de esta Universidad", ha señalado González, que ha recordado que la UCM es una "institución garantista" y ha reiterado de que el plazo medio de resolución de expedientes en la Universidad suele ser cercano a "un año". 

"Ha habido otros casos con más indicios de culpabilidad, incluso el caso de una persona que ya estaba condenada por un Tribunal de Justicia, en el que el expediente se resolvió tras un año y medio", ha insistido Carrillo, que tampoco ha querido desvelar si Juan Carlos Monedero compareció ante la comisión de investigación el pasado 18 de febrero, tal y como aseguraba un periodista presente en la rueda de prensa. "Se trata de un procedimiento reservado", ha asegurado en varias ocasiones.

El futuro de la Universidad, en el aire

Tras el recurso presentado por el rector de la Universidad, y según la versión dada por el mismo, el Tribunal Superior de Justicia tendrá que resolver en un plazo aproximado de 10 días si suspende cautelarmente la orden de la Comunidad de Madrid y permite la convocatoria y celebración de las elecciones. En caso de que la Justicia rechace la petición de Carrillo, la Universidad se encontraría en una "situación sin salida", según Carillo. 

"Un rector en funciones durante meses no puede atender a las necesidades del personal de la Universidad", señala Carrillo

"Un rector en funciones durante meses no puede atender a las necesidades del personal de la Universidad, ni de los más de 80.000 alumnos que tiene, lo que va en detrimento del derecho al estudio", ha señalado Carrillo, que ha lamentado que los cuatro aspirantes a su sillón de rector se hayan posicionado junto a la Comunidad de Madrid "en contra de la autonomía universitaria y en contra de los intereses de la Universidad".

Los Estatutos de la polémica

La polémica entre la Comunidad y el rector José Carrillo se debe a la necesidad de reformar los Estatutos de la UCM desde la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades de 2007. Carrillo llegó al rectorado de la UCM en 2011 y constituyó la Comisión de Estatutos encargada de corregir los artículos que fueran contrarios a la nueva ley, entre ellos los dos que se refieren a la elección del rector. Sin embargo, la propuesta estatutaria de Carrillo no consiguió la mayoría absoluta necesaria para su aprobación en el Claustro. 

Así, el Consejo de Gobierno de la UCM aprobó una modificación parcial de los estatutos de manera que sólo se modificaba los artículos que se refieren a la elección del rector con el objetivo de celebrar las procedentes elecciones en sintonía con lo que marca la Ley de 2007.

La Comunidad de Madrid, durante los meses de diciembre y enero,  en contacto permanente con el rector no muestra recelo alguno por esta reforma y transmite a la Universidad que no realizará "ningún reparo de legalidad" a la reforma estatutaria de Carrillo. 

Sin embargo, en febrero todo cambia. A mediados de ese mes, apenas una semana después de las presiones públicas de González a Carrillo por el caso Monedero, Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, telefonea a Carrillo para anunciarle que no aprobará su reforma estatutaria y que deben hacer una modificación total de los Estatutos.