El homenaje franquista durante el entierro del exministro de Franco, José Utrera Molina, el pasado 22 de abril en Nerja (Málaga) va camino de convertirse en un nuevo motivo de confrontación entre el Gobierno central y el andaluz. La Junta considera que se ha vulnerado la recién aprobada Ley andaluza de Memoria Histórica y califica el suceso de “enaltecimiento del franquismo”, un supuesto penado con hasta 2.000 euros en dicha ley. Pero antes de intervenir de oficio o elevar el caso a la Fiscalía -como ha hecho el propio PSOE- la Junta ha preferido derivar el asunto a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, instándole a abrir una investigación y actuar contra la docena de personas que participó en el homenaje franquista (entonando el himno falangista del Cara al Sol y con el saludo fascista del brazo en alto).

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, también ha querido presionar este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy para que investigue el homenaje franquista a Utrera Molina, advirtiendo de que “es una responsabilidad de la democracia” hacerlo. “Es evidente que ese tipo de espectáculos no tenemos que aguantarlos los ciudadanos. La democracia hay que cuidarla y protegerla”, ha asegurado. El asunto también ha pillado en Sevilla al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha querido restar peso a la polémica describiendo el sepelio del exministro de Franco como “un acto privado”, que se celebró en el entorno de “familiares y amigos”. Respecto al homenaje franquista, el ministro de Interior sostiene que “ni se anunció ni se comunicó” a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, ni ésta dio “autorización para que se celebrase”, a pesar de lo cual, ha pedido que se elabore un informe al respecto.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, recibió el miércoles la carta de la Dirección General de Memoria Histórica de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, instándole a actuar ante “la posible vulneración del artículo 32” de la citada Ley andaluza de Memoria Histórica. En respuesta a la carta, Briones ha ordenado iniciar una investigación, enviando sendos requerimientos a la Comandancia de la Guardia Civil y al Ayuntamiento de Nerja “para que informe sobre los hechos relatados en el escrito de la Junta”, han explicado a Público fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Las mismas fuentes advierten, sin embargo, que “la administración más cercana” a los sucesos en torno al entierro de Utrera Molina, “como es el Ayuntamiento de Nerja y su Policía Local no comunicaron en ningún momento circunstancia extraordinaria, ni se solicitó intervención alguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con ocasión de la celebración del citado funeral que recoge el escrito de la Junta de Andalucía, en el que no se registraron altercados ni alteración del orden público”.

La primera reacción del Gobierno de Rajoy no ha sido dar carpetazo al asunto, sino recabar toda la información necesaria “sobre el referido hecho y sus posibles consecuencias, en orden a determinar si compete a la Administraron del Estado realizar algún tipo de actuación a posteriori de los hechos señalados”. Con todo, Briones recuerda que a día de hoy “no consta otra denuncia más que el escrito de la Consejería de Cultura”, aunque Juventudes Socialistas ha elevado el asunto a la Fiscalía.

Los cánticos y saludos fascistas en el entierro del último ministro vivo de Franco -yerno del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que fue uno de los porteadores del féretro- tuvo lugar el sábado 22 de abril. La alcaldesa de Nerja, la socialista Rosa Arrabal, no tuvo conocimiento de lo ocurrido tras la ceremonia hasta el día siguiente, cuando el vídeo del homenaje franquista se difundió en las redes sociales, confirman fuentes del Consistorio.

La Junta de Andalucía vaciló primero, porque albergaba dudas de si los cánticos y saludos fascistas que recibió el ataúd de Utrera Molina a la salida de la iglesia fueran contrarios a la recién aprobada Ley andaluza de Memoria Histórica, ya que se trataba de un sepelio privado. Además, se excusaron en que la legislación era muy reciente y aún no existe un desarrollo reglamentario que diga en qué casos se puede o no sancionar la “exaltación del franquismo”. Juventudes Socialistas tuvo menos dudas, y de inmediato elevó el caso a la Fiscalía, argumentando que se había violentado la Ley estatal de Memoria y el Código Penal.

Desde la oposición en el Parlamento, Podemos e IU también reaccionaron más allá de la condena, coincidiendo en que se había infringido una norma con apenas tres semanas en vigor. El Gobierno andaluz cambió de registro y, tras hacer una consulta al gabinete jurídico, concluyó que en efecto el homenaje franquista a Utrera Molina era un acto de “enaltecimiento del franquismo”, tipificado en el artículo 32.12 de la ley, y por tanto había vulnerado la Ley andaluza de Memoria y supuesto una humillación a las víctimas.

Con todo, la Consejería de Cultura, que ostenta las competencias en esta materia, eligió no intervenir directamente de oficio, y el martes remitió una carta a la Subdelegación del Gobierno en Málaga instándole a abrir una investigación sobre lo ocurrido en Nerja y actuar contra la docena de personas que participaron en el homenaje franquista (entonando el himno falangista del Cara al Sol y con el saludo fascista del brazo en alto). La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha decidido finalmente elevar el tono de la condena y, en una entrevista a Público, sentenció que “el homenaje franquista a Utrera Molina vulnera la Ley andaluza de Memoria y supone una humillación a las víctimas”. “Es una vergüenza”, zanjó.